Fondos bajo sospecha / Exposición de funcionarios en el Congreso. Admitió el Gobierno que no auditó obras de las Madres

Dos funcionarios del Gobierno reconocieron ayer en el Congreso que no existen controles directos del Estado nacional sobre las viviendas que construyen las Madres de Plaza de Mayo. Dijeron que esa tarea corresponde a los municipios o a las provincias donde se hacen las obras, que son los que contratan a la fundación.

En una exposición ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el subsecretario de Vivienda, Luis Bontempo, dos funcionarios del ministerio que conduce Julio De Vido, confirmaron que el monto total de fondos públicos nacionales invertidos en las obras que realizan las Madres supera los 1250 millones de pesos. De ese monto, 765 millones ya se pagaron y otros 500 se prevé pagar de acuerdo con el avance de las obras. Con esos recursos se financiaron 4542 casas y 11 centros de salud.

En medio de un debate tenso, los funcionarios culparon a Sergio Schoklender, ex apoderado de las Madres, de cometer una estafa. Pero negaron que existieran sobreprecios en la construcción de las casas y sostuvieron que el dinero involucrado en la estafa no salió del programa de viviendas.

Sin cuestionar el prestigio de las Madres en su lucha por la defensa de los derechos humanos, los diputados opositores cuestionaron al Gobierno por la falta de controles en el uso de los fondos públicos. A eso apuntaron las preguntas de la mayoría de los legisladores, durante las casi cuatro horas que duró la reunión de la comisión, presidida por el radical Hipólito Faustinelli.

"Son las jurisdicciones las encargadas de contratar y de controlar", dijo Bontempo, en el inicio de su exposición. "Nosotros financiamos las obras y auditamos la cuenta para ver si el dinero se aplicó a la obra. Auditamos la obra sólo si hay alguna denuncia. Pero no recibimos denuncias de las jurisdicciones", agregó. Ante una pregunta del diputado kirchnerista Carlos Moreno, el subsecretario de Vivienda afirmó que en los casos en que las obras eran realizadas por empresas el control del Estado nacional era el mismo.

Unos minutos antes, Fatala sostuvo que la contratación directa de las Madres era legal. Argumentó que los programas en que intervenían no eran sólo de construcción de viviendas sino que eran planes que usaban la obra pública como factor de inclusión social, ya que empleaban a habitantes de las villas o barrios marginales donde se hacían las casas. "Nosotros no tenemos trato directo con las Madres, sino con las jurisdicciones", dijo.

Enseguida, el diputado Juan Carlos Morán (Coalición Cívica) cuestionó la lógica del argumento gubernamental. "Lo que pasa es que los intendentes y los gobernadores tienen empresas puestas a dedo por la Casa Rosada", sostuvo. "No se lo voy a permitir. A veces, el ladrón cree que todos son de su condición", le replicó más tarde Bontempo.

Luego, ante una pregunta del diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Fatala reconoció que el monto total invertido en las obras de las Madres ronda los 1250 millones de pesos, cifra que en un primer momento negó. Y detalló que había otras 70 ONG con proyectos similares, pero reconoció que, en total, el resto de esas organizaciones había recibido 300 millones de pesos.

A medida que fueron respondiendo las preguntas de los diputados, Bontempo y Fatala insistieron en que no se habían pagado sobreprecios. "Los dineros que hemos aplicado tienen un curso normal. La estafa es una estafa fuera del sistema. Es cierto que son fondos públicos, pero es como si un ladrón entra a la caja fuerte y se lleva la plata. ¿Qué vamos a auditar?", sostuvo Bontempo.

"Los ciudadanos no le vamos a pedir rendición de cuentas a un señor Schoklender ni a una fundación, sino a los funcionarios en quienes delegamos el manejo de los fondos públicos", le replicó Elsa Quiroz (Coalición Cívica). En la misma línea, Ferrari sostuvo que el Estado nacional tenía el deber de controlar y advirtió que el Código Penal castiga por igual a aquellos que aunque no son funcionarios públicos administran dinero estatal desde una ONG.

El subsecretario de Vivienda insistió en que no había habido una malversación de fondos públicos. "No existe sobrecosto porque la vivienda tiene un precio tope, que nosotros respetamos", dijo. Explicó que el cálculo de costos no debía hacerse por vivienda sino por metro cuadrado, dado que las casas que hacen las Madres tienen una dimensión mayor que las del Plan Federal de Viviendas. Ejemplificó, además, que en las viviendas que la fundación está construyendo en la calle Castañares, en la ciudad de Buenos Aires, el precio por metro cuadrado es de 2800 pesos, mientras que el precio de referencia es de 3215.

Si existió un desfalco de parte de Schoklender pero los funcionarios aseguran que no hubo sobreprecios, ¿de dónde salió el dinero?, se preguntó Faustinelli. El diputado sostuvo que la respuesta está en el tipo de casas que construyen las Madres, viviendas prefabricadas del tipo M2 que, según afirmó, tienen un costo menor que las viviendas convencionales. "El sistema puede estar aprobado, pero el gobierno nacional no hizo el análisis de costo de este tipo de viviendas", afirmó Faustinelli. "Si son más baratas, ¿por qué se pagaron igual?", preguntó al final de la reunión. Los funcionarios quedaron en hacer un estudio de costos.

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