Convierten en ley el límite a los fueros

La Cámara alta aprobó anoche la iniciativa votada en Diputados; el juez Liporaci indagará de inmediato a los senadores
Laura Serra
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8 de septiembre de 2000  

En una maratónica jornada, el Congreso acordó, y por abrumadora mayoría en ambas cámaras, una salida tendiente a descomprimir el escándalo por los sobornos en el Senado: la sanción de una ley que limita los fueros de legisladores, jueces y funcionarios.

Esta norma, una vez promulgada por el Poder Ejecutivo, habilitará al juez federal Carlos Liporaci a indagar, e incluso procesar, a los once senadores sospechados en el caso de las coimas, sin necesidad de contar con sus respectivos desafueros. Estos sólo serán necesarios en caso de que el juez libre una orden de arresto.

La ley también afectará a los funcionarios que, eventualmente, el magistrado cite a declarar. Por el momento no se señaló a ninguno.

Forzada por la crisis política por la que atraviesa el Senado, el Congreso no tuvo otro remedio que desempolvar esta iniciativa que, desde hacía tiempo, era demorada. A los legisladores los atemorizaba una presunción: que el juez Liporaci archivara la causa sobre las coimas si el Congreso no resolvía sobre los pedidos de desafuero que formuló.

Nadie en el Congreso quería cargar con semejante responsabilidad.

"Tengo la convicción que esta norma significará un enorme avance para la búsqueda de la justicia y de la verdad -señaló Elisa Carrió (UCR-Chaco), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales-. Porque esta norma beneficiará a los legisladores honestos, que podrán ir a los tribunales a probar su inocencia y, al mismo tiempo, permitirá que aquellos que sean delincuentes vayan presos."

Si bien la mayoría de los legisladores interpretó que esta ley permitirá una salida al crítico laberinto en el que se encuentra el Senado, otras voces críticas advirtieron todo lo contrario. Alertaron que, merced a esta ley, los once senadores sospechados serán beneficiados porque permanecerán en sus bancas, votarán leyes y cobrarán sus dietas. Al menos, hasta que se dicte una orden de arresto.

Quienes agitaron esta teoría recordaron que el martes último los senadores de la Alianza y del PJ se resistieron a desaforar a los ocho legisladores sospechados (luego se sumaron otros tres). Además, insinuaron que el PJ era renuente a suspender a sus miembros cuestionados por temor a perder su mayoría.

Los justicialistas incluidos en el pedido de desafuero son Emilio Cantarero, Ricardo Branda, Angel Pardo, Augusto Alasino, Alberto Tell, Eduardo Bauzá, Ramón Ortega y Remo Costanzo, y los radicales Javier Meneghini, Raúl Galván y Alcides López.

Necesidad y urgencia

"Creo que la sanción de esta ley, si bien avalo su espíritu, es inoportuna. Parece como si esta solución (la aprobación de la norma) se hubiera gestado mediante un pacto de necesidad y urgencia, porque los legisladores sospechados continuarán en sus bancas votando leyes", alertó Cristina de Kirchner (PJ-Santa Cruz), que se abstuvo de votar.

La legisladora, al promediar su efusivo discurso, propuso otra solución: impulsar un acuerdo político que anticipe la renovación total del Senado.

La advertencia de Kirchner generó uno de los contrapuntos más interesantes del debate en la Cámara de Diputados. La respuesta corrió por cuenta de la diputada Carrió.

"Aquí lo que estalló no es sólo el escándalo del Senado, sino todo un sistema de representación política, que quiebra a funcionarios honestos y coimea a los deshonestos -enfatizó, en medio del silencio atento de sus pares-. En este contexto de crisis, esta ley servirá para poner un poco de luz en todo ese barro en el cual la dirigencia política está inmersa."

Pese a estos argumentos, el diputado Luis María Díaz Colodrero (Liberal de Corrientes) insistió en la advertencia de Kirchner. "Esta ley sólo será un salvavidas de escape para los senadores sospechados", disparó.

"No se asuste, señor diputado -le respondió José Gabriel Dumón (UCR-Buenos Aires)-. El Senado sólo tendrá dos alternativas: o aprueba los once desafueros o sanciona esta ley. Si no lo hace, el juez archivará la causa."

Más allá de que muchos legisladores interpreten que la ley es funcional para la crisis del Senado, lo cierto es que implicará un punto de inflexión fundamental. Las prerrogativas judiciales de que hoy gozan funcionarios de los tres poderes del Estado se verán drásticamente recortadas y, por esta razón, muchos se oponían a su debate.

"Después de tanta demora, hizo falta una crisis de envergadura para sacar adelante esta ley" , insistió Carrió.

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