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Con enmiendas, la ley de lavado de dinero regresa a Diputados

El Senado le introdujo cambios que limitan la posibilidad de hallar culpables.
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23 de marzo de 2000  

No se recuerda una ley tan enmendada: los senadores peronistas dieron marcha atrás con el artículo del proyecto de ley de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que limitaba la posibilidad de encontrar a los culpables de esta práctica ilegal.

La iniciativa, que fue aprobada anoche, modifica en este punto la sanción de la semana última, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputados para su última revisión.

Ayer, la oposición pidió una reconsideración del polémico artículo a raíz de las críticas que éste había generado. El bloque del PJ, entonces, impulsó una norma más amplia, lo que fue acompañado por la Alianza.

En la sesión anterior, la oposición había convalidado un texto que restringía la posibilidad de hallar pruebas en contra de los lavadores de dinero. Sólo dejaba en pie la figura penal del dolo directo (con intención expresa de cometer un ilícito) y dejaba afuera la figura del dolo eventual (cuando el imputado se imagina que puede estar cometiendo un delito y persiste en su actitud).

En su oportunidad, la Alianza había criticado esta redacción y avalado el dictamen de la Cámara de Diputados, que incluía el dolo eventual. Lo curioso es que la propuesta de restringir la sanción penal había surgido del propio senador José Genoud (UCR-Mendoza), que en el recinto se mantuvo en silencio y dejó solo al PJ a la hora de la votación.

"Esto nos mortifica y nos preocupa", aseguró ayer el presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Régimenes Carcelarios, Angel Pardo (PJ-Corrientes) al pedir los cambios.

Así, el texto que ayer se modificó, integra estas dos figuras penales. El castigo para quien intervenga en una operación de lavado de dinero será de dos a diez años de prisión y multa.

El proyecto de ley de lavado de dinero proveniente de hechos ilícitos (como el narcotráfico) tiene como objetivo otorgar a la Justicia mayores herramientas para combatir este delito.

Urgencia oficial No es novedad la urgencia del Gobierno por obtener esta ley, reclamada también desde los Estados Unidos.

La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, en septiembre último, era mucho más estricta que la que prosperó en la Cámara alta. Los senadores del PJ y de la Alianza hicieron un mix de propuestas e impulsaron modificaciones al texto original, debido a las advertencias del ministro de Economía, José Luis Machinea. El funcionario había alertado que si se avanzaba con excesivos controles sobre la actividad financiera podía producirse una fuga de capitales.

El senador Jorge Yoma (PJ-La Rioja) acusó ayer a la Alianza de dejarse influenciar por los banqueros.

Los senadores avanzaron con la norma por etapas. La semana última aprobaron seis capítulos y anoche terminaron con el trámite legislativo que les compete.

La UCR y el PJ acordaron anoche incluir en el texto la inhabilitación especial y perpetua para ocupar cargos públicos a aquellos funcionarios que hayan cometido este delito.

El punto medular de este proyecto de ley es la creación de una Unidad de Información Financiera (UIF), que será la encargada de investigar operaciones sospechosas de lavado de dinero y de elevar esas pruebas a la Justicia.

Luego de un intrincado debate, el texto sancionado establece que esta entidad tendrá autarquía funcional, pero dependerá del Ministerio de Justicia. Este criterio modifica el proyecto de la Cámara de Diputados, que otorgaba al organismo total autarquía, independiente de los controles políticos.

Yoma defendió la opción elegida por los diputados. "Esto que estamos sancionando no sirve para nada", opinó el legislador, y calificó a la UIF de organismo de "amorfo, inservible y apéndice del Poder Ejecutivo".

Los aliancistas mantuvieron las facultades ampliadas de la UIF, cosa que en un principio el PJ quería restringir.

También a instancias de Machinea, los aliancistas impulsaron ayer la ampliación de la cantidad de miembros de la UIF, de 10 a 11. El nuevo integrante será de la cartera económica.

Diputados del oficialismo y de la oposición intervinieron en la nueva redacción de la iniciativa para evitar que las modificaciones sean rechazadas ahora por la Cámara baja. Entre la sanción en general y la sanción en particular pasaron casi tres meses debido a discrepancias en la Alianza por la dependencia de la UIF.

Variantes de último momento

  • Justicia: el bloque del justicialismo modificó el texto votado la semana última para ampliar el alcance de las sanciones previstas en el proyecto de ley de lavado de dinero y permitir, así, que fuera de más fácil comprobación judicial.
  • Uno más: la Unidad Información Financiera (UIF) se amplió de 10 a 11 miembros, ya que se sumó un delegado del Ministerio de Economía, por solicitud expresa del titular de esa cartera, José Luis Machinea.
  • Añadido: el justicialismo pidió la incorporación de un párrafo que otorgue a la UIF facultades para reglamentar quiénes están obligados a informar sobre actividades económicas sospechosas.
  • Autonomía: la UIF tendrá autonomía funcional, pero dependerá del Ministerio de Justicia.
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