Cierran un caso de "compra de votos"

La jueza federal María Servini de Cubría cerró la causa que investigaba al ministro de Planificación, Julio De Vido, y a otros dirigentes kirchneristas por supuestas presiones denunciadas por diputadas de la oposición para que se aprobara la ley de presupuesto 2011.

En noviembre pasado, Cynthia Hotton (Valores para mi País) y Elsa Alvarez (UCR) dijeron que habían recibido llamadas de funcionarios y legisladores oficialistas con sugerencias y ofertas para que cambiaran sus votos o faltaran a la sesión que trataría el proyecto.

La Justicia abrió entonces una investigación contra los supuestos responsables. Además de De Vido, estaban acusados la diputada Patricia Fadel; el titular de la secretaría antidrogas (Sedronar), José Granero; el intendente de la localidad santacruceña de San Julián, Nelson Gleadell; el dirigente Rubén Sobrero, y el secretario de De Vido, José María Olazagasti. Todos ellos fueron sobreseídos por Servini el 6 de abril pasado. Según la jueza, no hubo delito.

Pero el caso podría reabrirse. El fiscal federal Federico Delgado sostuvo que se habían desestimado "arbitrariamente" pruebas que él había pedido y dijo que la decisión que puso fin a la causa había sido "prematura". Con este fundamento, la apeló. "La señora juez efectuó escasas medidas probatorias; insuficientes, a criterio de la fiscalía, para llegar a la conclusión adoptada", afirmó.

Delgado sostuvo que no se habían investigado otros casos de gestiones sospechosas, que surgirían del testimonio de la diputada Patricia Bullrich. Recordó además que Hotton, Alvarez y el secretario parlamentario de Proyecto Sur, Mario Francisco Mazzitelli (que también dijo haber recibido llamadas del kirchnerismo) ratificaron sus denuncias ante la Justicia. "Ellos no negaron ni relativizaron la existencia de las llamadas, sino que, por el contrario, dieron detalles y hasta los números de abonados telefónicos a través de los cuales recibieron tales comunicaciones", afirmó el fiscal, que dijo que todavía no pudieron rastrearse esas llamadas porque el Congreso no envió su autorización (la exige la ley de fueros).

Según Hotton, las "presiones" fueron de Fadel. Relató que le dijo: "No sólo se trata de mejorar tus proyectos, estructuras y contratos. Se trata de eso y de mucho más y si te ausentás, siempre hay una complicación familiar, nadie se va a dar cuenta". En cuanto a Alvarez, ella informó que recibió varias llamadas. La primera, según dijo, de Granero, que le preguntó si podría retirarse del recinto. Ante su negativa, la llamó el intendente de San Julián -de donde es oriunda- y le advirtió que, si persistía su rechazo, podrían "caerse varias obras para San Julián". Además, relató que la habían contactado emisarios de De Vido. El secretario parlamentario de Proyecto Sur también dijo haber recibido llamadas del entorno del ministro.

El año pasado, Diputados abrió su propia investigación por estos hechos. Tuvo el mismo final que la causa de Servini: todas las denuncias fueron desestimadas.