Casanello intimó a la AFIP por Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello intimó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a que entregue "en el plazo de 72 horas" toda la información que posea sobre Lázaro Báez y todo el conglomerado de colaboradores y empresas que lo rodean para avanzar con el análisis contable de toda su operatoria.

Casanello había impartido esa orden a mediados de septiembre, pero recién se concretó esta semana, previa a la segunda vuelta electoral, cuando el oficio llegó a la sede de la AFIP para que aporte el material "imprescindible" que necesitan los peritos para analizar la solidez de las cuentas del empresario ultrakirchnerista.

La AFIP recibió, así, la orden de informar el "legajo completo con toda la información (compras, ventas, consumos relevantes, acreditaciones bancarias) obrante en la base de datos de la AFIP sobre cada una de las personas jurídicas (suman 22) y físicas (14)", según indicó el magistrado, que está a cargo de investigar la llamada "ruta del dinero K".

Los documentos

En especial, abundó Casanello, la AFIP deberá remitir "las copias de cada una de las distintas declaraciones juradas impositivas y las impresiones de pantallas que muestran la composición de cada uno de los rubros que integran tales declaraciones", durante el "período 2008 -2013".

Esos son los años en que se sospecha que Báez habría canalizado fondos negros de la familia presidencial Kirchner.

Investigado primero por el fiscal José María Campagnoli -al que el oficialismo suspendió e intentó destituir, sin éxito-, y luego por los tribunales federales de Comodoro Py, Báez mantiene múltiples "vínculos comerciales" con la presidenta Cristina Kirchner, según debió admitir el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, tras una investigación de LA NACION.

Esos vínculos incluyen, entre otros, un condominio en El Calafate, operaciones con tres complejos de departamentos en Río Gallegos, compras y alquileres de inmuebles, créditos y préstamos cruzados, la administración del hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas, como así también una operatoria inmobiliaria hotelera con el establecimiento La Aldea, en El Chaltén.

En ese contexto, Casanello busca determinar la consistencia patrimonial y tributaria de Báez, quien pasó de ser un empleado del banco público provincial de Santa Cruz, cuando conoció a los Kirchner, a uno de los mayores empresarios de la Patagonia, gracias a los contratos de obra pública que recibió durante la última década, por al menos $ 8800 millones, según cifras oficiales que reveló LA NACION.

Para eso, la AFIP deberá entregar la información "en el plazo de 72 horas" y presentarla "de manera articulada" a través de dos de sus funcionarios -Daniel Mogames y Luis Cortés- para que el Cuerpo de Peritos de Contadores de la Corte Suprema comience a analizarlo.

El propio Báez deberá entregar, además, material de 22 empresas y sociedades.

Antes del recambio

Entre otros documentos, el empresario deberá presentar los "libros de Inventario y Balances, y Libros Societarios (Registro de accionistas, Asistencia a asambleas y depósito de acciones, Actas de Asambleas, Actas de directorio)", de cada una de sus firmas.

Centro de las críticas por su supuesta lentitud para impulsar la pesquisa sobre la "ruta del dinero K", el juez Casanello le impuso premura ahora a la AFIP, ante la sospecha de que, a menos de tres semanas del cambio de gobierno, pueda adulterarse o incluso destruir información sensible para la investigación judicial sobre el empresarios cercano a los Kirchner.