Crean una superunidad contra delitos económicos

Gils Carbó le dio facultades para investigar lavado, evasión, contrabandos y quiebras, entre otros
Hugo Alconada Mon
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21 de diciembre de 2012  

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anunció ayer la creación de toda una nueva área especializada en delitos económicos con facultades para investigar por su cuenta y colaborar con pesquisas en marcha, incluso en otros fueros que no sean el penal.

La decisión de Gils Carbó se plasmó en la flamante Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que quedará bajo el mando de Carlos Gonella, un fiscal general subrogante que hasta ahora se abocó en Córdoba a causas sobre violaciones de derechos humanos y colaboró desde 2010 con la investigación sobre la voladura de Río Tercero.

Gonella liderará una superestructura con tres grandes áreas: la operativa -con especialidades en lavado, fraude económico y bancario, mercado de capitales, delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y concursos y quiebras-; de asistencia técnica -con un cuerpo de investigadores y una sección para el recupero de activos- y la administrativa.

Gils Carbó justificó la creación de la Procuraduría Adjunta en los magros resultados alcanzados hasta ahora para perseguir los delitos de cuello blanco. "El lavado de dinero es la punta de la madeja de toda actividad delictiva", sostuvo.

En la práctica, la nueva estructura implicará la disolución inmediata de las unidades fiscales de investigaciones sobre lavado (Ufilavdin) y contrabando (Ufitco), como también de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap).

El personal y las competencias de esas tres áreas fueron absorbidos por la Procuraduría Adjunta, pero sus responsables, Raúl Plee, Valeria Calaza y Sabrina Namer, respectivamente, quedaron fuera de la nueva distribución de cargos.

El caso de Plee, en particular, levanta polvareda. Se conoció apenas días después de que el fiscal federal que investiga el caso Ciccone, Jorge Di Lello, le comunicara que ya no necesitaba de su colaboración, cuando la Ufilavdin ultimaba sus dictámenes sobre la ruta del dinero detrás de The Old Fund, el supuesto papel del banquero Raúl Moneta y la comisión de $ 7,6 millones que el gobierno de Formosa le pagó al abogado monotributista Alejandro Vandenbroele.

Fiscales ad hoc

El área operativa de la Procuraduría Adjunta quedará en manos de "coordinadores" que podrán intervenir como fiscales ad hoc en sede penal y otros fueros e iniciar sus propias investigaciones preliminares, entre otras facultades. Serán Omar Orsi, en el área antilavado, Pedro Biscay (fraude económico y bancario), Macarena Comas Wells (mercado de capitales), Juan Pedro Zoni (delitos tributarios y contrabando), Milton Khaski (delitos contra la administración pública) y Mariel Dermadirossian (concursos y quiebras).

Sus designaciones ad hoc cosecharon ya ciertas dudas entre fiscales que dialogaron con LA NACION. En especial, porque acceden a esos cargos como subrogantes, con carácter provisorio y sujeto a la discrecionalidad de la Procuración.

Todos ellos afrontarán, por lo pronto, el desafío de mostrar mejores resultados en la lucha contra los delitos económicos que los registrados hasta ahora en el país. "Muchas de las causas terminan prescriptas y el porcentaje que efectivamente llega a juicio es ínfimo", recordó ayer la Procuración al anunciar los cambios.

En ese sentido, la foja de servicios de Gonella pudo influir cuando Gils Carbó lo escogió para liderar la flamante Procuraduría Adjunta, que ya comenzó a conocerse como "la Procelac". Transcurridos 10 años sin ninguna condena penal desde la sanción de la ley antilavado, Gonella estuvo a cargo del "caso Altamira", que se convirtió en la primera causa que llegó a una sentencia condenatoria.

Para Gils Carbó, en tanto, la Procelac es sólo parte de un rediseño más ambicioso de la Procuración para modernizarla. Quiere potenciar ciertas áreas como la lucha contra la violencia de género, la persecución de los delitos ambientales o del narcotráfico, y darles más autonomía procesal a los fiscales.

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