El título del aviso se asemejó al anuncio de una película. "Se viene PP2". Transcurridos más de tres años desde el puntapié inicial de los Panama Papers , esta vez avanzaríamos sobre "el día después". Es decir, qué pasó en el mundo offshore desde que se publicó la primera nota de aquella investigación, el domingo 3 de abril de 2016, y hasta que el estudio panameño Mossack Fonseca cerró sus puertas, más de 1,2 millón de documentos internos después.
Esa cifra abarca de todo. Desde correos electrónicos de unas pocas líneas hasta documentos en formato .pdf que se extienden durante cientos de páginas. Por eso, la búsqueda "artesanal" de nombres debió combinarse con cruces informáticos, entre otros trucos que aportan las nuevas tecnologías. Y a eso sumarle las prácticas más tradicionales del periodismo: llamar por teléfono, reunirse con fuentes y preguntar.
Otra vez, la directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Marina Walker, asumió la voz cantante. Nos convocó al proyecto, nos pidió sigilo y velocidad, y tras la firma previa de un documento con las pautas éticas fijadas por el Consorcio, abrió las puertas al nuevo material.
Mendocina, pero radicada desde hace años en Estados Unidos, Walker nos adelantó que teníamos con poco tiempo para analizar el material, aunque también contábamos con una ventaja obvia: ya habíamos investigado antes al estudio Mossack Fonseca gracias a la filtración obtenida por los generosos colegas del diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Al igual que en investigaciones anteriores, las pautas del ICIJ se cumplieron sin matiz posible. La primera: la confidencialidad. Y para eso resultó clave que las decenas de colegas que se sumaron acataran las reglas de seguridad para compartir la información en una red similar a Facebook, pero encriptada con varios escudos sucesivos de protección. La segunda, la generosidad. Es decir, que cualquier hallazgo de cualquier periodista debía compartirse en esa suerte de Facebook encriptado para beneficio general, bajo pena de expulsión del equipo para futuras investigaciones.
¿La tercera pauta? Aceptar el "embargo periodístico". Es decir, que el material debe prepararse para su publicación, pero bajo ninguna circunstancia puede publicarse hasta la fecha acordada de antemano, ya que se podría entorpecer la investigación global o poner en riesgo a colegas que trabajan en países donde la prensa afronta todo tipo de dificultades. Y el asesinato en Malta de la colega Daphne Caruana Galizia, madre de un miembro del ICIJ, en octubre de 2017, nos sirve de macabro recordatorio a todos los miembros del Consorcio.
El equipo argentino de Paradise Papers abarca a siete profesionales, provenientes de distintos medios: Emilia Delfino y Sandra Crucianelli, del diario Perfil, Mariel Fitz Patrick, por Infobae, y Maia Jastreblansky, Iván Ruiz, Ricardo Brom y Hugo Alconada Mon, del diario LA NACION. Todos convocados por el ICIJ, que determinará luego qué otros colegas argentinos se sumarán a este proyecto y accederán al material, como en anteriores ocasiones, para completar la búsqueda y difusión, y servir como "auditores" del trabajo desarrollado hasta ahora.
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