En Cambiemos rechazan el proyecto para que las empresas financien las campañas

Nunca como ahora quedó tan expuesta la corrupción en el financiamiento de la política : empresarios que denuncian haber financiado la campaña kirchnerista con plata en negro y aportantes falsos en la última campaña electoral de Cambiemos . En este contexto, dos de los socios de la coalición oficialista, la UCR y la Coalición Cívica, junto a la diputada Graciela Ocaña plantearon fuertes reparos al proyecto del Gobierno que habilita el financiamiento de las empresas a la política.

El debate de esta iniciativa, que ingresó en la Cámara de Diputados a mediados del mes pasado, está demorado a la espera de acercar posiciones internas. Parece difícil y pocos creen que la ley se apruebe antes de fin de año. A esto se suma que, desde la oposición, el Frente Renovador tampoco está de acuerdo con el aporte directo de las empresas a las campañas políticas. El kirchnerismo, por su lado, se expresó totalmente en contra de la propuesta.

El proyecto del Gobierno -que tiene el respaldo de un amplio abanico de ONG- propone restablecer la posibilidad de que las empresas contribuyan a las campañas electorales con un tope de no más del 2% del total de los gastos proselitistas. Argumentó que la prohibición que impuso el kirchnerismo en la última reforma política, en 2009, "no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad".

"Hay un amplio consenso respecto de que estos aportes ocurren de todos modos. El dinero de las empresas continuó financiando campañas, pero lo hizo sin que ese dinero sea registrado, dejando el financiamiento político aún más lejos del escrutinio público", fundamentó en su proyecto.

El argumento no convence a los socios de Cambiemos .

"Creo que estamos viviendo un momento particular que permite analizar la posibilidad de dejar de lado el financiamiento mixto o privado y avanzar en el público. También en otras medidas complementarias, como la unificación de las fechas electorales", enfatizó Mario Negri , jefe del interbloque de Cambiemos.

Desde la Coalición Cívica objetan el financiamiento de las empresas a la política, pero no creen que el financiamiento público de las campañas sea la solución.

"Estamos de acuerdo en líneas generales con el proyecto del Gobierno, pero no coincidimos con el artículo que permite que las empresas financien las campañas. Esta ha sido la posición histórica de la Coalición Cívica, más allá de este escándalo de coyuntura sobre los cuadernos de la corrupción -explicó la diputada Paula Olivetto-. Sí estamos de acuerdo con que las personas físicas puedan contribuir en las campañas, como sucede actualmente. No creemos que el financiamiento público sea la solución: primero, porque el Estado, en su situación actual de déficit y endeudamiento, no está en condiciones de hacerlo. Segundo, porque el financiamiento público tiende a beneficiar a los partidos tradicionales en detrimento de los más chicos".

La diputada Ocaña coincidió en rechazar el aporte directo de las empresas a las campañas políticas. Propone una alternativa: crear un fondo para el financiamiento de campañas electorales compuesto por los recursos públicos que destine el presupuesto más los aportes que decidan realizar tanto empresas como personas físicas, los cuales pueden ser deducidos del impuesto a las ganancias.

"Es decir que las empresas no aportarían en forma directa a ningún partido político, sino que lo harán al fondo partidario, para que desde allí se reparta entre los partidos", sostuvo Ocaña.

Críticas de la oposición

El Frente Renovador, de Sergio Massa, impulsa una propuesta similar. Propone que todos los aportes privados, sean de personas físicas o de empresas, confluyan en un fondo partidario permanente, para que luego se distribuyan en forma igualitaria entre los partidos políticos reconocidos.

"Con ello intentamos fomentar el principio equitativo y de igualdad", enfatizó Camaño a la nacion.

El kirchnerismo, por su parte, prohíbe todo aporte de las empresas a las campañas políticas. Así lo estipula el proyecto del diputado Máximo Kirchner, que propone aumentar el financiamiento público de los partidos políticos.

El oficialismo evalúa por estas horas la oportunidad de dar el debate de esta iniciativa. Algunos piensan que, en pleno escándalo de los cuadernos de la corrupción, lo mejor sería poner bajo un paraguas el financiamiento privado de empresas y avanzar con el resto del articulado sobre el que ya hay acuerdo: por caso, la bancarización de los aportes a las campañas y el fortalecimiento del control por parte de la Cámara Nacional Electoral.

Los puntos centrales de la iniciativa

Publicidad en la vía pública

El proyecto del Gobierno crea un registro de empresas que se dediquen a esa publicidad para "hacer más sencillo y eficiente el control sobre el destino de los gastos"

Responsable partidario

Por la legislación actual, las agrupaciones designan dos "responsables económico-financieros" de las campañas. Ahora, el Gobierno propone que uno de los dos responsables debe ser contador y el otro, una autoridad partidaria

Más control

Se propone ampliar el Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral, que tiene solo ocho miembros, creando 17 cargos nuevos

Bancarización

Se avanza en la bancarización absoluta de los aportes, en sintonía con lo realizado por otros países en la materia. El objetivo es mejorar el control en el financiamiento de los partidos políticos, prohibiendo los aportes en efectivo a las campañas electorales

Publicidad oficial y actos de gobierno

El nuevo proyecto duplica el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del sufragio: de los 15 días actuales pasa a 30. "Se trata de una histórica demanda que apunta a dotar de mayor equidad al proceso electoral", anunció el Gobierno

Los ejes más controvertidos

Financiamiento de las personas jurídicas

El proyecto del Gobierno rehabilita la posibilidad de que las empresas puedan realizar aportes a los partidos políticos, hasta un 2% del total de gastos

Financiamiento de las personas físicas

Está contemplado en la legislación actual y el proyecto lo preserva. Sin embargo, en la UCR simpatizan con la idea de que el financiamiento sea enteramente público