Condicionan los gobernadores del PJ un pacto con De la Rúa

Está sujeto a la descentralización de los programas sociales; sin apoyo legislativo.
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22 de marzo de 2000  

Los gobernadores del PJ condicionaron ayer la firma del Compromiso Federal para el Gasto Social que el Gobierno busca cerrar con ellos a que les garanticen la descentralización de los planes asistenciales.

Negaron, a su vez, haberse comprometido a cambio de este entendimiento a un veloz trámite parlamentario de los proyectos de reforma laboral y de emergencia económica.

"Hasta que no veamos el borrador que nos prometió Terragno (Rodolfo) -jefe de Gabinete- y que nos garantice el manejo equitativo de los planes sociales, no existe un acuerdo", dijo a La Nación el gobernador Juan Carlos Romero (Salta), uno de los referentes del Frente Federal Solidario, que integran nueve de las catorce provincias administradas por el PJ.

"De la Rúa (Fernando) se comprometió a que todos los ministros del área social coordinarán con Graciela Fernández Meijide (ministra de Desarrollo Social) el trabajo sobre el pacto social. Lo firmamos si se mantiene la idea de que las provincias manejen los fondos que envía la Nación para el tema social", advirtió a La Nación el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, quien se quejó por la decisión oficial de recortar el 70 por ciento de los planes Trabajar.

La propuesta del oficialismo, que ofreció el Presidente anteayer en la Casa Rosada en su primer encuentro con los gobernadores del PJ, cosechó además críticas. Carlos Reutemann (Santa Fe) señaló que el resultado más concreto de la reunión con De la Rúa fue que "en el corto plazo no hay ningún tipo de solución a la vista por parte de la Nación".

El mandatario cordobés, José Manuel de la Sota, sólo dijo que sus funcionarios analizarán el compromiso (que incluiría una ampliación de los recursos para la educación) cuando se redacte, aunque destacó que la audiencia, que los gobernadores habían pedido hace dos semanas a De la Rúa, había sido positiva.

El único jefe territorial de la oposición que se esforzó por mostrarse conciliador con la Casa Rosada fue el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. "Lo vi (por el jefe del Estado) con una voluntad absoluta de encontrar un escalón más arriba para que superemos algo que no es de hoy, que viene desde hace mucho tiempo, y en el marco de la madurez recíproca lo podemos resolver", dijo.

Kirchner esbozó un discurso similar al de la Alianza, que desde que es gobierno se quejó de la herencia del ex presidente Carlos Menem. El gobernador santacruceño lo enfrentó durante toda su gestión.

Sin embargo, esto no es lo que evaluaron ayer los mandatarios peronistas, que en su mayoría condicionaron la firma del Compromiso Federal que se redactará en la Jefatura de Gabinete y que también deberán analizar los gobernadores oficialistas.

Sin ataduras

Los gobernadores del PJ, incluido Kirchner, coincidieron ayer en que no existe un pacto con el Gobierno por el cual a cambio de la firma del Compromiso Federal habrá un apoyo en el Congreso a la reforma laboral y al proyecto de ley de emergencia económica. La primera iniciativa está trabada en el Senado; para la otra, la Alianza no logró aún instalar el debate en la Cámara de Diputados.

"En ningún momento se dijo que el tema social estaba atado a que apoyemos proyectos legislativos", dijo Ruckauf antes de viajar a los Estados Unidos, donde participará de la Asamblea Anual de Gobernadores con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los gobernadores peronistas están enfurecidos con el Gobierno por el recorte de los planes Trabajar. El retaceo del apoyo en el Congreso de las dos leyes que De la Rúa considera clave para su administración sería una forma de "devolver" al Poder Ejecutivo la quita de fondos que en las provincias significan puestos de trabajo.

La decisión es dilatar el apoyo a la reforma laboral lo más posible.

Ruckauf, incluso, alertó sobre la posibilidad de conflictos sociales. Los gobernadores del PJ esperan una respuesta del ministro de Economía, José Luis Machinea, que buscaría créditos en organismos internacionales para financiar los planes laborales.

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