Con pocas voces en contra, el Senado trata el proyecto de ley

Gabriel Sued
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25 de abril de 2012  

Con un respaldo cercano al 90 por ciento de los senadores durante la votación en general, la Cámara alta aprobará hoy el proyecto de ley que declara de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y determina la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

Aunque durante la votación en particular la oposición reclamará cambios en el dictamen firmado por el oficialismo, sólo cinco senadores (de 72 que conforman la Cámara) anticiparon que no votarán a favor de la iniciativa. Son tres del Peronismo Federal, Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre de Alonso y Juan Carlos Romero, que presentará un proyecto alternativo; una de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, y una del Frente Amplio Progresista (FAP), Norma Morandini.

Esta última es la única que optará por la abstención, a diferencia de los restantes senadores de su bloque, que decidieron votar a favor en general y pedir modificaciones durante la discusión en particular. Eso mismo harán los senadores de la UCR, los demás miembros del Peronismo Federal (entre ellos, Sonia Escudero y Carlos Reutemann) y otros senadores que en algunas votaciones acompañaron al oficialismo, como el pampeano Carlos Verna y el porteño Samuel Cabanchik.

El que también anticipó que votará a favor es Carlos Menem, el presidente que impulsó la privatización de YPF, en 1992, apoyada por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.

En un debate que comenzará a las 10 y que se extenderá durante todo el día, la oposición señalará los errores del Gobierno en materia de política energética, marcará la contradicción que significa para el peronismo estatizar una empresa cuya privatización promovió 20 años atrás y presentará propuestas para modificar el dictamen aprobado la semana pasada.

En 19 artículos, la iniciativa propone declarar de interés público el autoabastecimiento, la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización de hidrocarburos, y expropiar el 51% de las acciones de YPF que hoy controla la empresa española Repsol, a cambio de una indemnización que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

De las acciones estatizadas, se prevé que el 51% le quede a la Nación y el 49 restante, a las diez provincias petroleras.

A esta última cuestión apunta uno de los planteos acordados por el bloque radical y que también agitará el FAP. Es el reclamo para que todas las provincias, y no sólo las petroleras, participen en las utilidades de la nueva YPF. "Si las provincias petroleras ya se quedan con las regalías, ¿por qué no se pueden distribuir las utilidades entre todas las provincias?", dijo el cordobés Luis Juez (FAP).

La UCR propondrá una auditoría integral de las áreas de exploración y de explotación, y que la expropiación del 51% no apunte sólo a Repsol, sino, en partes iguales, a todos los accionistas de la compañía. Entre ellos, al grupo Petersen (de la familia Eskenazi), que, con la anuencia del gobierno nacional, adquirió el 25% de las acciones de YPF en 2008, a pagar con los dividendos que distribuyera la propia petrolera. A este reclamo se sumará parte del PJ Federal.

Los radicales plantearán asimismo el establecimiento de un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo sobre el precio a pagar a Repsol, la participación de los trabajadores en el 10% de los dividendos que no se reinviertan y la obligación de que la nueva YPF sea auditada por la AGN.

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