Con la mira en el día después de las elecciones

Roberto Fernández, el jefe de los colectiveros, es un viejo burócrata sindical que a veces tiene problemas para expresar lo que quiere decir. Los colectiveros dependen de los millonarios subsidios que el Gobierno les transfiere a las empresas. Son, de alguna manera, empleados estatales. Quizá por eso Fernández prefirió protegerse en la CGT oficialista, aunque de vez en cuando le dio una mano a Hugo Moyano. En la última huelga general convocada por Moyano, Fernández lo traicionó un día antes. No se plegó al paro y el paro fracasó. Ayer cambió y dio un giro de vértigo. La masiva huelga de la víspera fue convocada por los gremios del transporte que tuvieron a Fernández como su organizador y exiguo vocero.

Fue algo más que una adhesión; ellos fueron los que impulsaron todo.

Un protagonista inesperado apareció en medio de la carrera electoral por la presidencia. Los sindicatos habían guardado silencio desde aquella huelga frustrada de Moyano, pero ayer recobraron un lugar de primer orden en la política. Fue un ensayo de reunificación del gremialismo, que sucederá seguramente antes de fin de año. De la huelga participaron no sólo los gremios del transporte; también la CGT rebelde de Moyano, la escasa de Luis Barrionuevo, la CTA opositora de Pablo Micheli y varios gremios que militaban en la CGT oficialista. El gesto más notable fue el de la CGT oficialista del metalúrgico Antonio Caló: declaró la libertad de conciencia de sus afiliados para que adhieran o no al paro. Fue una manera elíptica de convocar a la huelga.

Como se ve, sindicatos opositores y oficialistas están a sólo centímetros de la reconciliación. Tal vez el obstáculo más importante que tiene ese reencuentro es resolver qué harán con los líderes que encabezaron la división, Moyano y Caló. Dónde colocarán a uno y dónde, al otro. La larga recesión de la economía argentina y la imparable presión impositiva dejaron sin argumentos a los oficialistas. Su riesgo no es perder un debate político con los caudillos de los sindicatos opositores, sino perder sus propios gremios a manos de la izquierda que les muerde los talones. Ese riesgo lo tienen todos los sindicatos ortodoxos, estén en la vereda que estén.

Los sindicatos se preparan también no para las elecciones (en las que no pueden influir de manera decisiva), sino para el día después. Sea quien fuere el próximo presidente argentino, desde el neoperonista Daniel Scioli al antiperonista Mauricio Macri, pasando por el peronista transversal Sergio Massa, cualquiera de ellos merecerá un mensaje de poder por parte de los sindicatos. Y no hay mejor mensaje para decir eso que mostrar un bloque sólido y unificado.

Los sindicatos tradicionales argentinos han luchado siempre para mantener la unificación de la personaría gremial. No quieren dos CGT. De hecho, a la CTA no le permitieron nunca tener esa personería. Néstor Kirchner tuvo que desdecirse de una promesa electoral de reconocimiento formal que le había hecho a la CTA porque Moyano lo presionó: o él o la CTA. Otra cosa es lo que ellos hacen en los hechos. Ahora hay todavía dos CGT, pero es una decisión de la corporación sindical, no de los afiliados. Tampoco esa división cuenta con el respaldo de la ley. Es una pelea de amigos, que siempre puede resolverse entre amigos.

Se agota, además, el ciclo rupturista que significó la administración de Cristina Kirchner. Lo que vendrá será necesariamente más frágil que lo que se va. No podrá repetirse la experiencia de una presidenta peronista que mantuvo y agravó el impuesto más reaccionario que existe, el de las ganancias, que incluye a trabajadores y a jubilados. Ni un ministro de Economía con formación marxista que le parece bien vaciarles el bolsillo a los trabajadores. El impuesto a las ganancias ("el impuesto al trabajo", como lo llama Moyano) fue el principal motivo de la huelga de ayer. Los sindicatos están por abrir el período de paritarias (algunos ya lo abrieron) y el mínimo no imponible es muy obsoleto. El tope de 15.000 pesos, que es el que rige para la mayoría de los trabajadores, se fijó hace un año y medio. Hay un 40 por ciento acumulado de inflación que el Gobierno no reconoce.

La administración nacional se quedará con el 35 por ciento de los aumentos que se consigan en muchísimos casos. La situación de cada sindicato es distinta. Algunos (como los bancarios o los camioneros) tienen a casi el 80 por ciento de sus afiliados comprendidos por ese impuesto. Otros tienen porcentajes de afiliados muy menores.

El Gobierno, a su vez, no tiene mucho margen para subir el mínimo no imponible, porque la actividad económica no se recupera. En tanto está impedido de una mayor recaudación genuina por la recesión, necesita mantener la presión sobre los que todavía trabajan o sobre las actividades que no cayeron. El conflicto se agrava cuando los que gobiernan no reconocen ni la inflación ni la recesión. No se trata de discutir sobre el problema, porque para ellos el problema no existe. Sólo falta que el cristinismo declare por decreto la inexistencia de los problemas.

En una vieja cadena nacional, la Presidenta dijo que necesita el dinero de ese impuesto para financiar los planes sociales. ¿Y el dinero que se va en Fútbol para Todos, en Aerolíneas Argentinas o en los subsidios para el consumo de servicios públicos en la Capital y el conurbano bonaerense? ¿De qué planes sociales está hablando? ¿Acaso de los que se distribuyen sin reglas, requisitos ni contraprestaciones? ¿Es ésa una manera de resolver el conflicto social, de promover la vocación por el trabajo? Seguramente, no. Como una burguesa que es, la Presidenta confunde a menudo la revolución con obras de caridad.

Una parte no menor de la sociedad la sigue por esa senda de cierta frivolidad. El mes de enero fue generoso en gastos de turismo, como lo publicitó incansablemente el Gobierno. En ese mismo mes, cayó un 30% la venta de autos. En enero y febrero, la actividad industrial se desplomó un 5%, según una evaluación de FIEL.

Cristina Kirchner acaba de anunciar un nuevo plan para comprar electrodomésticos en cuotas. Pero las dos grandes empresas eléctricas están definitivamente quebradas. Hubo barrios de la Capital y el conurbano que en el verano (y también en el otoño) no tuvieron electricidad hasta durante 15 días. ¿De qué servirían los electrodomésticos si no hay electricidad buena y segura? La experiencia cristinista pasará a la historia como un manual perfecto del populismo. Sin embargo, un sector social importante está cada vez más pendiente del corto plazo. Los gremios miran, aunque fuere impulsados por el interés y la mezquindad, plazos más largos que la próxima cuota del lavarropas.

Costos millonarios

El impacto económico de la jornada de paro nacional

Industrias manufactureras

Fue el rubro que más pérdidas representó para la economía, con 506 millones de dólares. La huelga afectó al 56% de la producción industrial. Pero con el 68%, la construcción sufrió un impacto mayor

1426 millones de dólares

Es el costo sumando todos los sectores afectados, estimó el Centro de Estudios Económicos de OJF &Asociados

42% del producto

Es lo que representa el costo de la huelga sobre la base del valor producido diario