Elisa Carrió se involucra en el juicio por YPF

Un grupo de diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Elisa Carrió, reclamó al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, que adopte "las decisiones adecuadas" para "contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados respecto de la expropiación de esa compañía durante la gestión del kirchnerismo.

En una nota firmada por Carrió y los diputados Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Stilman y Mariana Zuvic, los legisladores le manifestaron a Nielsen su "preocupación" por el papel que cumplirá el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, en una causa contra el Estado.

Los legisladores nacionales de la CC-ARI expresaron en la misiva su "inquietud" por la causa judicial en la que "el fondo Burford -que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi- le reclama al Estado argentino una multimillonaria indemnización por la estatización de YPF".

"No podemos dejar de manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que quien esté a cargo de la defensa del Estado sea Carlos Zannini -en su carácter de procurador del Tesoro de la Nación-, que, como es de público conocimiento, fue director del Banco de Santa Cruz, propiedad de la familia Eskenazi, quienes, precisamente, vendieron sus derechos al fondo Burford, que actualmente demanda a nuestro país", señala el texto.

Los diputados agregan que el mencionado fondo "se habría comprometido a retribuir a la familia Eskenazi con el 30 por ciento de lo ganado en el juicio, razón por la cual hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo Burford estarían los Eskenazi".

"Consecuentemente, el conflicto de intereses resulta manifiesto: el funcionario a cargo de la defensa del Estado argentino mantiene una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, estarían detrás de ellos", asegura.

En la nota enviada, los diputados recuerdan que en 2006 realizaron una denuncia penal contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales "para que se investigara si la compañía petrolera había cometido los delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal, fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía".