Ciccone: denuncia por un despido en la IGJ

El empleado dijo que fue "víctima" del caso de adulteración de documentos
Hugo Alconada Mon
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29 de diciembre de 2014  

Un ex empleado de la Inspección General de Justicia (IGJ) se convirtió en la séptima persona que sufre represalias derivadas del "caso Ciccone". A otros los amenazaron; él fue cesanteado de la administración pública nacional. Por eso, a los 49 años y sin opciones para reinsertarse en el mercado laboral local, decidió irse del país con su mujer, portorriqueña, y su hija.

Se trata de Javier Marcelo Ramos Villaverde, que llevaba 29 años como empleado raso en la IGJ, donde, según su propia definición, no era más que un "perejil". Por eso, alegó ante la Justicia, lo utilizaron para tapar delitos.

"Yo soy una víctima sacrificada a los intereses de personas poderosas con las que no tengo nada que ver", se lamentó Ramos en un escrito que quedó en manos de los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda Servini de Cubría (a cargo de las pesquisas sobre el "caso Ciccone" y las irregularidades detectadas dentro de la IGJ), y añadió que teme más represalias.

"La pura lógica me indica que carece de sentido haberme inventado una cesantía relacionada con el caso Ciccone y con el vicepresidente de la Nación [por Amado Boudou], si ello no se piensa usar en otras instancias, y entiendo conveniente ponerme a disposición de la Justicia", planteó el ya ex empleado de la IGJ.

Ramos se sumó así a una lista creciente de amenazados o perseguidos desde que estalló el escándalo, en febrero de 2012. Incluye a Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele; un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; un ex socio de José María Núñez Carmona, Luis Scolari; una enfermera de Héctor Ciccone; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, y la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez.

En el caso de Ramos -que en Internet se presentó en algunos foros de discusión como un "politólogo" que simpatiza con el radicalismo-, la conducción actual de la IGJ lo acusó de haber adulterado los registros informáticos del organismo sobre Ciccone Calcográfica, lo que combinado con el extravío o robo previo del legajo físico de esa empresa dificultaría su reconstrucción completa.

"En suma -se explayó Ramos en su escrito judicial- considero que soy el triste chivo expiatorio o «perejil» en la jerga coloquial de imputaciones, ya que se me endilga nada menos que la desaparición de los registros del caso Ciccone, achacándoseme no sólo la desaparición, sino también la imposibilidad de reconstrucción."

El escrito

Ramos presentó ese escrito judicial el 12 de este mes ante el juez Lijo, al que le avisó que se marcharía de la Argentina tres días después, a Puerto Rico, de donde es su esposa, "con la esperanza de insertar[se] laboralmente" allí.

"Con 29 años de servicios en empleo público nacional, la sanción de cesantía se equipara a una verdadera muerte civil -explicó-. Por un lado no podré reingresar a ningún empleo público por la prohibición legal de designar o contratar a un cesanteado y mi experiencia muy difícilmente resulte aplicable al mercado laboral privado."

Para su abogada, Susana Elsa Torres, sin embargo, los problemas de Ramos exceden lo laboral. "Por cómo fue el sumario, que es «delirante», está claro que la IGJ lo impulsó para cubrirse por su actuación en el caso Ciccone, comentó a LA NACION.

Según reveló este diario, los legajos societarios de The Old Fund, Ciccone Calcográfica y London Supply se extraviaron o fueron robados dentro de la IGJ semanas después de que estalló el escándalo que protagonizan Boudou, su socio Núñez Carmona y Vandenbroele, entre otros.

La IGJ ordenó la reconstrucción de los tres legajos sobre la base de las copias digitales disponibles y el material que aportaron las tres sociedades, mientras que desde el Ministerio de Justicia abrieron sumarios para determinar los supuestos responsables de esos extravíos o robos.

Más de un año y medio después de abrir esos sumarios por los legajos de papel, la IGJ responsabilizó al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a Martínez, como ex jefa del Registro Nacional de Sociedades. Al primero le impuso cinco días de suspensión, mientras que el ministro Julio Alak pidió en Tribunales ser tomado como querellante contra la segunda, planteo que Servini rechazó porque el propio Alak podría quedar imputado. Pero la Cámara Federal, en fallo dividido, le dio la razón al ministro, que ahora podrá pedir medidas de prueba y revisar el expediente.

Al presentar ese pedido ante Servini, sin embargo, Alak acompañó sólo algunos tramos editados de los sumarios, con los se acusó a Martínez para así debilitar su credibilidad como testigo en las investigaciones judiciales sobre la IGJ y sobre la sociedad hotelera de la familia presidencial, Hotesur SA.

La cesantía sobre Ramos completa esa ofensiva, con otro sumario que se centró, ya no en los legajos de papel de las tres empresas involucradas en el escándalo -por los que la IGJ apuntó contra Agüero y Martínez-, sino en la adulteración de las copias electrónicas del legajo de la ex Ciccone en el sistema informático del organismo.

Ramos niega haber adulterado ese registro y apuntó hacia arriba -"la Inspección General, la Dirección o bien Jefatura de Departamento"-, los que se encargaron siempre de lidiar con todo aquello que tuviera algo que ver con el caso Ciccone, incluido su propio jefe, Marcelo López, que lo denunció, "eludiendo de esa forma que se investigue su propia conducta dolosa o bien omisa, teniendo en cuenta su ignorancia para la función".

Tras esa denuncia y ya con una abogada a su lado, Ramos forzó a la IGJ a anular la "indagatoria" que le habían tomado en sede administrativa. Pero aun así se dispuso su cesantía, por lo que su letrada se apresta a apelar la decisión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Para el "perejil" es demasiado tarde. "Soy el empleado que se necesita para atribuirle irregularidades en salvaguardia de intereses más altos y poderosos con los que no tengo nada que ver", se quejó ante la Justicia. Y se marchó del país.

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