Código Procesal Penal: el Gobierno no logró convencer a la oposición
Alak y Álvarez explicaron la iniciativa oficial, pero los legisladores opositores criticaron las mayores atribuciones que tendrá la procuradora Gils Carbó y la idea de expulsar extranjeros
A pesar del esfuerzo del kirchnerismo por destacar las supuestas bondades del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, la expulsión de extranjeros sorprendidos durante la comisión de un delito y las nuevas y amplias facultades que tendrá la polémica procuradora general, Alejandra Gils Carbó, acapararon la atención en el inicio del debate del nuevo Código Procesal Penal (CPP) en el Senado.
El tratamiento de la iniciativa comenzó en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda con las presencias del ministro y del secretario de Justicia, Julio Alak y Julián Álvarez, respectivamente. El debate pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, a las 12, cuando concurrirán fiscales y procuradores de provincias donde ya se aplica el sistema acusatorio en los procesos penales.
Hoy, el Senado tratará el presupuesto 2015, que el oficialismo tiene previsto sancionar a pesar de los cuestionamientos de la oposición a sus previsiones macroeconómicas.
Tanto Alak como Álvarez centraron su exposición ante los senadores en destacar que el nuevo código de rito penal proveerá, a partir de pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, las herramientas que necesita la Justicia para darles celeridad a los procesos, en particular los relacionados con el delito organizado.
"Este código sólo pretende acelerar los casos, oralizar los procesos y que la víctima pueda participar del proceso sin tener que pedir permiso", afirmó Alak.
Álvarez, por su parte, se encargó de explicar cómo funcionaría el nuevo sistema (plazos e instancias procesales, facultades y obligaciones que tendrán fiscales y jueces), pero también hizo hincapié en la abreviación de los casos. "Esto garantizará un procedimiento ágil y seguro porque termina con el ritualismo y con las chicanas judiciales", aseguró.
La oposición avaló el espíritu de los cambios impulsados por la Casa Rosada. "Nosotros acompañamos la idea del cambio de sistema", aseguró el jefe de la bancada radical, Gerardo Morales (Jujuy). Sin embargo, también planteó dudas sobre el uso que se le podrá dar al nuevo código, en particular por la presencia de Gils Carbó al frente de los fiscales, que serán los principales beneficiados con el cambio al sistema acusatorio, ya que tendrán el manejo de la investigación.
"Tenemos expectativas negativas por la ultraactividad de la Procuración para desviar algunas actuaciones de algunos fiscales en causas de corrupción", dijo Morales, quien adelantó la oposición de la UCR a que Gils Carbó pueda asignar causas y reasignar las que ya están en curso a partir de la creación de nuevas fiscalías que implicará la sanción de un nuevo CPP.
Otro eje de debate fue la cláusula que autoriza la expulsión de extranjeros atrapados en flagrante delito. "Esto contradice varios artículos de la Constitución Nacional, que garantiza el debido proceso y la igualdad ante la ley", afirmó Morales.
Ante el silencio de los funcionarios del Ministerio de Justicia, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), tomó el guante y respondió al radicalismo: "En este tema hay que tener una visión más realista, no ingenua, no inocente, y mirar las estadísticas, que muestran que en las cárceles federales los detenidos extranjeros aumentaron de manera desproporcionada", afirmó Pichetto, quien en otro tramo lanzó una polémica frase con críticas al socialismo santafecino por el narcotráfico: "Rosario se convirtió en la nueva Medellín".
Morales insistió y acusó al Gobierno de desinformar a la población al poner el eje en el tema de la expulsión de extranjeros. "El problema es de incumplimiento de la ley. Los expulsados por la frontera van a entrar por el río, porque no hay control migratorio; entonces, se desinforma a la población y esto va a terminar con la estigmatización de los extranjeros", alertó el radical.
Las últimas intervenciones públicas del secretario de Seguridad, Sergio Berni, también le dieron pie a la oposición para insistir en sus quejas (ver aparte). Esto puso en aprietos al kirchnerismo, como cuando el radical Mario Cimadevilla (Chubut) le preguntó a Alak si compartía las opiniones de Berni. Tras dudar unos segundos, el ministro tomó el atajo que le ofreció un senador oficialista: "Vine a contestar sobre el Código Procesal Penal", se excusó.
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