Citan a declarar a 18 militares por torturas en Malvinas

A 36 años de la Guerra de Malvinas , por primera vez, dieciocho militares que detentaron un cargo jerárquico durante el conflicto bélico deberán prestar declaración indagatoria ante la Justicia por hechos ocurridos mientras portaban el uniforme militar. Lo harán tras las denuncias por su presunta participación en casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y abusos contra soldados conscriptos a su cargo.

La citación a indagatoria firmada por el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, es un paso importante, en una causa iniciada hace once años, a partir de la denuncia de un puñado de soldados. La causa acumula hoy el testimonio de 120 víctimas y casi un centenar de militares con distinto rango.

Aún no hay fecha para la declaración indagatoria, dado que la Justicia debe antes identificar el domicilio de los militares mencionados para notificarlos de la decisión.

La causa se inició en 2007, a partir de una investigación iniciada por el exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quien presentó los testimonios de 22 excombatientes correntinos, a los que luego se sumaron otros de diversos puntos del país.

Ahora la causa cuenta con 95 denunciados, 105 casos comprobados, 25 cuerpos y más de 120 denunciantes. Con su decisión, el juez Calvete consideró que hay elementos para llamar a declaración indagatoria a 18 militares, que serían los primeros de una causa en la que se avanzará por partes, según explicaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa.

Desde el inicio, el Centro de Ex Combatientes de La Plata se presentó como querellante, en representación de las víctimas que se encuentran en todo el país, rol que el 19 de octubre pasado fue convalidado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. El tribunal ordenó proseguir con la investigación, en virtud de la obligación internacional de investigar y juzgar las posibles violaciones de los derechos humanos.

Punto de inflexión

"Por primera vez, después de 36 años de finalizada la guerra y a 11 del inicio de la causa, los denunciados darán explicaciones al Poder Judicial y serán notificados de los delitos por los que se los acusa", dijo a LA NACION el abogado querellante, Jerónimo Guerrero Iraola.

El juez federal de Ushuaia que subroga el juzgado de Río Grande donde se encuentra radicada la causa, hizo lugar a la solicitud presentada en mayo por el fiscal federal Marcelo Rapoport, quien con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, pidió la detención e indagatoria de 26 militares argentinos acusados de infligir tormentos a 22 conscriptos durante la Guerra de Malvinas .

Para Guerrero Iraola, la decisión de la Justicia "traslada a las víctimas la esperanza de un horizonte de verdad y justicia; no hay que olvidar que por momentos se pretendió que la causa fuera cerrada, por eso es un logro enorme".

Los 18 pedidos de indagatoria corresponden a militares que se desempeñaban en el Regimiento de Infantería Mecanizada Nº5 de Paso de los Libres, Corrientes, que dependía de la III Brigada de Infantería y al que estaban subordinadas cinco compañías militares.

Los imputados citados a declarar son Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.

Los abogados querellantes pedirán medidas para evitar represalias contra la víctimas, quienes en su mayoría tenían entre 18 y 20 años cuando fueron a la guerra.

Según consta en la presentación de la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, estaqueamientos y enterramientos-, como modo de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa, fundamentalmente, por la falta de abrigo y comida.

En su momento, la fiscalía federal había argumentado la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de lo hechos. Sostuvo que son crímenes contra la humanidad y los delitos son imprescriptibles.

La causa, 36 años después

Son querellantes los excombatientes de La Plata

• Investigación: La causa en la que se investigan torturas y abusos contra los soldados argentinos durante la guerra de 1982 comenzó hace 11 años
• Indagatorias: La denuncia alcanza a 95 militares y el juez citó a declarar a 11 de ellos, a instancias del fiscal
• Calificación legal: Un factor clave es determinar si las torturas deben ser consideradas delitos de lesa humanidad
• Sin culpabilidad: Algunos casos fueron desestimados porque la Justicia ya los absolvió

La Comisión Bicameral citó otra vez a Srur

El almirante retirado Marcelo Srur, exjefe de la Armada, declarará por segunda vez el martes, ante la Comisión Bicameral que investiga lo ocurrido con el submarino ARA San Juan, que se hundió en el Atlántico Sur en noviembre de 2017, con 44 tripulantes a bordo, y fue hallado hace tres semanas.

Srur deberá ampliar su testimonio ante los senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral, como consecuencia de las acusaciones que involucran a la cadena de mandos de la Armada en la responsabilidad por supuestos desperfectos en el submarino.

El presidente de la Comisión Bicameral, José Ojeda (PJ-Tierra del Fuego), citó nuevamente a Srur para el martes, a las 12.30, confirmaron fuentes parlamentarias. El almirante retirado ya declaró en mayo y sus dichos ahondaron las contradicciones en el seno de la Armada respecto del estado en que estaba el submarino en el momento de zarpar, antes del naufragio.