Controversia por el poder de control otorgado a la Sigen

Ante la controversia que provocó la difusión del decreto presidencial que le otorgó a la Sindicatura General de la Nación el control financiero sobre el Congreso Nacional y el Poder Judicial, ese organismo se vio obligado a emitir un dictamen aclaratorio con el fin de corregir el alcance de aquella medida.

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, y la diputada Marcela Rodríguez (ARI) anticiparon que pedirán la "nulidad del decreto, porque es inconstitucional y avasalla los otros poderes". El polémico decreto -revelado ayer por LA NACION en exclusiva- extendió las atribuciones del organismo de control a los otros poderes, lo cual causó sorpresa en la Corte y desconcierto en el Congreso.

El dictamen de la Sigen, que preside Claudio Moroni, busca llevar tranquilidad a los otros poderes. "El control de este organismo sigue comprendiendo el sector público nacional -artículo 8° de la ley de administración financiera-, que depende del Poder Ejecutivo." Ayer, Moroni elevó ese dictamen a la Procuración del Tesoro.

En declaraciones a las radios 10 y Continental, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, cuestionó duramente a LA NACION y sostuvo que la Sigen sólo podrá auditar a los otros poderes "mediante la firma de convenios específicos" y vinculó la norma con "un tema presupuestario".

Ayer, LA NACION alertó sobre la existencia del citado decreto a partir de la fuerte preocupación que surgió en importantes despachos del Congreso y de la Justicia, cuando se advirtió que incluía esos dos poderes como parte de la "administración central", lo cual los colocaba al alcance del control de la Sigen, un órgano interno del Poder Ejecutivo.

En su letra, el decreto claramente va más allá de la ley de administración financiera y podría suponerse que es inconstitucional. El artículo 98 del decreto 1344 dice que la competencia de la Sigen alcanzará al sector público nacional; la ley 24.156 incluye en ese sector la administración central, y el decreto 1344 ubica dentro de la administración central el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por eso, estos quedaban en riesgo de ser controlados por la Sigen.

Fuentes del Gobierno admitieron a LA NACION que la redacción del decreto había sido confusa. El ministro de Interior salió al cruce de tal interpretación. "El decreto 1344 no hace otra cosa que reglamentar la ley de administración financiera."

"El artículo 7 del decreto dice claramente que la Sigen y la AGN [Auditoría General de la Nación], como órganos normativos, de supervisión y coordinación de los sistemas de control serán autoridad de aplicación en el ámbito de sus competencias específicas. LA NACION ha hecho confundir a prestigiosos juristas haciéndoles creer que este decreto echa mano al Poder Judicial, al Legislativo y al Ministerio Público, una locura propia del que desconoce. Los juristas se tiraron de los pelos al divino botón", afirmó.

El titular de la UCR, Morales, y la diputada Rodríguez anunciaron que cuestionarán el decreto "porque es inconstitucional". Morales sostuvo que "desde el bloque de senadores de la UCR planteamos una firme objeción al decreto, porque termina con la independencia de poderes. Por eso, estamos presentando en pocas horas una acción de inconstitucionalidad".

La diputada de ARI presentó "un proyecto de ley para derogar por inconstitucional el decreto", y promoverá "personalmente una demanda en la Justicia". Dijo que les pedirá "a los miembros del Consejo de la Magistratura, que deben velar por la independencia judicial, que inicien una acción judicial".

El dictamen de la Sigen

El dictamen de la Sigen, en lo sustancial, dice:

• La competencia de la Sigen se extiende sobre las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado, según el artículo 96 de la ley de administración financiera.

• Admitir una interpretación contraria -como la que se hizo en la Justicia y en el Congreso y sobre la que alertó este diario- llevaría a sostener que la Sigen puede constituirse en órgano de control interno de otros poderes del Estado, desconociendo la división de poderes consagrada constitucionalmente.

• El dictamen sostiene que el controvertido articulo 8° del decreto, que incluye a la Justicia y al Congreso como parte de la administración central, responde a otra lectura y finalidad: "Dicho texto responde a la clasificación de tipo institucional a efectos de ordenar las transacciones públicas, reflejando áreas a las que se asignan recursos presupuestarios". Se trata simplemente de una clasificación presupuestaria, con fines contables.