Con agenda acotada en Cuba, el vice ni siquiera pudo bajar el fallo por Internet

Boudou asegura que no renunciará ni pedirá licencia; postergará un día su regreso al país
Mariana Verón
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29 de junio de 2014  

Se enteró cuando estaba en una reunión con funcionarios cubanos, de quienes no trascendieron los nombres por pedido de los anfitriones. Está casi encerrado, pero no por su decisión, sino por la del gobierno de Cuba, que le destinó una de las casas de protocolo en las afueras de La Habana y salir, aunque sea para un paseo, es casi una misión imposible. Su secretario privado, Eduardo Cachi Romano, el mismo que debió declarar como testigo en la causa Ciccone, le dio la noticia. Era la única persona que lo acompañaba. Ni siquiera pudo leer el fallo. La conexión de Internet en la isla le complicó bajar las 333 páginas del procesamiento del juez Ariel Lijo.

El vicepresidente dejó trascender ayer que no renunciará ni pedirá licencia a su cargo después de haber recibido el golpe más fuerte de su corta carrera política. Aunque en su entorno dijeron que está tranquilo, la decisión del juez lo obligó a cancelar la gala que tenía pautada anteanoche para ver El Lago de los Cisnes, en la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.

Boudou pasó su tercer día de visita oficial a La Habana con un encuentro con la directora general del puerto del Mariel, Ana Teresa Igarza Martínez; el embajador del Cono Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Antonio Miguel Pardo Sánchez, y el director de Planificación y Desarrollo, José Ignacio Galindo Pérez. Evitó hablar y acordó con su abogado, Diego Pirota, que fuera él quien diera la cara en los medios, con duras críticas al juez.

Por el momento, el vicepresidente mantendrá su viaje. Hoy por la noche volará de Cuba hacia Panamá, donde mañana y el martes participará de la asunción del nuevo presidente, Juan Carlos Varela. Pero volverá recién el miércoles por la noche o el jueves de madrugada al país, con lo que no estaría para presidir la sesión en la que el oficialismo espera aprobar la nueva moratoria jubilatoria. Ya fue alertado Gerardo Zamora, que deberá reemplazarlo.

Su estrategia es el silencio y dejar que sus abogados den los lineamientos generales. Ayer Pirota y Eduardo Durañona emitieron un comunicado en el que cargaron duro contra Lijo. Lo acusaron de haber "tejido una novelada conjetura basada en ciertos relatos periodísticos" y de armar "una historia fabulada". Anunciaron que, obviamente, apelarán la decisión ante la Cámara Federal. Incluso Pirota comparó los argumentos del juez con la causa por sobornos contra el ex presidente Fernando de la Rúa, que se basó en los cruces de llamadas telefónicas de los involucrados en la historia. Él conoce de cerca ese expediente por haber defendido a Fernando de Santibáñez. Si hay un texto que Boudou lee y relee en los últimos meses es justamente el alegato del ex presidente en su juicio oral, donde fue declarado inocente, y en particular reparó en el detalle que da De la Rúa sobre los grados de la amistad de sus conocidos o amigos, un argumento que ahora usa Boudou para desvincularse de lo que hizo su socio, José María Núñez Carmona, y Alejandro Vandenbroele.

La esperanza del vicepresidente está puesta en la Cámara Federal. Desde que Lijo lo llamó a indagatoria, Boudou sostuvo que sería procesado. Sólo lo sorprendió el momento elegido por el juez, poco más de dos semanas de su declaración. "Lo esperábamos para más adelante, pero a nosotros en definitiva nos conviene ahora", reflexionó un allegado al vice, que cree que la noticia se diluirá entre el Mundial de fútbol y la crisis con los fondos buitre.

Si hasta hace un día Boudou criticaba sin tapujos a la familia Ciccone, ahora los trata como sus aliados. Inesperadamente, la decisión del juez de procesarlos a todos terminó por ser la llave para que toda la causa caiga en algún momento. Ayer el abogado defensor de los dueños de la imprenta de papel moneda, Maximiliano Rusconi, dijo sentirse engañado por el juez y ese cambio de testigos a imputados que el magistrado definió en la mitad de la investigación es ahora la pieza que le servirá al vicepresidente para atacar la instrucción de la causa.

Por otro carril correrán sus consideraciones políticas. De Cristina Kirchner dependerá que lo autorice a hacer en público el descargo político que había prometido. No era otra cosa que ventilar acusaciones durísimas contra Lijo.

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