Coronavirus en la Argentina: el oficialismo apuesta a dividir la oposición para aprobar el impuesto a las grandes fortunas

En medio de la crisis acentuada por la pandemia del coronavirus, el oficialismo apuesta a dividir a la oposición para aprobar el proyecto que propone gravar con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, iniciativa que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, dará a conocer en los próximos 15 días. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Casa Rosada, tendrá prioridad en el temario del Congreso no bien se habiliten las sesiones de emergencia, ya sea bajo la modalidad virtual o presencial.

En el principal espacio opositor, Juntos por el Cambio, admiten que el proyecto del oficialismo lo colocará en un dilema. ¿Cómo rechazar una iniciativa que propone que el sector más rico de la sociedad realice por única vez un aporte extraordinario (y millonario) para paliar los efectos de una crisis económica y sanitaria sin precedentes en la Argentina y en el mundo?

Desde el oficialismo atizan las contradicciones en Juntos por el Cambio, sacan a relucir las encuestas propias que afirman que más de un 70% de la sociedad apoya la iniciativa, y desafían: los legisladores que voten en contra de gravar a los más ricos en medio de esta pandemia van a quedar expuestos al repudio de su electorado.

En Juntos por el Cambio tildan la propuesta de populista y demagógica pero saben que el oficialismo los condujo, desde lo discursivo, a un brete. "Si no apoyamos el proyecto van a decir que protegemos a los ricos, a Pérez Companc, a (Paolo) Rocca, a Nicki Caputo, a Mauricio Macri", admiten. Por esa razón no quieren anticipar una posición antes de leer la letra chica del proyecto.

En rigor, de la iniciativa solo se conocen hasta ahora unos pocos trazos gruesos: según adelantó el diputado Heller, el nuevo impuesto se aplicará solo sobre personas humanas (por ahora no afectará a las empresas) con patrimonios superiores a los 3 millones de dólares. Esto comprendería un universo aproximado de 12.000 contribuyentes, el 1,1% de los aportantes al impuesto a los bienes personales.

Heller destacó que, de aprobarse este nuevo impuesto, la recaudación estimada rondará entre 3000 a 4000 millones de dólares. Un rápido cálculo arrojaría, entonces, que cada contribuyente incluido en el gravamen debería aportar la friolera de 250.000 dólares; en el oficialismo no quieren adelantar cifras, pero aclaran que el impuesto se aplicará por tramos con alícuotas progresivas que irán del 2 al 3,5%, según sea la magnitud del patrimonio. "Habrá contribuyentes que pagarán menos de 250.000 dólares y habrá otros que pagarán mucho más", indican. Aún no se definió si este impuesto se tomará a cuenta de otros tributos.

En la oposición predominan las dudas; descreen, en primer lugar, que la recaudación sea tan relevante como exalta el oficialismo y temen que, en definitiva, esos recursos terminen fagocitados por el agujero negro del déficit fiscal. Además, advierten que el nuevo tributo podría pecar de confiscatorio si se considera que el impuesto a los bienes personales, cuya alícuota aumentó con la ley de emergencia impulsada por el Gobierno, grava el mismo patrimonio del nuevo impuesto.

"Lo que veo es que hay una doble imposición. En la Argentina está el impuesto a los bienes personales que a fin de año se convirtió en un impuestazo", indicó el tributarista César Litvin. Heller rechaza las críticas. "No hay doble imposición tributaria. Este proyecto impulsa un nuevo impuesto que se aplicará por única vez", replica.

La oposición desconfía y espera a conocer el proyecto. "Filosóficamente nosotros rechazamos cualquier aumento de impuestos, sobre todo a las empresas, en medio de esta crisis -enfatizó, en estricta reserva, un encumbrado diputado de Pro-. Sin embargo, es cierto que con la pandemia de coronavirus enfrentamos un estado de excepción y de emergencia cuyo impacto económico será tremendo, por lo que nuestro prisma debería ser más amplio. Igualmente, una situación de emergencia no justifica violar principios constitucionales. Por eso hay que buscar un equilibrio entre la necesidad que demanda la emergencia y la Constitución, para evitar que un impuesto termine siendo confiscatorio."

En el radicalismo las posiciones están divididas. "Hay gente que se quedará sin trabajo, empresas que quebrarán, sueldos que se van a reducir. ¿Y discutimos si aplicamos o no un impuesto a la riqueza? ¿En qué mundo viven los que se oponen?", acicateó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En sintonía, el diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Cacace, sostuvo que el debate es razonable siempre que el proyecto solo apunte a las personas físicas, no a las empresas, ya agobiadas por la crisis y la presión tributaria.

En tanto, la UCR Capital, comandada por Guillermo de Maya, anticipó que apoyaría la medida siempre y cuando no sea pergeñada para perseguir a los empresarios. "En el marco de la crisis económica y social, con millones que han perdido su fuente de ingreso, suena razonable exigir una colaboración especial a aquellos que más tienen", conceden. De todas maneras, allegados al senador porteño Martín Lousteau marcan sus prevenciones. "Si se trata de un manotazo a los sectores más ricos y no se discute, en paralelo, cómo el Estado hace más eficiente su gasto público y qué está dispuesto a ceder en esta crisis, el debate no sirve", advierten.

En el mismo sentido se expresó el diputado Luis Petri. "No se le puede imponer sacrificios a la sociedad si el Estado primeramente no da el ejemplo", enfatizó. Referentes de la Coalición Cívica, presidida por Maximiliano Ferraro, coinciden. "Si de esfuerzos hablamos, que sea de todos, sin revanchas o ataques a un sector determinado. El esfuerzo también lo debemos hacer desde el Estado", enfatizaron desde esa bancada, autora de un proyecto para que todos los bienes y activos obtenidos por delitos de corrupción sean destinados al combate de la pandemia.

El oficialismo está convencido de que merced a las grietas que exhibirá la oposición logrará reunir la mayoría necesaria para aprobar su proyecto en ambas cámaras. Descuenta que tendrá el apoyo de los bloques provinciales, hasta ahora permeables a las iniciativas del Gobierno. "Los gobernadores están desesperados por recursos. ¿Quién se va a atrever a rechazar un proyecto semejante?", desafiaban.