El proyecto antibarras castiga la venta ilegal de entradas y los trapitos

Tras los desmanes producidos el pasado fin de semana en las adyacencias del estadio Monumental, en las vísperas del superclásico entre River Plate y Boca Juniors, el Poder Ejecutivo presentó ayer en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para endurecer las penas de los delitos que se cometan en los espectáculos futbolísticos.

La iniciativa, que el oficialismo pretende aprobar en forma exprés el jueves próximo en sesiones extraordinarias, sanciona especialmente a los integrantes de las barras bravas así como a los dirigentes de los clubes que los apañan. Lo novedoso del proyecto es que no solo agrava las penas de delitos que se cometen en un espectáculo futbolístico (como lesiones, abuso de armas, amenazas, daños), sino en otros ámbitos. Por ejemplo, la venta de entradas no autorizadas o falsas, la facilitación de ingreso a los estadios sin contar con las entradas correspondientes, el cuidado de vehículos (los conocidos trapitos), el entorpecimiento del transporte y el peligro de aglomeración o avalancha.

El punto neurálgico del proyecto es aquel que tipifica a las llamadas barras bravas y castiga su accionar delictivo. A sus integrantes se les impone prisión de cuatro a diez años. A sus cabecillas o quienes hayan contribuido a la financiación de dichos grupos, el mínimo de la pena se eleva a seis años de prisión.

Asimismo, el proyecto procura coartar las vías de financiamiento ilegal de estas agrupaciones. En este sentido, establece penas de prisión de dos a cuatro años a los organizadores o responsables de la emisión y distribución de entradas a espectáculos futbolísticos, que las provean, sin pagar el precio correspondiente, a personas que integren las barras bravas. "El objetivo del proyecto aquí propuesto apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de dichos grupos a fin de imposibilitar su accionar", se establece en sus fundamentos.

Además, la iniciativa establece que no se aplicará el beneficio de la probation para algunos de los delitos allí establecidos. "Cuestiones de política criminal imponen resolverlo de este modo, toda vez que se ha probado la ineficacia de la probation para casos como los aquí tratados", reza el proyecto.

Otro punto importante de la iniciativa del Gobierno es que habilita al Ministerio de Seguridad a prohibir la concurrencia a determinados espectáculos futbolísticos a aquellas personas que puedan poner en riesgo la seguridad pública.

Además se incorpora la figura del arrepentido y se establece que no podrá decretarse la libertad de las personas que resulten aprehendidas sin previa comparecencia ante el juez o fiscal interviniente, la que deberá producirse dentro de las 48 horas. En otro párrafo del proyecto se imponen multas millonarias para los clubes cuando los delitos en torno de espectáculos deportivos sean cometidos por alguno de sus dirigentes.

El proyecto establece duras penas de prisión para quien posea o ingrese cualquier tipo de arma al espectáculo futbolístico. Serán de tres a seis años si son armas blancas, piedras, botellas u otros elementos contundentes, y se agravarán si son armas de fuego o explosivos.

No solo eso: también se sanciona a los organizadores del evento que hayan consentido guardar esos elementos en el estadio.

En el caso de la venta de entradas no autorizadas (otra fuente de financiamiento de los barrabravas), las penas serán de un mes a un año de prisión. En igual sentido, se penalizará la venta de entradas falsas con prisión de dos a seis años, y se aplicará una pena de seis meses a dos años para el dirigente que permita "el ingreso de personas al estadio sin la correspondiente entrada". Los cuidacoches o trapitos tienen destinada una pena de uno a dos años de prisión, aunque esa sanción se elevará "cuando esa actividad se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable".