Condicionaron los gobernadores su apoyo a las medidas

Hay inquietud por el origen de los fondos Atan su respaldo a la discusión por la ley de coparticipación Beliz les garantizó que serán recursos de la Nación Obeid cambió de postura y acompañará la iniciativa del Gobierno
Mariano Obarrio
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22 de abril de 2004  

El apoyo de los gobernadores del PJ al plan de seguridad del presidente Néstor Kirchner está condicionado a la discusión, aún incierta, sobre la nueva ley de coparticipación federal que el Gobierno debe enviar al Congreso antes del 31 de mayo, según el acuerdo firmado en septiembre último con el Fondo Monetario Internacional.

Todos los gobernadores le reclaman a la Casa Rosada que precise de dónde saldrán los recursos para el fondo de 1000 millones de pesos que financiará el programa.

También exigen -excepto el mandatario bonaerense, Felipe Solá- medidas dirigidas a las provincias del interior, por cuanto entienden que el plan es centralista y está orientado sólo al problema de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

La sospecha que campea entre los gobernadores peronistas radica en que ese dinero se sustraería del nuevo Fondo de Equidad Social e Infraestructura que se conformará dentro de la nueva ley de coparticipación y que estaba destinado a promover obras y empleo en las provincias más pobres.

El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, se puso ayer en contacto con varios gobernadores y les garantizó que el financiamiento del plan saldrá "íntegramente" del presupuesto de la Nación y no de la coparticipación, aunque las provincias podrían hacer aportes. Esto último es lo que no llegan a digerir los mandatarios.

"Los gobernadores discuten de dónde saldrá la plata para el plan porque, en verdad, está muy difuso", admitió una alta fuente gubernamental a LA NACION. Los detalles del financiamiento y del funcionamiento del programa de seguridad serán discutidos intensamente entre Beliz y todos los mandatarios del PJ en la reunión del Consejo Federal de Seguridad, que se hará mañana en el Consejo Federal de Inversiones.

Una buena noticia para el Gobierno era ayer que el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, se comprometió a apoyar el plan de seguridad -pese a que conserva los mismos reparos que sus pares- y adelantó que firmaría el proyecto de coparticipación. El vuelco de Obeid, que se había endurecido, obedeció a que la Nación le reconocerá en la futura ley el envío de $ 120 millones anuales para atender la caja de jubilaciones de la provincia y una compensación por ser una provincia que no emitió bonos.

"Todo por discutir"

Unos once gobernadores del PJ, de las provincias chicas, avalan en general también el plan de seguridad, aunque plantean las objeciones mencionadas, y estarían dispuestos a firmar el proyecto de coparticipación, aunque discutirán a fondo sus reclamos particulares. "Está todo por discutir", aseguró un gobernador cercano a Kirchner.

Los más duros en los temas seguridad y coparticipación son los gobernadores de Córdoba, José Manuel de la Sota, y de Buenos Aires, Felipe Solá. De la Sota plantea discrepancias políticas y sospecha que el fondo de equidad social se podría utilizar para beneficiar a intendentes amigos de la Casa Rosada.

Felipe Solá, en tanto, ratificó ayer su abierta discrepancia con Balcarce 50. "No firmaré la coparticipación federal de impuestos, tal como está planteada hoy", dijo el mandatario.

Solá exige la restitución de 9 puntos porcentuales en la nueva ley, por cuanto la provincia tenía 30% de la coparticipación hasta 1994 y se le bajó su porcentaje a 21,7%, lo que hace 1200 millones de pesos menos.

"Todavía no he conversado la nueva ley con el presidente Kirchner", dijo ayer el gobernador.

Además, Solá señaló que la Nación le enviará sólo 100 millones de pesos de los 1000 millones que el gobernador reclamó para combatir el delito. En la Casa Rosada no le respondieron ni confirmaron la información.

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