Con 5 denuncias, el PJ y Cambiemos definen el juicio político de Rodríguez

Como si se tratara de un cisne negro, el escándalo que envuelve al juez Luis Rodríguez obligó al oficialismo a revisar su relación con los jueces federales durante este año electoral. El pedido de juicio político impulsado por su aliada Elisa Carrió seguramente no registre la virulencia de lo ocurrido en casos similares, como cuando el oficialismo se puso al frente de la embestida contra los camaristas que beneficiaron a Cristóbal López , que fueron desplazados de sus cargos días después de firmar el fallo. "Prudencia" y "cautela" son las palabras que repiten desde la mesa chica judicial del Gobierno, que tocará el tema esta semana.

En el macrismo se preocupan en señalar que la investigación avanzará en el Consejo pero a medida que aparezcan pruebas que sostengan el proceso contra el juez Rodríguez, acusado por la viuda de Daniel Muñoz de recibir US$10 millones para beneficiar al exsecretario privado de los Kirchner en un expediente.

La repercusión sobre la causa de los cuadernos, la denuncia cruzadas y las internas dentro de Comodoro Py son elementos que ya evaluó el oficialismo para acentuar su "prudencia" en el proceso que podría terminar con un juicio político. Incluso -repiten- podría ser la Justicia penal quien recogiera las pruebas en la investigación contra el juez para potenciar el expediente en el Consejo.

El oficialismo estaba dispuesto a mantener en calma su relación con Comodoro Py en este 2019 electoral. "Ya compramos los pochoclos para ver esa pelea", graficaba hace apenas unos días una fuente de la mesa chica judicial cuando se avecinaba la confesión ofrecida por el fiscal Stornelli sobre el juez Rodríguez. Pero ahora el conflicto le tocó la puerta.

Son cuatro las denuncias que quedaron registradas en el Consejo. Dos realizadas por Carrió y otras dos aportadas por el abogado Ricardo Monner Sans, expedientes que no se acumularían, sino que se dividirían por tema, indicaron fuentes oficiales. Es decir, por un lado se investigaría el supuesto mal desempeño de Rodríguez en la causa que investigaba los bienes por US$70 millones de Muñoz en el exterior y, por otro lado, la confesión de Pochetti sobre el supuesto pago de sobornos para favorecerlo. Los expedientes, por ahora, están a cargo del juez Juan Manuel Culotta y el consejero Diego Molea respectivamente.

Mañana se sumará una nueva denuncia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La comisión de Disciplina y Acusación tratará esta semana por primera vez las denuncias, informaron fuentes oficiales. Al despacho del senador Miguel Angel Pichetto, que preside la comisíon, llegó el viernes una nota enviada por la senadora radical Inés Brizuela que pidió avanzar con distintas medidas de prueba, entre ellas, convocar a Pochetti, la viuda de Muñoz, a declarar ante el Consejo para que brinde más detalle sobre el supuesto soborno.

"Es imprescindible que el Consejo investigue al juez Rodríguez por la gravedad de la acusación", sostuvo ayer el diputado Pablo Tonelli, un oficialista que despierta simpatía en Carrió por su intención de investigar jueces. Otros consejeros oficialistas, más cercanos a la influencia de Daniel Angelici, prefirieron ni siquiera referirse al tema.

El Gobierno, con la llave en el Consejo para impulsar investigaciones contra jueces sospechados de corrupción, tenía decidido este año dejar en stand-by algunos procesos en ese organismo, como por ejemplo los que involucran a Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo, dos referentes de Comodoro Py, por temor a las consecuencias judiciales.

"Las causas vienen demoradas de la composición anterior. Espero que esta vez podamos ir a fondo", aseguró la diputada Graciela Camaño, que asumió en diciembre en el Consejo. En la misma línea que el gobierno, los representantes de los jueces también aplicarían matices sobre el caso Rodríguez. La postura de los magistrados será clave para que avance la investigación en el Consejo, ya que Culotta podría instruir uno de los expedientes contra Rodríguez y Alberto Lugones también integra la comisión de Disciplina y Acusaciones. "Los elementos que tenemos hasta ahora son débiles. La declaración de un arrepentido no alcanza para destituir a un juez", afirmó el consejero Lugones. Y agregó: "Primero debería avanzar la Justicia penal y, si se suman pruebas, entonces avanzará también el Consejo".

Rodríguez fue designado en 2011 como parte de un acuerdo del kirchnerismo con Pro. Envuelto en la polémica por un concurso sospechado, Rodríguez fue uno de los cuatro jueces elegidos por la entonces presidenta, pero con el visto bueno del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, que aprobó su inclusión en la terna.