Por el caso Carrasco. Comenzó el juicio político a Rubén Caro

El magistrado está acusado desde 1998

27 de Junio de 2006

Con cuatro declaraciones testimoniales, comenzaron ayer en el Palacio de Tribunales las audiencias públicas del juicio político al juez federal de Zapala, Rubén Caro, por su investigación del homicidio del soldado Omar Carrasco, en 1994. Es el caso más viejo del Consejo de la Magistratura, data desde 1998.

Carrasco fue asesinado en el cuartel de Zapala en marzo de 1994. Al principio, Caro actuó como juez subrogante hasta que en mayo de 1994 el Senado aprobó en forma urgente su pliego.

Su labor fue polémica, pues trabajó con un juez militar que a su vez actuaba con dos oficiales de Inteligencia del Ejército. También colaboró con Caro el entonces teniente coronel Daniel Manuel Reimundes.

Luego de que el Ejército señalara como sospechosos a un subteniente y dos soldados, que se declararon inocentes, Caro los procesó y en 1996 el Tribunal Oral de Neuquén los condenó. Los tres ya cumplieron las condenas.

A Caro se lo acusa de haber cedido su jurisdicción al Ejército, y eso es lo que sostuvieron ayer cuatro de los cinco autores de los pedidos de juicio político: Marcelo Inaudi, ex defensor de uno de los soldados; Víctor Peláez, ex diputado nacional (UCR) de Neuquén; el coronel (R) Pedro Canevaro (padre del subteniente Ignacio), y Cecilia Paparatto, hoy esposa de Canevaro.

Inaudi se refirió a las presuntas irregularidades de Caro y señaló que el 14 de abril de 1994, el entonces presidente Carlos Menem ordenó al jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, esclarecer el crimen. "Pocos días después -agregó- llegaron al cuartel el jefe de Inteligencia del Ejército y 30 agentes, y el 19 o 20 de abril el Ejército señaló a quienes después fueron condenados. Esto demuestra la subordinación de Caro."

Peláez mencionó que el informe del perito oficial de la causa de los encubrimientos del crimen, el médico legista Alberto Brailovsky, contradijo todo lo actuado por Caro.

Elena Highton de Nolasco preside el jury de enjuiciamiento. En la acusación, el consejero Federico Storani fue mejorando de a poco un interrogatorio que aparentaba escaso conocimiento del caso.

El juicio a Caro, con unos 60 testigos, es sensible para el Gobierno, pues su remoción afectaría a Balza, actual embajador en Bogotá.

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