Civiles reemplazarán a los guardiacárceles en el trato con los presos

El Gobierno tiene lista una reforma profunda del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El proyecto de ley, que la Casa Rosada enviará al Congreso en el segundo semestre del año, tiene como objetivo principal separar las áreas de seguridad de los internos de los lugares de tratamiento y rehabilitación social. Es decir que los agentes penitenciarios, que tienen amplias funciones, pasarán a hacer solo tareas de custodia, protección y traslados.

Así, el Gobierno busca profesionalizar el cuidado de los presos y al mismo tiempo terminar con los abusos y las distorsiones que provoca que los guardiacárceles sean al mismo tiempo los carceleros y los encargados de definir salidas o beneficios. Hoy, los penitenciarios "hacen todo", desde custodiar a los presos hasta definir salidas anticipadas de los internos en casos debidamente justificados o evaluar y dictar sanciones disciplinarias. También tienen a su cargo el régimen de ejecución de la pena, lo que implica verificar las fases de detención.

Además se encargan del tratamiento de los internos, así como de la educación y el trabajo de estos.

Todas estas funciones ya no estarán en manos de los integrantes de la fuerza de seguridad, sino que quedarán dentro de la órbita de profesionales. El objetivo es terminar con la "lógica verticalista" que, como organismo de seguridad, tiene el SPF.

El nuevo régimen, que integra el Plan Justicia 2020, que impulsa el ministro Germán Garavano, hace una diferencia entre los profesionales encargados del diseño de un programa de tratamiento para el interno, como médicos, abogados, psicólogos, psiquiatras, maestros, odontólogos, sociólogos afectados a los servicios de observación, clasificación y orientación criminológica del tratamiento penitenciario y asistentes sociales, entre otros, de los agentes penitenciarios que desempeñan tareas de seguridad.

Además, busca brindar una mayor eficiencia en la ejecución y supervisión de las penas privativas de la libertad y la prisión preventiva, como también de aquellas que se cumplen fuera de los establecimientos penitenciarios federales, como los que utilizan tobilleras.

La actual ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal es de 1973, tiempos en los que gobernaba el presidente de facto Alejandro Lanusse. La nueva norma, según describieron fuentes oficiales, se adecuó a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

La reforma integral del actual modelo penitenciario es "fundamental y necesaria para lograr inclusión social y reducir recaída en el delito", dijo Garavano a LA NACION.

Hoy, las cárceles federales tienen una población de casi 14.000 personas -1300 son mujeres y casi 3000 extranjeros- y solo el 40 por ciento tiene condena.

Y el personal del Servicio Penitenciario Federal y de la Dirección Nacional de Readaptación Social también suma unas 14.000 personas.

"La reforma del Servicio Penitenciario Federal es parte del programa Justicia 2020, que tiene por objetivo la transformación integral del sistema y en el que también están incluidos el nuevo Código Penal, la ley de flagrancia y el régimen juvenil penal", describió Garavano.

Otra de las características del proyecto de ley es que se realizará el seguimiento y la supervisión de las penas y medidas alternativas a la prisión, como las tobilleras electrónicas -pasaron de 25 condenados con este beneficio en 2015 a más de 2000 que en la actualidad están en el programa de Vigilancia Electrónica-, y a la asistencia fuera de las cárceles.

Hay otras 500 tobilleras electrónicas disponibles, pero la Justicia no las solicita. Lo llamativo es que aproximadamente 1200 detenidos en cárceles federales cumplen con los criterios que establece la ley para estar en condiciones de acceder a la detención domiciliaria.

Según reconocieron fuentes oficiales, un condenado afuera le cuesta al Estado 10 veces menos que dentro de la prisión.

Para eso ya está listo el nuevo centro de monitoreo para los usuarios de las tobilleras electrónicas. El lugar, que se inaugurará en los próximos días, está situado en Tandanor.

De esta forma, el Gobierno busca enfrentar la violencia institucional en las cárceles y mejorar la reinserción de los reclusos una vez finalizada su condena.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia desplegó una serie de programas para evitar el reingreso de los detenidos.

Además de los planes de educación, el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (Encope) participa en el programa El Mercado en tu Barrio, con productos realizados por los internos; también se abrió un taller de capacitación en radio y televisión, se habilitó un nuevo centro de formación destinado a los integrantes del equipo de rugby Los Espartanos en la cárcel José León Suárez, en San Martín, y en la cárcel de mujeres de Ezeiza se realizó la primera entrega de una prótesis fabricada por las internas de la unidad (una mano ortopédica).

Uno de los problemas más graves es el hacinamiento, según denuncian los organismos de control. En ese sentido, la última semana los integrantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles (SICC) le exigieron a Garavano que dé marcha atrás con la decisión de convertir los calabozos unipersonales en compartidos.

La falta de lugar en las cárceles federales también surgió en el último informe que publicó en octubre pasado la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), un organismo estatal autónomo del Poder Ejecutivo y Judicial, que se encarga del control de la actividad de la administración penitenciaria.

Cerca de Garavano rechazaron que el sistema carcelario federal esté colapsado y destacaron la puesta en marcha de la nueva cárcel en Cuyo, que tendrá una ampliación de 1072 camas más en junio. Además, resaltaron que la cárcel de Marcos Paz sumará 2340 espacios adicionales -reemplazará la cárcel de Devoto- en los próximos dos años. Y también está en marcha un plan de obras carcelarias en distintos puntos del país como Agote (Mercedes, Buenos Aires) y en Coronda (Santa Fe).