Complica al Gobierno el enfrentamiento de senadores peronistas

Legisladores rebeldes amenazan al bloque
Gustavo Ybarra
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24 de junio de 2002  

A la interna peronista no la detiene ni siquiera una de las peores crisis de la historia, sino que, por el contrario, se potencia cada día más. Un fiel reflejo de esta situación es el bloque de senadores oficialistas, que, dividido en dos partes, se ha convertido en un polo de tensión que podría cobrar un papel fundamental para el futuro del gobierno de Eduardo Duhalde.

No hace falta retrotraerse demasiado en el tiempo para recordar que fue en el Senado donde empezó a definirse la suerte del ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov. La negativa de la bancada peronista a debatir la primera versión del plan bonos fue el último empujón para que el economista bonaerense abandonara el Palacio de Hacienda.

Hace menos de un mes, el Poder Ejecutivo volvió a tambalear al ritmo de los avatares políticos de la Cámara alta cuando la derogación de la ley de subversión económica, una de las condiciones exigidas por el FMI para reanudar las negociaciones por ayuda financiera al país, estuvo a tan sólo un voto de fracasar.

En aquella oportunidad, el Gobierno logró sortear la resistencia de media Cámara alta gracias a la intervención de un gobernador radical, Pablo Verani (Río Negro), que fue determinante para que la senadora Amanda Isidori se retirara del recinto y dejara empatada en 34 la votación. Sólo así el titular provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda (PJ-Córdoba), pudo quebrar la igualdad gracias a su doble voto y alcanzar la derogación de la ley de subversión económica.

Ese extenso y polémico debate fue la carta de presentación para el grupo de ocho senadores rebeldes justicialistas que integran Jorge Yoma (La Rioja), Marcelo Guinle (Chubut), los entrerrianos Graciela Bar y Jorge Busti, los santacruceños Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Fernández y los puntanos Liliana Negre de Alonso y Raúl Ochoa.

Con su rechazo a los deseos del Poder Ejecutivo, estos legisladores se convirtieron en un factor de poder que dividió en dos el bloque oficialista de la Cámara alta.

Desde aquella primera aparición pública la situación ha cambiado para peor.

En la última semana las tensiones entre "díscolos" y los restantes 32 senadores "oficialistas" se han profundizado y amenazan con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno.

Por un lado, los alineados con el presidente Duhalde anunciaron su pretensión de reflotar la olvidada reforma administrativa del Senado.

Más allá de la loable actitud de cumplir con la demorada promesa de achicar gastos políticos en la Cámara alta, detrás de las gestiones se esconde la intención de un sector del bloque peronista -encabezado por la ultraduhaldista bonaerense Mabel Müller- de sancionar la rebeldía de sus compañeros.

Es que la reducción obligará a reformular el actual esquema de presidencias de las comisiones. Muchas de ellas, incluso las consideradas estratégicas, están en manos del "grupo de los 8": Kirchner en Asuntos Constitucionales, Negre de Alonso en Legislación General, Busti en Acuerdos y Guinle en Combustibles. Además, Yoma es vicepresidente de Presupuesto y Hacienda.

Mafia italiana

Alertados acerca de esta jugada, los rebeldes salieron a cubrirse las espaldas y en una conferencia de prensa denunciaron a sus compañeros de bloque -de hecho reivindicaron su pertenencia a la bancada-, de apelar a "actitudes propias de la mafia italiana" para castigar sus disidencias.

No conformes con esto, plantearon una agenda parlamentaria paralela, con lo cual declararon virtualmente su independencia de los designios del Poder Ejecutivo.

Los rebeldes aseguran que su oposición no es a la conducción del bloque, "sino al Gobierno", al que no le reconocen legitimidad. "Acá, hasta que no se vote, nadie puede mandar en el justicialismo", afirma Yoma, que impulsa el adelantamiento de elecciones.

Además, denunciaron al Ejecutivo de haber aplicado represalias mediante el desplazamiento de funcionarios referenciados con el grupo rebelde. En este sentido el más "perjudicado" es el entrerriano Busti.

Del otro lado, los "oficialistas" también están divididos. De hecho, el jefe del bloque, José Luis Gioja (San Juan), no comparte los pedidos de medidas ejemplificadoras que impulsa Müller.

El jueves último, Gioja encabezó una comisión integrada por Carlos Verna, Miguel Pichetto, Oscar Lamberto y Luis Barrionuevo para tratar de convencer a Yoma, Guinle y Busti de que los cambios en las comisiones no serán un castigo a la rebeldía.

Sin embargo, los díscolos prometen continuar con su estrategia de diferenciación y se esperanzan con que algunos de los 32 senadores que todavía respaldan al Gobierno se sumen a su grupo a medida que vayan conociéndose las aspiraciones presidenciales de otros dirigentes justicialistas.

En este escenario, el Poder Ejecutivo tendrá que apostar a su alianza con el radicalismo -de las que muchos senadores peronistas reniegan- para asegurarse la sanción en el Senado de las condiciones que el FMI imponga para reanudar la ayuda financiera, algo esencial para la continuidad de Duhalde hasta diciembre de 2003.

Amenaza

  • Nadie descarta que el Senado se convierta una vez más en escenario de escándalos y complicaciones para el Gobierno. Sucede que los ocho senadores rebeldes del PJ amenazan con aprobar esta semana un proyecto de ley de acefalía para promover elecciones anticipadas presidenciales y, a la vez, impulsar la caducidad de todos los mandatos. A ello se le sumará el controvertido proyecto de ley del ex jefe de Gabinete y actual senador por el peronismo chaqueño Jorge Capitanich, que promueve la inmunidad del directorio del Banco Central a fin de impulsar una amplia reforma al sistema financiero argentino. La propuesta de Capitanich podría completarse con la idea del Gobierno de otorgar inmunidad y autarquía a la superintendencia del Banco Central.
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