Contraofensiva de expolicías en medio de la transición entre Vidal y Kicillof

Tras la reunión con Vidal, Kicillof delegó en cinco colaboradores los contactos con la actual administración
Tras la reunión con Vidal, Kicillof delegó en cinco colaboradores los contactos con la actual administración Fuente: Archivo
Hugo Alconada Mon
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25 de noviembre de 2019  

La provincia de Buenos Aires parece seguir una tradición. Las dos últimas cúpulas de Asuntos Internos de la policía bonaerense que intentaron ir a fondo contra la corrupción policial terminaron denunciadas; sus oficinas, allanadas, y sin el apoyo del poder político que hasta entonces los abrazó. Y dos datos adicionales: los denunciantes son policías exonerados de la fuerza, y en ambas ofensivas el juez fue el mismo y la sombra de un abogado aparece en las dos tramas. Ocurrió en 2007 y ocurre ahora, en un mensaje por elevación también para el gobernador electo Axel Kicillof, según reconstruyó LA NACION a partir de una docena de testimonios, expedientes judiciales y administrativos y material de archivo de los últimos doce años.

La contraofensiva aparece en medio de la transición de gobierno en la provincia, cuando Kicillof define la estrategia y los nombres para el área de Seguridad. El paralelo entre la embestida actual y la ocurrida tras la purga que impulsó la gobernación de Felipe Solá es inconfundible:

2007: León Carlos Arslanian empezaba a decirle adiós a su gestión como ministro de Seguridad bonaerense cuando un exsubcomisario separado de la policía, Walter Parnisari, lo denunció junto al área de Asuntos Internos. Con la denuncia en sus manos, el juez de Garantías platense Federico Atencio ordenó allanar las oficinas de Asuntos Internos y se llevó material reservado sobre las investigaciones en marcha sobre cientos de policías sospechados.

2019: un comisario general exonerado de la policía, Néstor Martín, denunció al actual titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de secretos y espionaje ilegal, que afectaría no solo a efectivos y sus familiares, sino incluso a civiles. Con la denuncia en sus manos, el mismo juez de Garantías, Atencio, ordena otro allanamiento de las oficinas de Asuntos Internos y se llevó nuevo material reservado sobre las investigaciones ahora en marcha sobre miles de policías sospechados.

Los paralelismos no se agotan allí. El subcomisario que radicó la denuncia contra Asuntos Internos en 2007, Walter Parnisari, terminó condenado a seis años de prisión por el delito de extorsión, en una operatoria que también incluía al fiscal Carlos Gómez -que terminó destituido- y a otro juez de Garantías platense, César Melazo, quien renunció a su cargo en 2017, mientras tramitaba su jury de remoción, y permanece detenido desde 2018 en la cárcel de Ezeiza, como supuesto líder de una asociación ilícita, pesquisa en la que se ordenaron escuchas en las que miembros de la banda parecieron aludir al abogado penalista Fernando Burlando.

Ahora, la denuncia contra el actual titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, la presentó el excomisario general Néstor Martín, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y supuesto lavado, pesquisa en la que un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detalló que posee 101 propiedades inmuebles, un helicóptero, dinero en efectivo, caballos de carrera y hasta acciones de una concesionaria de autos y jugadores de fútbol. ¿Su abogado? Burlando. "Lo quisieron presentar como 'el comisario más rico de la policía bonaerense', pero fue inspeccionado por la AFIP y terminó sin ningún tipo de inconveniente. Ahora se está desarrollando un peritaje contable que verificará su correcta evolución patrimonial", afirmó a LA NACION el socio de Burlando, Fabián Améndola, cuyo cliente cargó contra el actual titular de Asuntos Internos, Berra, y su pareja, Rosario Sardiña, quien se desempeña como auditora sumarial en el área de Auditoría Patrimonial. "La denuncia es contra ambos por espionaje ilegal -detalló-. Investigaron a gente que no es de la policía, con investigaciones encubiertas por fuera de la ley". Tras el allanamiento de su oficina y el copiado del contenido reservado de sus computadoras, Berra y Sardiña tampoco se quedaron quietos, aunque debieron nombrar a un abogado particular. Esta semana denunciaron a Martin por presunta falsa denuncia y a la fiscal que impulsa la investigación en su contra, Cecilia Corfield, por supuesto abuso de autoridad.

