Chandler reclama 1,5 millones de deuda por salarios impagos

El inglés asegura que sus socios locales no le pagan desde enero de este año; polémica por los empleados fantasma
Iván Ruiz
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19 de julio de 2012  • 20:10

LONDRES.- Primero intentó desligarse y ahora dobló la apuesta. Stephen Chandler, hasta la semana pasada jefe de la supervisión de la SUBE, iniciará una demanda por supuestos pagos adeudados a Global Infrastructure (GI) por una cifra superior al millón de pesos.

"Me deben $ 544.000. Son unas 10 facturas impagas. Desde enero de este año que no cobro un peso por mi trabajo. Tampoco mis dos empleados", dijo Chandler a LA NACION.

El reclamo, que será contra sus socios locales, también incluye lo correspondiente al adelanto financiero que la Secretaría de Transporte le depositó a comienzos de 2011 al consorcio que controlaba la SUBE por $ 65 millones.

"Me deben $ 544.000. Desde enero de este año que no cobro un peso por mi trabajo. Tampoco mis dos empleados", dijo Chandler a LA NACION

Según pudo saber este medio, las facturas fechadas el 14 de marzo de 2011 alcanzan los 6.580.000 pesos. Por contrato, a GI reclama 15%, es decir, 987.000 pesos. El total de lo exigido por la firma inglesa supera el millón y medio de pesos.

"Cuando le pregunté a IRV me dijeron que la plata ya no estaba, que ya la habían gastado. ¿Cómo se esfuma la plata de un día para otro?", cuestionó Chandler. Y aclaró que, al no ser apoderado de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), no puede acceder a los libros contables.

Tanto IRV como Iatasa tienen el 37,5% de las ganancias del consorcio. GI cuenta con el 15% y el resto queda para González Fischer y Asociados. Además, las empresas mayoritarias son las representantes legales de la UTE .

Demanda ante la Bolsa de Comercio

La demanda será presentada ante la Bolsa de Comercio –tal como prevé el reglamento del consorcio- en las próximas 24 horas, según señaló su abogado. También pedirá el contrato firmado con la Secretaría de Transporte y los libros contables. En caso de una negativa, su letrado aseguró que recurrirán a la Justicia.

Chandler dijo ayer en una entrevista con LA NACION que nunca firmó el contrato para supervisar la SUBE e involucró al Banco Mundial (BM) y los funcionarios de Transporte por haber permitido contratar "empleados fantasmas" pese a sus advertencias.

Aunque por contrato su salario es de 40.000 dólares mensuales, el consultor inglés sostiene que nunca facturó en moneda extranjera y que le pusieron como tope de pagos 100.000 pesos para todas las operaciones de GI, con el salario de dos empleados y los gastos operativos incluidos.

"Siempre emití facturas en pesos a la UTE y ellos después le enviaban a Transporte. No facturé en dólares porque así me lo exigieron mis socios y el BM. Es muy fácil, pueden ver mis facturas en pesos. IRV y Iatasa tienen el control financiero de la UTE, yo no puedo hacer nada", dijo Chandler.

Aunque por contrato su salario es de 40.000 dólares mensuales, el consultor inglés sostiene que nunca facturó en moneda extranjera

Y acusó: "Creo que mis socios locales le cobraron en dólares a la Secretaría de Transporte por detrás y con montos más altos. Todos sabían muy bien que había empleados fantasmas . No sé por qué Schiavi dice que yo cobro en dólares [en referencia a las declaraciones realizadas por el ex secretario de Transporte]. Estaría muy sorprendido si él no lo supiera".

En una carta documento a la que accedió LA NACION, IRV, Iatasa y GFA también hicieron su reclamo: le exigen a GI que entregue toda la documentación correspondiente a Marcela Ashley, la empleada "fantasma" en la supervisión de la tarjeta SUBE.

"Le requerimos que en forma muy urgente nos suministre la documentación legalizada que acredite la contratación y el pago hecho por usted a la señora Ashley para la confección de los certificados pagados", afirman.

Chandler niega haber empleado a Ashley y dijo haberle avisado en reiteradas ocasiones a Andrés Pizzarro, gerente del BM a cargo del contrato, y a los funcionarios de Transporte que debía modificarse eso antes de firmar el contrato.

"Ashley nunca fue empleada de GI. Tuvimos unas conversaciones, pero finalmente no la contraté porque me pidió un salario de 10.000 dólares mensuales. Me pareció una locura", aseguró el inglés.

LA NACION reveló que Ashley fue contratada en 2011 para supervisar durante diez meses el boleto electrónico , según consta en el expediente de la Secretaría de Transporte. Como "stakeholders management" su sueldo mensual era de 24.300 dólares; su contrato sumó 247.860 dólares.

Luego de esta noticia, el Gobierno decidió suspender el contrato para controlar la SUBE y puso a disposición de los organismos de control una revisión de la licitación ejecutada por la Secretaría de Transporte.

iruiz@lanacion.com.ar

Por: Iván Ruiz

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