Crean una comisión para destrabar la negociación

El Gobierno debió intervenir para superar una nueva crisis
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21 de noviembre de 2002  

Luego de dos horas de discusión, el Gobierno y legisladores del oficialismo y de la oposición resolvieron levantar la sesión parlamentaria prevista para ayer, en la que se iban a ratificar el nuevo cronograma electoral, la suspensión de las elecciones internas abiertas y simultáneas y la renuncia del presidente Eduardo Duhalde, el 25 de mayo próximo.

Para salir del paso, se constituyó contra reloj una comisión integrada por funcionarios y legisladores que intentará resolver en menos de 24 horas el drama de los deudores hipotecarios que corren riesgo de perder sus hogares y satisfacer, de paso, el reclamo número uno del Fondo Monetario Internacional (FMI) para destrabar sus negociaciones con la Argentina.

El tratamiento de las leyes electorales que se frustró ayer había sido acordado en la cumbre del lunes último entre el Presidente, sus ministros, gobernadores y legisladores.

Pero lo que funcionarios y legisladores ya consideraban como "un trámite" (se descontaba el apoyo de la UCR y de los partidos provinciales) se congeló en forma repentina por decisión del jefe del bloque radical en Diputados, Horacio Pernasetti.

El legislador catamarqueño anunció poco antes del mediodía que sus huestes exigirían primero una definición para el conflictivo tema de las ejecuciones por créditos hipotecarios. Y sólo después se sentarían a debatir las leyes electorales que desvelan a Duhalde en su sorda puja con el ex presidente Carlos Menem, y que requieren, para su aprobación, de una mayoría especial de 129 votos afirmativos.

Así, el debate quedaría al filo del almanaque, ya que fue postergado para la semana próxima, cuando culminará el período de sesiones ordinarias. Pero un dato alienta al Gobierno: ayer, en un alto de la actividad oficial y después de recibir las cartas credeciales del embajador de Guatemala, Duhalde y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, se comunicaron con Juan Carlos Maqueda (presidente provisional del Senado) y José Luis Gioja (jefe del PJ en el Senado) para intentar que la Cámara alta se convierta en la iniciadora del debate.

Junto con esas comunicaciones reservadas entre la Casa Rosada y el Senado, se inició también una serie de reuniones febriles, cuyo primer capítulo tuvo lugar en el despacho del ministro del Interior, Jorge Matzkin. Hasta allí llegaron Pernasetti, el vicepresidente del comité nacional, Juan Manuel Casella, y el secretario del organismo radical, Walter Ceballos.

Matzkin, conciliador

Conciliador, Matzkin escuchó sus precauciones y los convocó para las 17, junto con los jefes de bloque del resto de las fuerzas políticas. Esa cita sólo se concretó a las 19, justo cuando Atanasof y Duhalde hacían sonar los teléfonos de Maqueda y Gioja. Junto con Matzkin estaban el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y Atanasof. Ante Eduardo Camaño (presidente de la Cámara baja), Alberto Natale (bloque Federal), Pernasetti (UCR), Darío Alessandro (Frepaso) y Manuel Baladrón (subbloque menemista Azul y Blanco), entre otros. Lavagna repitió un discurso que ya sabe de memoria: "Si no nos apoyan con el fin de la prórroga de las ejecuciones presupuestarias, la negociación con el Fondo vuelve a foja cero".

Atanasof no perdió el tiempo y puso sobre la mesa el anteproyecto del Poder Ejecutivo para crear un órgano de mediación para deudores extrabancarios que funcionaría en el Ministerio de Trabajo. Los legisladores, según relató uno de ellos, no pusieron más reparos que el de "esperar a que haya consenso" para ponerle la firma.

"Queremos buscar una salida que no obligue ni que sea compulsiva, para resolver el problema de los deudores con vivienda familiar y única y contemplar también la situación de las Pyme", dijo un legislador del PJ.

La gran pregunta, sin embargo, era cómo se compatibilizaría la creación de esa comisión con las exigencias del FMI. Otro diputado del PJ la respondió: "Se intentará buscar una salida similar a las audiencias de conciliación en los divorcios, pero sin obligar a los jueces. Veríamos la forma de modificar el Código de Procedimientos para estos casos", dijo, mientras se secaba la frente con un pañuelo.

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