Contrabando en la Aduana: piden la indagatoria de funcionarios y empresarios

Avanza la causa por la mafia de los contenedores
Avanza la causa por la mafia de los contenedores Fuente: Archivo
Una fiscal y la Procelac investigan una red ilícita que contaba con protección entre 2014 y 2015; están en la mira tres allegados al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray
Hugo Alconada Mon
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6 de octubre de 2017  • 13:33

La fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) pidieron las indagatorias de un grupo de altos funcionarios de la Aduana y empresarios, sospechados de contrabandear mercadería con protección aduanera por montos multimillionarios entre 2014 y 2015.

Los investigadores solicitaron, además, al juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, que ordene una batería de embargos, inhibiciones, secuestros de la mercadería sospechada y decomisos sobre las empresas y personas sospechadas de integrar la llamada “mafia de los contenedores”.

Los fiscales concentraron su acusación en tres miembros de la familia Paolantonio –Alejandro César, Miguel Fernando y Diego Raúl–, como así también a los representantes de un puñado de sociedades que participaron en la operatoria cuestionada: Transportes DTM SRL, Corport SA, Different Imports SA, New Unique Imports SA, Sicem BA SRL, Las Cortaderas SRL, Oslona SRL, Origini RM SRL y Lion Trade SRL.

Los pedidos de indagatoria también alcanzaron a tres de los máximos jefes aduaneros durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Alfredo Bernardi. Bernardi es el ex titular de la Aduana de Buenos Aires al que le encontraron US$ 500.000 sin declarar al allanarle su casa.

Los fiscales adelantaron que también quieren llevar a tribunales “a toda otra persona que hubiese ejercido funciones de control sobre la operatoria” cuestionada entre enero de 2014 y diciembre de 2015.

Por último, los investigadores también requirieron indagar a la agente de transporte aduanero, Liliana Leguiza; los despachantes Juan Manuel Benavídes, Edgardo Mingrone, José Mocciola y Silvina Otturi, y a los máximos responsables de dos depósitos fiscales: Terminal Carga Tigre SA y Carestiba SA, de Jorge Lambiris, el empresario que vacacionó con Echegaray en Río de Janeiro.

La causa penal comenzó a partir de una denuncia de la Procelac, que a su vez se apoyó en un trabajo preliminar que inició con datos aportados por el nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión , y la investigación que, desde el diario Clarín, desarrolló el periodista Matías Longoni.

Así, la fiscal Ruiz Morales y la Procelac, liderada por Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, reconstruyeron una operatoria con al menos tres tipos de maniobras ilícitas: importaciones con documentación apócrifa para “ingresar al país una cantidad, calidad, especie o peso distinto” a la declarada; contenedores trasladados a depósitos fiscales, también con “diferencias de peso, cantidad y calidad respecto a lo efectivamente declarado”; y contenedores inspeccionados por aduaneros al descargarlos de los buques Value y Valiant.

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