Convocarán a sesiones extraordinarias

Duhalde ya tiene preparado el decreto en el que insistirá sobre la aprobación del presupuesto y un listado de recortes del gasto
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25 de noviembre de 2002  

El Gobierno está con el corazón en la boca. Pasado mañana, durante la última sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados decidirá si da vía libre o no a varias leyes que Eduardo Duhalde considera vitales para alcanzar el dificultoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la sanción del presupuesto para el año próximo y el nuevo cronograma electoral.

El debate será difícil, sobre todo porque el Gobierno no había logrado hasta anoche negociar un acuerdo de mínima con los legisladores. A decir verdad, los diputados ya ni siquiera responden a sus jefes de bloque.

De poco parece haber servido el acuerdo de Olivos del lunes último, cuando 21 de los 24 gobernadores y los principales representantes legislativos se comprometieron a aprobar el presupuesto, el cronograma electoral con comicios presidenciales para el 27 de abril y varias leyes controvertidas, como el fin de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias.

Por eso, y desde las arenas de Chapadmalal, Duhalde decidió ayer abrir el paraguas para protegerse del chubasco inminente en el Congreso: ya tiene preparado un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, según confiaron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada.

Duhalde lo firmaría a fines de esta semana e impondría, de paso, el tratamiento de una canasta de proyectos pendientes que duermen desde hace semanas en los cajones de diputados y de senadores.

La sanción del presupuesto 2003 está primera en la lista oficial, aunque nadie en Balcarce 50 se hace ilusiones sobre su eventual aprobación en la maratónica sesión que se avecina. Por un lado, porque el debate por el presupuesto suele demandar varias sesiones. Pero uno de los ministros que conversó ayer con LA NACION confesó, medio ahogado por la falta de aire acondicionado que provocó el apagón, que los diputados tendrían "otros intereses" que sancionar en el Parlamento pasado mañana.

"Están más interesados en sacar leyes que los hagan quedar bien con la gente de sus pueblos que en aprobar el presupuesto", se lamentó el funcionario. El mismo intentó persuadir a varios diputados radicales de que ningún "favorcito" para su pagos chicos logrará revertir la mala imagen de muchos legisladores. No logró convencerlos.

Un menú amargo

Un recorte en el gasto de 1000 millones de pesos, un tijeretazo certero sobre todo el rubro de recursos de libre disponibilidad del año próximo (por 3500 millones de pesos) y la eliminación de los planes de competitividad que había instrumentado Domingo Cavallo serán parte del amargo menú que ningún diputado parece dispuesto a degustar pasado mañana. También, la reforma de la ley de entidades financieras, que dotaría de inmunidad a los funcionarios del Banco Central.

Por eso, Duhalde ya tiene decidido plasmar estos temas controvertidos en su inminente decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.

De todas formas, un estrecho colaborador del Presidente advirtió ayer a LA NACION que en la Casa Rosada todavía esperarán a ver qué sucede hoy, a las 17, en una reunión que consideran clave para los sucesos posteriores: a esa hora, en el Ministerio de Economía, representantes de todos los bloques parlamentarios y técnicos de varios ministerios volverán a discutir una salida para los deudores hipotecarios (de lo que se informa por separado).

Ese tema se había convertido en la astilla que impidió que se destrabara la sesión de Diputados de la semana última. Los legisladores radicales se negaron a sancionar el cronograma electoral hasta que se solucionara el problema de las hipotecas. De poco sirvió un encuentro de emergencia entre varios ministros y legisladores.

Ni el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, ni los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Interior, Jorge Matzkin, lograron evitar que la sesión se levantara y que, tras una nueva reunión frustrada en el Ministerio de Economía, el asunto pasara a cuarto intermedio hasta hoy.

¿El problema? Los legisladores de la UCR pretenden, al decir de un alto funcionario duhaldista, modificar la mismísima ley de quiebras. Esa norma es considerada "intocable" para los integrantes del FMI y, por ende, para la gestión de Duhalde.

La propuesta de la UCR consiste en dar a la Justicia facultades para suspender las ejecución de bienes hipotecarios. Aunque esa iniciativa toma como punto de partida el Código Civil y Comercial, Lavagna y Atanasof creen que significa una violación a la ley de quiebras, que otorga al acreedor la posibilidad de ejecutar un bien.

"No soy nada optimista. Con esta dirigencia no se puede tratar", se quejó un funcionario que negocia día tras día con los legisladores más díscolos. De poco sirvió el respiro que el Senado le dio a Duhalde el jueves último, cuando por una gestión de último momento aprobó la suspensión de futuras moratorias impositivas y el cronograma electoral acariciado por Duhalde: aún falta que Diputados ratifique ese cronograma y apruebe la renuncia del Presidente prevista para el 25 de mayo.

Aunque en la Casa Rosada sospechaban ayer que los diputados radicales podrían insistir en la prórroga a las ejecuciones hipotecarias, los operadores duhaldistas se esperanzaban con otro dato: esa iniciativa no prosperaría en el Senado.

Posiciones y contradicciones

Camaño

  • El presidente de la Cámara de Diputados aún no ha logrado que los legisladores del PJ respondan a los requerimientos del Gobierno. Sigue firme la oposición de los diputados que responden a Menem y a Rodríguez Saá.
  • Lavagna

  • Aunque en principio no participará de la reunión prevista para hoy, lunes, en el Ministerio de Economía Lavagna ya dio instrucciones precisas a sus representantes para que no permitan una modificación de la ley de quiebras.
  • Duhalde

  • El Presidente necesita la aprobación urgente de las leyes que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI): el presupuesto para el año próximo, el fin de las suspensiones de las ejecuciones hipotecarias, la eliminación de los planes de competitividad, la modificación de la ley de entidades financieras, con inmunidad para los funcionarios del BCRA y el recorte de más de 1000 millones en el gasto. También, la anulación de una partida de 3500 millones de pesos de “recursos de libre disponibilidad”.
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