Coronavirus en la Argentina: descentralizan la compra de alimentos en los comedores comunitarios

Primero fue el escándalo por la compra de alimentos por encima de los precios máximos, que el Presidente frenó antes de que se girara el dinero. Después, las dificultades para adquirir productos por debajo de los costos establecidos, lo que demoró la provisión de comedores populares en todo el país. Para evitar inconvenientes administrativos y agilizar la atención en los barrios más pobres, el gobierno nacional avanza en un proceso de descentralización del proceso de compra de alimentos.

Por decisión del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el Estado nacional empezó a delegar parte de esa tarea en los propios comedores comunitarios, a los que se les transferirá hasta fin de año unos $2000 millones, en un plan supervisado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El dinero será girado a las organizaciones que controlan los comedores, entre ellas, movimientos sociales, iglesias y ONG, detallaron en Desarrollo Social.

Si bien el ministro ya había manifestado la intención de avanzar en la descentralización, los cambios se aceleraron a partir de reclamos de organizaciones sociales, que se quejaron por las demoras en la provisión de los alimentos necesarios para hacer frente al crecimiento de demanda generada por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con cálculos del Estado, la cantidad de personas que asisten a comedores y merenderos pasó de 8 millones a 11 millones en los últimos dos meses.

Las fallas en el proceso de compra y distribución de alimentos fue parte de la conversación que mantuvieron Alberto Fernández y Juan Grabois, hace dos semanas, en la residencia de Olivos. También estuvo presente en el encuentro entre el Presidente y los representantes de La Garganta Poderosa, una organización con mucho despliegue en las villas de la Ciudad de Buenos Aires.

Antes de esa reunión, el miércoles de la semana pasada, Arroyo le propuso a Fernández fortalecer un programa que ya funciona en el ministerio, con un presupuesto de $270 millones por mes. Minutos después, el Presidente lo planteó como un compromiso ante los dirigentes sociales, en una charla en la que también se planteó la necesidad de un protocolo para el plan Detectar, de detección de contagios en villas.

El programa de transferencia de fondos a comedores alcanza hoy a unos 3000 centros en todo el país. El Gobierno aspira a llegar a 5000 comedores en los próximos siete meses, precisó Arroyo. "El objetivo es ganar en eficiencia. Pero este sistema también favorece el desarrollo de los proveedores locales y nos permite hacer un seguimiento más cercano de la calidad nutricional de los alimentos que se ofrecen en los comedores. Nosotros solo podemos enviar productos secos. Los comedores pueden comprar carne, leche, frutas y verduras", dijo el ministro.

Las organizaciones que serán incluidas dentro del programa todavía no están definidas. En el Gobierno dicen que se aplicará un criterio plural y que alcanzará por igual a movimientos sociales, organizaciones comunitarias y religiosas. Cada una deberá, además, hacer una rendición detallada de las compras de alimentos y de la atención de personas necesitadas, en un proceso supervisado por PNUD. Cada comedor recibirá módulos de $2000 por persona por mes, detallaron en el ministerio.

Dificultades

Las dificultades del Estado nacional para la adquisición de alimentos volvió a quedar expuesta la semana pasada, cuando el Gobierno no logró comprar un solo paquete de lentejas, en una licitación por 1.700.000 paquetes, según informó LA NACIÓN. Después del escándalo de principios de abril, Arroyo resolvió abrir la convocatoria de proveedores, pero el sistema siguió mostrando sus fallas, al punto que varios dirigentes sociales advirtió a principios de mayo que corría peligro el abastecimiento de comedores. "En este momento, en el tema de alimentos no roban y no hacen", declaró Grabois, el más duro contra Arroyo.

El ministro insiste en que la descentralización es su idea original y que a eso apuntó la implementación de la tarjeta Alimentar, que asigna dinero para comprar alimentos a las madres de chicos menores de 6 años que son parte de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, señala Arroyo, se dispuso un fondo de otros $1500 millones para que provincias y municipios compren alimentos de forma descentralizada.