Casi el 90% de las causas de corrupción no llegan ni siquiera a un procesamiento

La información se desprende de la primera auditoría integral sobre la Justicia Federal que presentó ayer el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas. Un estudio inédito de análisis sobre el paso que recorren los casos de corrupción que abarcó casi 10.000 expedientes en el período 1996-2016. Una lupa sobre las decisiones que tomaron los magistrados.

La primera lectura pública sobre los datos despertó sorpresa por algunos detalles que ilustran el trabajo de los jueces. En promedio, el 12% de las más de 1000 causas vigentes en Comodoro Py llegó al procesamiento. Solo esa mínima porción de expedientes estaría en condiciones de elevarse a juicio oral, para luego llegar a una eventual condena.

¿En qué situación están los políticos imputados? Un 25% fue sobreseído y a otro 9% se le dictó la falta de mérito. Es decir, el 54% de los casos en trámite está pendiente de resolución. Casi la mitad de los políticos, entonces, no son culpables ni inocentes. Están bajo investigación de los jueces y, muchas veces, también bajo sospecha ante la opinión pública.

A pesar de que generó polémica en los últimos meses, la prisión preventiva era, hasta diciembre de 2016, un recurso excepcional para los jueces: se había aplicado en el 1% de las causas en trámite.

Los magistrados

Los jueces que más fallos impulsaron contra imputados por corrupción fueron, en primer lugar, Sebastián Casanello (23,5% de sus causas llegan a procesamientos) y, detrás de él, Ariel Lijo (17%). En cambio, los juzgados conducidos por los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres registran el 8% de procesamientos sobre las causas que estaban en trámite a fines de 2016, según los datos oficiales que fueron provistos por los propios juzgados.

En términos generales, los largos tiempos de la Justicia, otra de las críticas más recurrentes, parecen no tener correlato con la realidad. Las causas por corrupción concluidas tuvieron una instrucción, en promedio, de apenas dos años y nueve meses. Ninguno de los 12 juzgados de Comodoro Py superó, en promedio, los 4 años en el trámite de instrucción. "Ojo, porque en este caso el bosque puede tapar a los árboles", advirtió un estudioso de esos números.

Hay excepciones. Casi 50 expedientes, algunos de extrema complejidad, otros de máxima sensibilidad política, que llevan más de 10 años en trámite. Siguen todavía en los juzgados de instrucción. El nuevo Código Procesal Penal tiene previsto un plazo para la instrucción de delitos complejos como los vinculados a corrupción de unos seis años. Pero en Comodoro Py hay una decena de casos que superan los 15 años en los tribunales.

Casi todos los juzgados porteños mantienen en trámite alguna causa con más diez años de "antigüedad". El exjuez Norberto Oyarbide, ícono de la Justicia alineada con la política, dejó sin resolver (renunció a principios de 2016) 12 causas que llevaban una década de instrucción.

La prescripción, una de las faltas más graves para los magistrados, también aparece en los datos como una excepción. En promedio, solo en el 5% de los casos alguno de los imputados es beneficiado con ese mecanismo.

El juzgado N° 5, que estuvo a cargo de Oyarbide, aparece otra vez entre los más cuestionados: tuvo 10 prescripciones, es decir, el 15% de sus causas estuvieron atravesadas por este beneficio. Otro señalado por la auditoría es el juez Canicoba Corral, ya que en el 10% de sus causas en trámite -sostienen los auditores- hubo prescripciones.

Los datos de la auditoría sobre la Justicia Federal presentados son el primer paso -que llevó dos años de trabajo- de un sistema diseñado para llevar el control de los expedientes desde 2016 en adelante, año por año.

En los próximos días -anunciaron ayer- estará listo el portal de datos abiertos que permitirá explorar la información de cada juzgado en cada causa en particular. "Es un proceso permanente y continuo que se nutre de nuevos datos en forma constante y permite una evaluación de gestión", sostuvo Piedecasas.

Los protagonistas

Los jueces de primera instancia son, a su manera, protagonistas de los casos de corrupción más mediáticos: concentran el 70% de las causas en trámite del país. En los 12 juzgados más mediáticos del país se manejan más de 700 causas de corrupción, expedientes que se volvieron una herramienta de poder y una fuente inagotable de información sobre políticos, empresarios, lobbistas, sindicalistas y otros personajes de la vida pública. Claudio Bonadio era el magistrado -a fines de 2016- con más causas en trámite, con 83 expedientes en su poder. Lo seguían Julián Ercolini, con 76 causas activas, y Sebastián Ramos, con 70.