Coronavirus: desde que empezó la cuarentena creció un 40% la demanda en los comedores comunitarios

Movimientos sociales, organizaciones civiles e intendentes del conurbano reclamaron hoy agilizar la distribución de alimentos para evitar situaciones críticas en los barrios más pobres del Gran Buenos Aires. Fue el punto saliente de la segunda reunión del Comité de Emergencia Social, el ámbito creado para atender el impacto social de la crisis profundizada por el coronavirus en la zona más sensible de la provincia de Buenos Aires.

Los gobiernos nacional y bonaerense, convocantes del encuentro, tomaron nota y prometieron aceitar los circuitos. Reconocieron, de todos modos, que la situación es grave. La demanda de asistencia alimentaria, detallaron, creció casi un 40 por ciento en todo el país desde el inicio de la cuarentena: pasó de 8 millones a 11 millones de personas. Muchos no asisten a los comedores comunitarios, que en su mayoría cerraron las puertas, sino que solicitan un bolsón de comida.

Reveló la cifra el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anfitrión de la reunión, desarrollada entre las 15 y las 17.30, en el salón Ramón Carrillo, en planta baja de la sede del Ministerio. "A los que van siempre se sumaron los que iban a veces y los que no iban porque hacían changas o trabajo informal. Por eso adelantamos compras para llegar más rápido con alimentos", dijo Arroyo, acompañado por la ministra de Desarrollo Social bonaerense, Fernanda Raverta.

Al abrir el encuentro, el ministro manifestó que el objetivo es mantener un "seguimiento permanente" de la situación social para ver qué se está haciendo y qué falta. Fue una invitación para que los asistentes enumeraran sus reclamos. "Lo que se hace no es suficiente porque estamos ante una situación excepcional. Todos mencionamos la necesidad de imprimir más celeridad y menos burocracia", dijo a LA NACION Gildo Onorato, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El dirigente aclaró, de todos modos, que fue una reunión "sincera y constructiva, donde se hablaron de los problemas reales".

En la misma línea se expresó Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur). "Valoramos lo que se está haciendo. Nos reconocieron que existen dificultades para que la comida llegue a todos. La demanda se amplió mucho", dijo a LA NACION.

Frente a las autoridades de Nación y provincia, Saravia denunció que los militantes de movimientos sociales son molestados por agentes de las fuerzas de seguridad, pese a que la actividad de los comedores quedó expresamente exceptuada de la cuarentena. El "Chino" Fernando Navarro, otro de los funcionarios nacionales presentes, prometió trasladar el reclamo.

En cuanto a la distribución de alimentos, Arroyo detalló que se multiplicaron los fondos de asistencia. "Tenemos una estrategia para enfrentar esa situación, que se concentra en tres ejes: ampliar las compras de alimentos; un fondo rotatorio para municipios y provincias destinado a la compra de alimentos frescos y artículos de limpieza; y el cambio en la frecuencia de las acreditaciones de la tarjeta Alimentar, que ahora se realiza de modo semanal", dijo. Lo escuchaban también representantes de las iglesias católica y evangélica, y varios intendentes.

Uno de ellos, Mariano Cascallares (Almirante Brown), planteó un reclamo para que la actividad bancaria sea declarada como servicio esencial, para garantizar el acceso al dinero en efectivo. La idea prendió enseguida entre los demás jefes comunales. Estaban Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Menéndez (Merlo), Jaime Méndez (San Miguel) y Julio Garro (La Plata), entre otros. En muchas localidades, explicaron los intendentes, hay pocos cajeros, lo que genera larga filas de gente para extraer efectivo.