Confirman una medida contra tres periodistas

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de tres periodistas, un empresario de medios y un militar retirado por haber tenido acceso a correos electrónicos secretos.

Sin embargo, la resolución dictada por la Sala I de ese tribunal, integrada por Marcelo Fernández, Hugo Fossati y Lidia Soto, atenúa la calificación del delito que se les imputa a los periodistas: mientras el año último la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado los había procesado por revelación de secretos, ahora la Cámara Federal los considera sólo como encubridores.

Los periodistas procesados son el columnista de LA NACION Carlos Pagni, el columnista del diario Perfil Roberto García y Edgar Mainhard, de la publicación Urgente 24.

También fueron incluidos en la medida el empresario periodístico Néstor Ick y el general (R) Daniel Reimundes. Según Arroyo Salgado, si bien los procesados no participaron de las "pinchaduras", el hecho de haber conocido su contenido los hace responsables de encubrimiento.

En un primer momento, la causa había sido impulsada por la Secretaría de Inteligencia (SI), que está a cargo de Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher.

En septiembre último, la jueza Arroyo Salgado también había procesado al periodista y ex jefe de la SIDE Juan Bautista Yofre; al ex agente de Inteligencia y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Pablo Carpintero, y al director del portal de noticias Seprin, Héctor Alderete. La jueza los acusó de integrar una red de captura y distribución de correos electrónicos. Sin embargo, en el caso de todos ellos no se les atenuó la calificación del delito, como sí hizo respecto de los periodistas.

De todas maneras, más allá de lo que el caso pueda significar para las partes, el fallo de la Cámara Federal introduce un concepto polémico para la libertad de prensa.

La sentencia dice que "no se requiere que el agente conozca acabadamente la procedencia ilícita del objeto -en la causa, los correos electrónicos que le fueron enviados a los periodistas- sino que, por el contrario, lo que debe mediar en el caso concreto es la posibilidad del agente de sospechar, de acuerdo con las circunstancias que rodearon su receptación, que aquel provenía de un delito".

Así, el argumento trazado por este fallo termina poniendo en manos de los funcionarios todas las herramientas para evitar ser investigados, porque bastaría con calificar como "secretas" todas las pistas que pueden develar los casos de corrupción, para así fundar una acusación contra los periodistas que las revelan.

Los abogados especializados en medios alertan que "aplicando este fallo, ninguno de los grandes descubrimientos periodísticos de la historia, como el Watergate, los papeles del Pentágono, WikiLeaks y las publicaciones de Julian Assange, o los secretos vaticanos podrían haber visto la luz si los periodistas hubieran sospechado que provenían de un delito, cosa que era así efectivamente en todos estos casos".