Coronavirus: en Salta imputaron a 17 concejales y a un funcionario nacional por cobro indebido del IFE

SALTA.- Acusados de cobrar indebidamente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la crisis sanitaria, un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 17 concejales de diferentes localidades de esta provincia fueron imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes, en el marco de una investigación federal desarrollada por el fiscal Ricardo Toranzos, titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.

"Este caso resulta indignante para la comunidad, que está realizando un gran esfuerzo. Quienes han sido elegidos por el voto popular, se aprovecharon de la asistencia destinada a personas que atraviesan una situación de precariedad", dijo el fiscal Toranzos a LA NACIÓN. Además, confirmó que la investigación aún se encuentra abierta y que más funcionarios podrían ser imputados próximamente.

Los 17 concejales acusados fueron electos en municipios del interior provincial, muy golpeados por la crisis sanitaria y económica. Se trata de Jesús Ernesto Cuellar, de Urundel; Luis Carlos Coronel, de El Carril; Paola Sandra Cantarella, de Pichanal; María Del Valle Torres, de Rivadavia banda Norte; Fernando Leandro Gerónimo, de Payogasta; Gabriela Elizabeth Cazón, de Aguas Blancas; Franco Marcelo Córdoba, de San Antonio de los Cobres; Melisa Mónica González, de San Lorenzo; Marta Beatriz López, de Orán; Ricardo Alberto Díaz, de Colonia Santa Rosa; Nicolasa Maraz, de Los Toldos; Nancy Valeria Quiroga, de Santa Victoria Oeste; Jimena Antonieta Ordóñez, de Aguaray; Javier Héctor Chauqui, de Angastaco; Alexandra Ludmila Borujow, Héctor Rogelio Fernández y Ninfa Noemí Rojas, de El Quebrachal.

Los imputados percibían salarios estatales que oscilaban entre los veinte mil y sesenta mil pesos. Algunos de ellos habrían cobrado el subsidio de emergencia inclusive en dos oportunidades.

Según los datos del expediente judicial a los que tuvo acceso LA NACIÓN, la investigación alcanzó su punto clave el pasado 27 de julio pasado. Aquel día, agentes federales del área de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional, investigadores del Ministerio Público Fiscal (MPF) y funcionarios locales de Ansestrabajaron intensamente trazando el recorrido de los subsidios que finalmente llegaron a manos de los acusados para quienes –en la audiencia donde se formalizaron las imputaciones, realizada esta semana– se dispuso un embargo de 60.000 pesos. Los imputados percibían salarios estatales que oscilaban entre los 20.000 y los 60.000 pesos. Algunos de ellos habrían cobrado el subsidio de emergencia inclusive en dos oportunidades.

En plena pandemia y ante la confirmación reciente de la circulación comunitaria de coronavirus en la capital provincial, el fiscal Toranzos destacó durante el reportaje con este diario el desarrollo del proceso de acusaciones a través de plataformas digitales. "Se realizó una audiencia peculiar, muy especial. No sólo por la temática sino por la logística de su implementación: fue virtual, con 18 imputados de diferentes localidades, diez defensas, la presencia del MPF y también del juzgado. Fue una tarea muy efectiva", indicó.

En su exposición durante esta audiencia Toranzos recordó que el IFE está "dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellas que tienen ingresos precarios, como monotributistas de baja categoría y empleadas de casas particulares" y confirmó que los funcionarios acusados sabían "que no podían cobrar". El juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, indicó por su parte que el caso es "sólido y provisto de numerosa prueba documental", según un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal.

Antecedente

Este caso de estafas con el IFE, sin embargo, es el segundo de alta gravedad que surgió vinculado a la entrega de subsidios en la provincia durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Tal como informó LA NACIÓN el 5 de mayo pasado, en la localidad salteña de Embarcación, un grupo conformado por punteros políticos y dirigentes del club Central Norte estafaron a familias de pueblos originarios. Por estos hechos, al menos tres personas fueron detenidas por agentes federales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La banda operaba con dos modalidades: actuaban como intermediarios para cobrar el subsidio, y para eso pedían una importante parte del dinero de ayuda otorgado por el Estado, y también obtenían datos de miembros de las comunidades originarias y directamente les robaban el importe completo de la IFE que les correspondía.

Fuentes judiciales con acceso al expediente de la investigación -que también incluyó escuchas telefónicas- confirmaron a LA NACIÓN que los detenidos "son dirigentes políticos de una zona muy pobre de la provincia" que "reconocieron" haber cometido el delito.

"Las comunidades aborígenes están a merced de los punteros políticos, que les sacan la plata y se enriquecen. El grado de vulnerabilidad es tal que las víctimas terminan agradeciendo a sus propios estafadores", dijo a este diario el titular de la Unidad Fiscal Salta, Eduardo Villalba, que coordinó las medidas judiciales de este caso junto a la fiscalía federal Nº12 de la Capital Federal.