Con reglamentaciones aún pendientes, la ley de medios cumple cuatro años

La norma está vigente, pero todavía no se elaboró el plan técnico necesario para la creación de nuevas emisoras; en varios casos, la Afsca aplicó el texto legal con interpretaciones cuestionadas
José Crettaz
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10 de octubre de 2013  

La ley de servicios de comunicación audiovisual fue aprobada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial el sábado 10 de octubre de 2009, hace hoy cuatro años. El proyecto había sido anunciado por la presidenta Cristina Kirchner el 18 de marzo en un acto realizado en el Teatro Argentino de La Plata y había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 17 de septiembre, casi tres meses después de la derrota electoral del kirchnerismo en las elecciones legislativas de junio de ese año. Con excepción de los cuatro artículos impugnados por el Grupo Clarín ante la Justicia -sobre lo que se espera un fallo definitivo de la Corte Suprema antes de fin de año-, toda la norma está vigente.

A pesar del apuro inicial, la Presidenta reglamentó parcialmente la norma varios meses después: el 1° de septiembre de 2010. De los 166 artículos que la componen, sólo fueron reglamentados 72 (el 43%). Del resto, 80 siguen sin reglamentación (48%) y 14 sólo fueron reglamentados parcialmente (9%). Entre los artículos que aún no se encuentran operativos hay algunos que son de forma, pero muchos otros son clave, como los que ordenan la elaboración de un plan técnico que determine la situación del espectro radioeléctrico y permita aplicar el resto de las disposiciones (por ejemplo, la asignación del 33% de las frecuencias a entidades sin fines de lucro). El último plan técnico es de la TV analógica y data de 1981.

Pero a pesar de ese faltante la Afsca convocó a mediados de 2011 un concurso para crear 220 nuevos canales de TV en todo el país, lo postergó varias veces y finalmente, el 23 de julio de 2012, lo dejó "sin efecto" por falta de interesados. En ese momento se prometió un nuevo pliego, que nunca se elaboró. La última novedad se produjo el lunes pasado: de manera directa y con un airado voto negativo del representante de la oposición, Marcelo Stubrin, la Afsca otorgó permisos provisorios a 20 canales de TV de baja potencia. Entre los objetivos de la nueva ley figuraba precisamente la erradicación de disposiciones provisorias, transitorias o precarias.

El organismo que conduce Martín Sabbatella aprobó varios concursos para radios FM y una AM, pero en todos los casos se trató de convocatorias realizadas entre 2005 y 2007, mucho antes de la sanción de la ley.

En cambio, canales de televisión de empresarios afines al kirchnerismo, como CN23 (Sergio Szpolski y Matías Garfunkel), C5N (Cristóbal López) y 360 TV (Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) -creados en los últimos años-, se transmiten por la plataforma estatal de TV digital abierta, sin que hubiesen pasado por ningún concurso ni tengan licencia para hacerlo, con el argumento de que se trata de una tecnología experimental.

Mientras tanto, una contabilidad de las resoluciones de la Afsca ofrece también un saldo negativo. Entre enero de 2010 y septiembre de 2013, el organismo dictó 835 resoluciones de autorización, adjudicación y asignación de licencias para nuevos medios (radios AM y FM, canales de TV abierta y sistemas de TV por cable o satélite). De esa cifra, sólo 261 fueron dictadas a partir del nuevo marco legal. El resto son expedientes iniciados por el antiguo Comfer, que crean medios que no pueden ser considerados hijos de la nueva ley. Aquellas 261 resoluciones autorizaron la creación de 1277 nuevos medios, de los cuales el 93,4% son estatales: de gobiernos provinciales, municipales, escuelas de gestión pública y universidades nacionales. De los restantes, 34 son cooperativas de servicios públicos, 29 son particulares o empresas privadas, 21 son comunidades aborígenes y seis son asociaciones civiles.

Las resoluciones de la Afsca

Sin embargo, que esos medios tengan autorización para emitir no significa que en la realidad lo estén haciendo. Para que eso ocurra es imprescindible que la Afsca dicte para cada caso una resolución adicional, de habilitación. Hasta el mes pasado, había dictado 596 resoluciones de ese tipo, pero apenas una decena se derivan del nuevo marco legal (entre ellos, cuatro cooperativas y dos privados que instalaron servicios de TV por cable, y una FM de la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida por sus pastores brasileños).

En varias localidades del interior (como en el caso testigo de Villa del Rosario, Córdoba) se libran ahora batallas judiciales y administrativas entre pymes del cable y cooperativas por los abonados. También reclaman organizaciones de pueblos originarios, como el Consejo Nacional Indígena, que acusa al gobierno de entregar a ONG kirchneristas las autorizaciones previstas en la ley para pueblos aborígenes.

El gobierno tampoco creó el Consejo Honorario Consultivo de Medios Públicos, que debe asesorar a Canal 7 y Radio Nacional. Por ese motivo, la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional presentó una denuncia contra la Presidenta. Tampoco está completo el directorio de la Afsca, porque la Presidenta se niega a aceptar la designación de Alejandro Pereyra, representante propuesto por la segunda minoría parlamentaria (Frente Cívico y Social), tal como prevé el artículo 14 de la ley. Del 7-D, día en que venció el plazo de presentación de las propuestas de adecuación de los grupos que quedaron al margen de la ley, sólo quedó el eco de las amenazas de Sabbatella.Según el funcionario, de los 21 grupos o particulares obligados a "adecuarse" sólo uno se negaba: el Grupo Clarín. A siete meses de aquellos promocionados planes, la Afsca aprobó un puñado (como el de DirecTV), pero en ningún caso hubo desinversión. Y tampoco intimaciones.

En ese contexto siguen abiertas varias polémicas que se volvieron tema tabú para la Afsca: las incompatibilidades de Telefónica de España para controlar simultáneamente en la Argentina un canal de TV (Telefé) y una empresa de servicios públicos (Telefónica); el reparto de licencias entre amigos y familiares de José Luis Manzano y Daniel Vila, dueños del Grupo Uno Medios, o el exceso de emisoras de radio que puede tener un sólo licenciatario, como el caso de la familia Moneta, entre otros. En cambio, se aprobó en un trámite exprés la transferencia de las radios de Daniel Hadad a Cristóbal López, lo que exigió una interpretación extremadamente amplia de la ley que para otros se aplica de manera radical.

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