Con Fernández, ¿se viene una nueva ley de emergencia?

Laura Serra
Laura Serra LA NACION
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17 de septiembre de 2019  • 00:56

Ganar las elecciones de octubre no es el objetivo de máxima de Alberto Fernández. El candidato presidencial del Frente de Todos va por más: su pretensión es ampliar la ya abultada diferencia con que derrotó a Mauricio Macri en las primarias de agosto y superar, con creces, el 50 por ciento de los votos. Un resultado así de contundente, se ilusionan en su entorno, le permitiría ganar autoridad en el frente interno, ejercer un mayor control del Congreso y poner en marcha, con estas fortalezas adquiridas, los planes que tiene en mente para encarar la complejidad económica y social que le esperará cuando asuma en diciembre. El "pacto social" que tanto pregona en campaña sólo podrá cristalizarse con un Alberto Fernández empoderado por las urnas, fuente de legitimidad indiscutida, aseveran en el "albertismo".

La primera acción que encarará Fernández, de resultar electo en las elecciones, será plantear la situación de emergencia que vive el país. Este será el punto de partida, el marco referencial con el que pretende iniciar las negociaciones por el "pacto social" con sindicatos y empresarios: una suerte de tregua para frenar la escalada de precios y la caída del poder adquisitivo de los salarios, el punto de arranque de lo que imagina el círculo virtuoso de una economía productiva. El paraguas de la "emergencia" podría disuadir a los que hoy muestran reticencias hacia ese pacto, esgrimen en el Frente de Todos.

¿Esto implicaría la decisión de avanzar en una nueva ley de emergencia, a semejanza de la norma que se votó con el estallido de la crisis de 2001? Nadie en su entorno se atreve a anticiparlo, pero la idea seduce a algunos dirigentes allegados al candidato. Es que aquella ley de 2002 delegaba en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica. La norma estuvo vigente durante catorce años; el kirchnerismo la prorrogó de manera sistemática durante toda su gestión aun cuando la mejora en la situación económica y social no lo ameritaba. Al asumir su mandato, el presidente Mauricio Macri decidió no renovarla, por lo que perdió vigencia en enero de 2016.

La situación es ahora distinta, sostienen algunos dirigentes cercanos al candidato del Frente de Todos. A diferencia de la actitud que tuvo Macri al asumir su mandato en 2015, Fernández será impiadoso al cuestionar la herencia recibida. En su momento Macri, aconsejado por su jefe de Gabinete Marcos Peña y el consultor Jaime Durán Barba, optó por trazar un panorama optimista del futuro antes de describir la explosiva situación económica y social que había heredado del kirchnerismo. Por el contrario, de ganar las elecciones Fernández procurará instalar en la conciencia colectiva de que el país, lejos de vivir una situación de normalidad, atraviesa por un estado de emergencia.

Algo de este discurso anticipó el diputado Felipe Solá, quien acompañó recientemente a Fernández en su gira por España y Portugal. Lo hizo el sábado pasado durante la clausura de la XXII Jornada de Pastoral Social ante 700 dirigentes políticos y sociales de diversas extracciones.

"El país está en emergencia -planteó Solá-. La emergencia supone poner la cabeza en emergencia. Hay que cambiar la manera de pensar, mirar cada problema desde la emergencia y tener muy claras las prioridades". El diputado enfatizó que, desde este marco, se planteará el "pacto social" que Fernández viene anticipando en su campaña. "Será un pacto corto, de uno o dos meses y limitado -en esta etapa- a cambiar el modelo económico y social".

Solá no hizo alusión a una ley de emergencia, aunque otros, en reserva, sí la plantean como alternativa. Dentro del peronismo hay dirigentes que desaconsejan esta vía. "Cuando Néstor y Cristina Kirchner comenzaron a abusar de las facultades extraordinarias, de los superpoderes presupuestarios, empezamos a perder a la clase media y a los grandes centros urbanos en las elecciones. No creo que sea necesario reeditar la ley de emergencia; sería un error. Después de todo, Macri nos podrá decir y con razón que él pudo gobernar sin apelar a esa norma pese a la crisis y a tener minoría en el Congreso", razonaba un encumbrado diputado peronista.

El oficialismo intuye la discusión que se viene. Será por eso que, como estrategia de campaña, apelará en las semanas que restan hasta las elecciones al voto útil para evitar el retorno del hegemonismo delegativo con que los politólogos suelen rotular a los 12 años de era kirchnerista. "Llegar al ballottage garantiza el equilibrio de poderes. Es muy importante que nadie tenga la suma del poder público", afirmó, a manera de advertencia, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

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