Confirman un embargo millonario contra María Julia Alsogaray

La Cámara Criminal Federal confirmó el embargo de cinco millones de pesos que se ordenó sobre bienes de la ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray cuando fue procesada por defraudación al Estado mediante la firma de convenios con la Universidad de Lomas de Zamora.

Hace un par de meses, la Sala I de la Cámara ratificó el procesamiento dictado tiempo atrás por el juez federal Juan José Galeano, pero no se pronunció sobre la parte del recurso que se quejaba por el monto del embargo y solicitaba su reducción.

La defensora oficial de Alsogaray, Perla Martínez de Buck pidió entonces una aclaración e insistió con la rebaja de la medida cautelar.

El tribunal de segunda instancia consideró "razonable" el monto fijado como embargo "evaluando los montos que se estiman erogados con motivo del convenio y la maniobra perpetrada".

Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani destacaron que "la naturaleza precautoria tiene como fin garantizar en medida suficiente una eventual pena pecuniaria o las costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes".

En el sumario penal también están procesados Andrea Tavelli y José Roberto Merlino, mientras que Carlos Mario Clerc, permanece vinculado a la pesquisa, pero con una "falta de mérito".

La causa

La causa se inició en abril de 2000, por denuncia de Alejandro Atilio Taraborrelli, apoderado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), quien denunció que, durante la gestión anterior, la secretaría a cargo de Alsogaray había firmado dudosos convenios con esa casa de altos estudios.

De acuerdo a elementos de prueba reunidos en la investigación, en la Universidad habrían ingresado 256.346 pesos aunque "desde la Secretaría se habrían realizado pagos por un monto superior al que se informa desde la UNLZ" y que los expedientes respectivos se habrían extraviado por lo que debieron ser reconstruidos.

Según las constancias obtenidas Merlino y Tavelli actuaron como "coordinadores" por la UNLZ en la firma de las supuestas contrataciones de pasantes y profesionales con la secretaría entonces a cargo de Alsogaray.

Tavelli y Merlino tenían como función "elaborar los protocolos adicionales delimitadores de las tareas a realizar por pasantes o profesionales, controlar la realización de esas tareas y la efectivización de los pagos", dijeron las fuentes consultadas.

Cuando confirmó los procesamientos, la Sala I de la Cámara concluyó que "las erogaciones efectuadas en el marco del convenio no tienen justificativo en el destino para el que formalmente fueron atribuidas".

Vigliani y Cavallo indicaron que "frente a esa situación se puede a la vez sostener que los fondos públicos se sustrajeron con sustento en un convenio cuyo aspecto formal en cuanto a la celebración no se cuestiona, pero sí en lo concerniente a su implementación".

Los camaristas consignaron que "la falta de documentación respaldatoria de las erogaciones efectuadas, conllevan a sostener que el dinero utilizado no fue, al menos completamente, destinado para el fin al cual estaba previsto".

El tribunal evaluó que, en esta causa, a Alsogaray, entre otras irregularidades, se le imputa haber intentado evitar la trascendencia de lo que se calificó como "inexplicable e insustentable destino dado a las erogaciones".

Fuente: Télam

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