Cómo armar un plan económico contra reloj

Luis Cortina
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23 de diciembre de 2001  

"La situación es mucho peor de lo que pensábamos." Como si lo hubieran ensayado para una representación, tres referentes políticos que analizan desde hace tres días las probables medidas económicas resumieron ayer así la situación, cuando la Asamblea Legislativa escuchaba a los primeros oradores.

La estrechez fiscal, monetaria y competitiva en la que está la economía argentina no deja demasiado margen de acción para el nuevo gobierno, al margen de quienes sean en definitiva sus ejecutores, explicaron a LA NACION.

El margen es tan limitado que incluso la liberación de las restricciones al retiro de fondos de las cuentas bancarias de salarios y jubilaciones, sancionada por ley en el Congreso el pasado miércoles, podría no promulgarse, pese a las promesas de Ramón Puerta en ese sentido.

El ratificado presidente del Banco Central, Roque Maccarone, resiste en privado lo que el propio secretario de Hacienda provisional, Oscar Lamberto, dijo ayer en público: liberar del cepo bancario a los sueldos podría provocar una corrida que deje aún más debilitado el sistema financiero.

Los que se oponen ofrecen un argumento demoledor: para compensar la pérdida habría que inmovilizar las colocaciones a plazos. Entonces, razonan, la popularidad de una medida se vería completamente superada por la desconfianza y el temor de otra.

Las estrecheces del momento también se expresan en las dificultades para designar un equipo de transición. Ningún economista profesional ni incluso algunos políticos se arriesgarían a participar del gobierno sabiendo que éste tiene por delante un horizonte de dos o tres meses a lo sumo.

Rodolfo Frigeri se enteró ayer por la tarde de que sería convocado como nuevo secretario de Hacienda, pero sus ideas no estarían muy lejos de las que analizaron en los últimos días en el justicialismo.

De confirmarse el escenario más probable hasta esta madrugada, la convertibilidad de la moneda con untipo de cambio fijo uno a uno tendría otros dos o tres meses de vida. Para poder mantenerla es que se insistiría con el cerrojo bancario sobre los depósitos y el circulante.

El Banco Central seguiría de cerca los saldos del sistema. Si la fuga de fondos se detiene, irá abriendo el grifo de a poco. De lo contrario, tomaría más medidas de inmovilización para evitar la sangría.

Ante la falta total de financiamiento, el Gobierno recurriría a la emisión de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop) o un título similar originado en la Nación. A los 1300 millones ya previstos se agregarían nuevas series por hasta 2000 millones adicionales.

Esto supondría que la Nación comience a pagar al menos una parte de los sueldos de sus empleados públicos con esos papeles, y que éstos alcancen definitivamente circulación nacional.

Pero si resultará difícil encontrar un equilibrio en estas medidas, seguramente lo será más aún en la que contempla la declaración formal de default (cesación de pagos) de la deuda pública.

La idea de los economistas que trabajan en el plan es que una moratoria hasta que asuma el próximo gobierno electo (a principios de abril) otorgaría mayor poder de negociación a la Argentina que si se empeña en seguir cumpliendo aun con las dificultades que ello trae.

La intención en este campo es elaborar un menú de opciones que permita negociar con los acreedores según cada necesidad. Pero en general se trataría de obtener períodos de gracia lo más amplios posibles, tasas de interés más bajas e incluso quitas en el capital de la deuda.

Sin duda, los compromisos relacionados con la deuda son uno de los principales rubros del gasto público, después del pago de sueldos y jubilaciones.

La reacción en el exterior dependerá de las negociaciones previas que el flamante gobierno argentino encare con los acreedores internacionales y del modo en que se presente el plan.

Un punto a favor, paradójicamente, es que la mayoría de los organismos multilaterales de crédito y los tenedores de bonos argentinos ya descontaban desde hace días tanto un default de la deuda como una devaluación del moneda.

En este contexto, si el Gobierno encara una negociación completa y ordenada, aun después de una cesación de pagos, sería mejor vista que la actual situación de sufrimiento cotidiano.

De todos modos, no es de descartar que en los primeros días posteriores a esa declaración se acentúe la falta de crédito, y que surjan dificultades con la operatoria con moneda extranjera. No sería extraño, por ejemplo, que el mercado reaccione poniendo límites al uso en el exterior de tarjetas de crédito emitidas en la Argentina.

De esa renegociación, en suma, depende la salud económica argentina en los meses por venir.

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