Chile y México se presentan como amicus curiae en el juicio por YPF en EE.UU.

La "apertura al mundo" que pregona el Gobierno también trajo beneficios en el plano judicial. Chile y México se solidarizaron con la Argentina en el millonario juicio por la estatización de YPF y pidieron ser tenidos como amicus curiae (amigos del tribunal) en la Corte de los Estados Unidos.

El caso por la expropiación de YPF es el litigio internacional más importante que enfrenta la Argentina y que podría poner en juego más de 5000 millones de dólares, según cálculos oficiales. Desde hace meses que Cambiemos viene buscando aval de países de la región para lograr que la controversia se traslade a tribunales argentinos.

El Gobierno espera que la Corte norteamericana resuelva el recurso de certiorari que presentó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) para que el máximo tribunal estadounidense analice si se trata de un caso comercial (que puede ser tratado en los Estados Unidos), o si se trata de un caso de "inmunidad soberana" y que debe trasladarse a la Argentina, como espera la gestión de Mauricio Macri.

En ese sentido, el Gobierno salió a buscar la solidaridad de países de la región, con el argumento de que el de YPF podría marcar jurisprudencia con consecuencias en el plano del comercio internacional y en la relación de los Estados Unidos con otros estados. La PTN mantuvo conversaciones con varios países y finalmente logró el aval de México y Chile para ejercer presión internacional sobre la justicia de los Estados Unidos.

Según pudo conocer LA NACION, el asesor jurídico del Gobierno y directivo de YPF, Fabián "Pepín" Rodríguez Simon, también participó de las gestiones con las burocracias gubernamentales de los países de la región para lograr los escritos favorables a la Argentina. Incluso el canciller Jorge Faurie se involucró en el dialogo internacional.

"El tribunal debe otorgar el recurso de certiorari para resolver el conflicto que ha surgido en la interpretación como una excepción de actividad comercial por la inmunidad soberana", señaló el escrito de 24 páginas que presentó el gobierno de Chile y al que accedió LA NACION. Una presentación similar hizo México.

Funcionarios de la PTN, además, tras sucesivos viajes a los Estados Unidos, consiguieron el favor de un grupo de scholars (académicos) que avalaron la postura argentina. La presentación fue encabezada por Tim Samples, un profesor de derecho internacional y empresarial de la Terry College of Business de la Universidad de Georgia y otros siete académicos de distintas casas de estudio norteamericanas.

El expediente YPF se convirtió en la causa judicial que más desvela a la gestión de Macri, por el impacto que podría tener en las arcas públicas. La demanda es por U$3000 millones, pero en los cálculos del Gobierno el juicio podría terminar implicando unos U$5000 millones, casi el equivalente al último desembolso del FMI.

"Los amici curiae son un apoyo técnico y político que evidencian la importancia del caso. Esperamos que la Corte tome eso en especial consideración antes de resolver. Se trata de Estados soberanos en apoyo de otro Estado", señalaron desde el Gobierno. Se espera que para mediados de enero la Corte de los Estados Unidos decida si concede o no el recurso de certiorari.

El caso

La Argentina enfrenta un reclamo de Burford Capital, el fondo especulativo que se quedó con el derecho a litigar del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) por la estatización de YPF del año 2012.

En 2012, la estatización impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones Clase D de la compañía, pertenecientes a Repsol, pagándole la correspondiente compensación.

En 2015, Burford inició una demanda en la Corte de Nueva York alegando un incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación. Sostuvieron que Argentina e YPF debieron haber realizado una oferta por el restante 49 % de las acciones conforme a los estatutos.

En su estrategia judicial, el Gobierno e YPF presentaron una moción para que se desestimara la demanda fundada, entre otros argumentos, en la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. El argumento jurídico del Gobierno que la expropiación fue un acto soberano de un Estado, que tiene preeminencia sobre cualquier contrato y que debe resolverse en suelo argentino.

Pero en primera y segunda instancia la Justicia estadounidense falló a favor de Petersen. El Gobierno, sin embargo, consiguió un respiro cuando la Justicia otorgó un stay, para dejar el caso en suspenso hasta que la cuestión sea resuelta por la Corte Suprema de los Estados Unidos.