Casación anuló la prisión preventiva de la diputada oficialista Aída Ayala

Fuente: Archivo
Iván Ruiz
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27 de diciembre de 2018  • 16:48

La Cámara de Casación anuló el pedido de prisión preventiva que pesaba sobre la diputada oficialista Aída Ayala, que está procesada en Chaco por lavado de dinero. El tribunal consideró que es innecesario que la legisladora de Cambiemos sea detenida durante el transcurso de la investigación.

Los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky revirtieron así la decisión que había tomado la Cámara Federal de Resistencia, al entender que no está debidamente acreditada la sospecha sobre el posible entorpecimiento que la diputada puede ejercer sobre la investigación o un posible riesgo de fuga.

"Deberán determinarse las circunstancias objetivas y ciertas referidas a la concreta situación del imputado con relación al proceso que, en el caso, permitan formular un juicio sobre la existencia probable del peligro que sustenta la necesidad de una medida de coerción como la cuestionada", escribió Hornos, un argumento que también compartieron el resto de los camaristas.

La Sala IV de Casación entendió que el hecho de que Ayala se haya desempeñado como intendenta de Resistencia no implica en sí mismo un riesgo para el desarrollo de la causa judicial, entre otros argumentos. La defensa de Ayala, a cargo de Ricardo Gil Lavedra, planteó además que la imputada siempre se mantuvo a derecho durante todo el proceso.

"Los magistrados [la Cámara de Resistencia] omitieron evaluar la cuestión y dictaron la prisión preventiva de los imputados sin analizar de forma específica y concreta la situación de cada uno de los imputados, según los riesgos procesales que podrían verificarse en autos, razón por la cual corresponde descalificarla como acto jurisdiccional válido", sostuvo Hornos.

Por último, la Casación pidió remitir la causa nuevamente al tribunal de Resistencia para que dicte "una nueva decisión de acuerdo con las pautas reseñadas".

La prisión preventiva sobre Ayala había generado controversia en el Congreso, en especial dentro de Cambiemos, donde había posiciones encontradas sobre el posible desafuero de la diputada.

La UCR, el partido al que pertenece la legisladora, no estaba dispuesto a quitarle los fueros, mientras que Pro y la Coalición Cívica pedían avanzar con su desafuero, como ya habían hecho con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El kirchnerismo fue otro de los que rechazó el pedido de desafuero, la misma línea que mantuvo durante el desafuero de De Vido y, sobre todo, con la mirada puesta en lo que pueda ocurrir el año próximo con Cristina Kirchner en el Senado.

En la vereda opuesta, el Frente Renovador fue uno de los principales impulsores para que Ayala se quedara sin los fueros y, de esa manera, se hiciera efectiva la prisión preventiva.

En la Cámara de Diputados prima la doctrina de que, ante un reclamo de prisión preventiva contra un legislador en primera y en segunda instancia judicial, el cuerpo debe proceder inmediatamente a su desafuero para no entorpecer la investigación judicial.

Esta doctrina se aplicó contra el exministro kirchnerista De Vido (y luego diputado), que fue desaforado con una orden de un juez de primera instancia y después acumuló otros pedidos cuando estalló el escándalo de los cuadernos de las coimas.

Ayala había sido procesada con prisión preventiva en mayo por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger por supuestos negociados con la recolección de residuos durante su gestión al frente de la municipalidad de Resistencia. Pero además la Cámara de esa ciudad confirmó su procesamiento.

Después de varias discusiones tanto internas como con otros bloques, el oficialismo había logrado postergar en noviembre el debate sobre el desafuero de Ayala en el Congreso. Pero la definición de la Cámara de Casación generaba expectativa porque era clave para definir su futuro.

Por: Iván Ruiz

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