¿Qué le enrostran al excomisario general que exoneró junto a otros 5000 efectivos de la fuerza? Que Martin radicó una falsa denuncia para desgastarlos, apoyado en documentos recortados de tal modo que parecieran incriminarlos. Pero que, íntegros, muestran que son de la Escribanía General de Gobierno o los firmó otra auditora, cercana al ministro de Seguridad, Christian Ritondo, dentro de sus competencias normativas. ¿Otra curiosidad? Parte del material que el excomisario Martín presentó en Tribunales fue un "juego de fotocopias" que dice que manos desconocidas le dejaron "por debajo de la puerta", según la versión que él mismo ofreció en un escrito que el estudio Burlando entregó a LA NACION. Berra también avanzó sobre la fiscal Corfield. Le reprochó que pidiera el allanamiento y copiado del material informático reservado sin cotejar antes la veracidad de las afirmaciones del excomisario y solicitó la intervención de su máximo superior, el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, para que analice la actuación de la fiscal, cuyo esposo, comisario inspector de la policía, se encontraría con un sumario abierto dentro de Asuntos Internos, donde las pesquisas deben mantenerse bajo reserva hasta que se dispone la imputación o desafectación del uniformado.

Respetada por sus pares, entre quienes se ganó la fama de "seria", "dura", "distante", Corfield rechazó cualquier viso de parcialidad ante la consulta de LA NACION. "Ante cualquier duda, me habría excusado de intervenir en el expediente. Pero tengo un certificado emitido por el Ministerio de Seguridad que informa que mi esposo no está bajo investigación en Asuntos Internos. Por tanto, continuaremos con nuestra labor", adelantó.

Junto al juez Atencio, en tanto, indicaron que el magistrado se encuentra de licencia hasta fin de mes y que la instrucción la lleva la fiscal Corfield, en tanto que defendieron su decisión de ordenar el allanamiento en cuanto lo pidió la Fiscalía. "Tanto en aquella investigación de 2007 como en esta y como en miles más, el juez Atencio siempre dispone los allanamientos, al que fuere, en las 24 horas posteriores al pedido y allí están sus estadísticas para corroborarlo. Solo así tienen alguna probabilidad de arrojar resultados".

El contrapunto tribunalicio, mientras tanto, levanta polvareda en La Plata. Dos fiscales platenses intentaron acceder a la investigación que instruye Corfield, pero la fiscal rechazó sus pedidos. Mejor suerte tuvo la Comisión Provincial de la Memoria, que ya se presentó formalmente en el expediente judicial ante las acusaciones en danza por presunto espionaje ilegal, corrupción y otros supuestos delitos dentro de la Bonaerense.

La depuración de la policía bonaerense, en números

36.641

Policías bonaerenses

  • Fueron sumariados entre 2015 y 2019. Eso significa que más de un tercio de los 91.000 agentes de la fuerza policial más grande del país quedaron bajo investigación.

13.323

Policías bonaerenses

  • Fueron sumariados entre 2015 y 2019. Eso significa que más de un tercio de los 91.000 agentes de la fuerza policial más grande del país quedaron bajo investigación.

2300

Policías expulsados

  • A los uniformados definitivamente echados de la fuerza podrían seguirlos otros 1500 agentes que están en trámite de expulsión. Entre estos y otros casos, 967 agentes fueron detenidos por orden judicial.

2036

Sumarios patrimoniales

  • A 2036 agentes de la bonaerense se les inició un sumario por enriquecimiento ilícito. También son investigados sus presuntos testaferros.

50.000

Declaraciones Juradas

  • A través de un decreto de María Eugenia Vidal, luego convertido en ley, unos 50.000 agentes de la policía bonaerense y del Servicio Penitenciario provincial quedaron obligados a presentar sus declaraciones juradas.

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