Comunicar la gestión ambiental

En un artículo "Medio ambiente, un tema olvidado" publicado recientemente en LA NACION, el autor, Fernando Diez, plantea con mucha razón que las políticas públicas son las grandes ausentes de una campaña en la que lo urgente se ha devorado a lo importante. Y agrega que las cuestiones ambientales están fuera de toda agenda política, haciéndose algunas preguntas que abren una discusión tan necesaria como urgente. Discusión que tiene dos aristas claras.

Respecto a la ausencia de lo ambiental en la campaña, no puedo estar más de acuerdo. No es algo nuevo. Con algunas honrosas y contadas excepciones, no se habla del tema. Y aquí se abren interrogantes como: ¿hay propuestas?, ¿la prensa no se hace eco de ellas? ¿o será que los candidatos creen que la cuestión no trae votos o que a la gente el ambiente no le importa? Preguntas de difícil respuesta.

La segunda cuestión pasa por discernir si la ausencia de lo ambiental en la campaña significa necesariamente que la temática no forme parte de la agenda política. Al respecto, el autor de la nota hace algunas preguntas muy concretas: ¿adoptaremos medidas contra el cambio climático? ¿cuánto tiempo seguiremos subvencionando los combustibles fósiles en detrimento de la inversión en energías renovables? y otras.

Tapado por lo urgente, aún con muchos debes y con decisiones que no satisfacen los intereses de todas las partes, el medio ambiente sí está presente en la agenda. Respecto al cambio climático, la Argentina fue uno de los primeros países en ratificar por ley el Acuerdo de París. Por decreto presidencial creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático cuyo funcionamiento es considerado una buena práctica a nivel internacional. La Argentina fue el primer país del mundo que revisó su Contribución Nacional (NDC) y presentó una Contribución revisada, más ambiciosa, consensuada y transparente un año después de la firma del Acuerdo de París. Como parte de la política de adaptación, se elaboraron los Mapas de Riesgo frente al Cambio Climático (Simarcc), que proyectan impactos en el tiempo a nivel nacional con escala departamental. Bajo la presidencia argentina del G20, se creó un grupo específico de Cambio Climático (Climate Sustainability Working Group), que continuó Japón bajo su presidencia. Se ha presentado un proyecto de Ley de Cambio Climático con el objeto de fijar las pautas necesarias para consolidar una política de estado que trascienda la actual gestión de gobierno y se está elaborando una Estrategia Nacional de largo plazo baja en emisiones (2050). Insuficiente para algunos, correcto para otros, necesario en cualquier caso.

Respecto a las energías renovables, la apuesta del gobierno es clara. A pesar de que el autor de la nota asevera que los combustibles fósiles son subvencionados, salvando un pequeño porcentaje para Vaca Muerta, no hay subvención para los fósiles. Y si la Argentina está viviendo una transformación pocas veces vista, es precisamente gracias a la política adoptada con las renovables. Los programas Renovar, Mater (mercado a término), Permer (mercados rurales) y de Generación Distribuida contribuyen a que la potencia instalada ronde los 1200 MW, que se hayan comprometidos USD 7.200 millones en inversiones y que, con la adjudicación de la Ronda 3, se habrán adjudicado aproximadamente 6.500 MW de fuentes de generación renovable desde 2016.

Otro punto destacable de la gestión ambiental es la creación de áreas naturales protegidas. En 2018, la Argentina alcanzó un récord histórico prácticamente duplicando la superficie de los parques nacionales -terrestres y marítimos-, una herramienta fundamental para la conservación de las riquezas naturales de nuestro país.

No es objeto de esta nota dar a conocer qué está haciendo o no el actual Gobierno en esta importante cuestión. Me temo que éste y otros importantes temas como la salud, la educación o la ciencia estarán ausentes mientras la situación económica no mejore. La cuestión ambiental no debe ser sólo una promesa campaña -si apareciera- o parte testimonial de la agenda. La sociedad toda –los ciudadanos- es la que tiene que demandar su inclusión en las propuestas y las políticas públicas.

Tenemos el derecho de un ambiente sano y equilibrado, y también el deber de protegerlo. Hay mucho para hacer, mucho que discutir. Al respecto, el gobierno debería motorizar debates pendientes -minería, agroquímicos, energía nuclear, etc.- que dividen las aguas. El camino es arduo; cada actor, desde su lugar, debe contribuir a esto. A la hora de elegir cómo vivir, qué hacemos de los recursos naturales, las alteraciones resultantes de nuestras decisiones mejorarán o perjudicarán aún más a las generaciones presentes y futuras. De nuestra decisión depende.

El autor fue director general de la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña

Federico Caeiro