Comedores escolares: indagaron a De la Rúa

Fue agredido al salir de Tribunales
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27 de abril de 2004  

El ex presidente Fernando de la Rúa fue indagado ayer por presuntas irregularidades detectadas en la contratación del servicio de comedores escolares y hospitalarios mientras era jefe de gobierno porteño.

De la Rúa negó haber incurrido en anomalías y argumentó que las licitaciones cuestionadas se llevaron a cabo en 1997 bajo el régimen de contratación directa para solucionar los problemas en la provisión de alimentos que afectaban gravemente a unos 7000 alumnos, según informaron luego fuentes judiciales.

A la salida de la sede del juzgado, en el Palacio de Tribunales, el ex presidente debió afrontar agresiones de transeúntes, que al descubrir su presencia comenzaron a insultarlo.

"Ladrón" y "corrupto" fueron algunas de las acusaciones que unas veinte personas dirigieron contra De la Rúa, que luego se limitó a decir a los periodistas que acababa de cumplir con "un trámite judicial".

El ex mandatario había explicado antes al juez de instrucción Facundo Cubas que la contratación investigada "fue una contratación imperiosa que evitó que los chicos carecieran de la alimentación básica".

Asistido por su abogado Fernando Díaz Cantón, De la Rúa respondió preguntas acerca de su desempeño e insistió en que buscó "evitar un mal irreparable" ante el "abrupto" abandono del servicio por la empresa que prestaba esos servicios alimentarios.

En esta causa se le imputa los presuntos delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También figuran como imputados el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, secretario de Hacienda porteño cuando se realizó la licitación; el ex procurador del Tesoro Ernesto Marcer; el ex funcionario porteño Guillermo Delle Ville, y el ex secretario privado Leonardo Aiello.

Alimentos por trenes

El juez Cubas investiga media docena de licitaciones en las que se contrató a la empresa Establecimientos Metalúrgicos Patricia (Emepa), radicada en Chascomús, cuya principal actividad era la construcción y reparación de vagones de trenes.

Emepa, según fuentes consultadas por las agencias DyN y Télam, pertenecería a Benjamín Moreno, presuntamente relacionado con el ex presidente y cuya actividad principal no sería la alimenticia.

En la denuncia se mencionan contrataciones por cifras multimillonarias, pero la defensa de De la Rúa dijo que las contrataciones habían sido actos de gobierno realizados de acuerdo con las leyes y las normas vigentes.

A partir de la indagatoria de ayer comenzaron a regir los plazos procesales de diez días hábiles para resolver cómo quedará involucrado el ex mandatario en la causa.

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