Cristina ordenó mantener silencio y planifica la defensa

En el gobierno de Cristina Kirchner no sorprendió el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, acusado de cohecho y tráfico de influencias en la causa Ciccone. Sin embargo, la noticia preocupó porque "no deja de ser muy grave" y porque la Presidenta no la esperaba tan rápido, este fin de semana , sino después de la feria judicial, que comenzará el 18 de julio. Un signo elocuente de esa preocupación fue el cerrado silencio que ella ordenó mantener a todos sus funcionarios sobre el caso, pese a que la oposición pidió a coro el inmediato juicio político y remoción de Boudou.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes oficiales, la postura de Cristina Kirchner seguirá siendo la misma: sostener a Boudou y no pedirle la renuncia ni una licencia pese al costo político que paga la Casa Rosada. De todos modos, no se descartan posibles sorpresas.

Apenas se enteró del procesamiento en la madrugada de ayer , Cristina se comunicó con el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, con quien viajó horas antes a su provincia, Santa Cruz.

"Si le piden licencia a Boudou, eso sólo lo saben la Presidenta, Zannini y Máximo Kirchner. De esa mesa no sale. Por ahora, ni renuncia ni juicio político", dijo una fuente en Balcarce 50. "Hay un 70% a 30% de posibilidades de que lo sostengan. Y se apoyarán en el caso de Mauricio Macri, que está procesado por escuchas", agregó un alto funcionario.

"No pedirá licencia. Sería convalidar una operación que sería replicada con el resto del Gobierno", dijo otro funcionario cercano al vice.

No trascendió lo que conversaron Cristina y Zannini en el Sur, pero sí que se pusieron al frente de la respuesta de la defensa de Boudou.

También habrían conversado con Boudou, que se encuentra en Cuba, aunque sus voceros no lo confirmaron ni lo negaron.

Se supo que Cristina y Zannini aprobaron el comunicado de los abogados defensores del vicepresidente, Diego Pirota y Eduardo Durañona, que anunciaron que apelarán ante la Cámara Federal el procesamiento que dictó el juez federal Ariel Lijo. Contenía duras críticas al juez y sus pruebas. La letra fue acordada con Zannini.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes oficiales, la Presidenta comprobó ahora que deberá convivir hasta el final de su mandato, en diciembre de 2015, con la presión constante sobre Boudou por parte de la oposición. "El procesamiento era esperable, no sorprende, pero sí preocupa: es muy grave. El problema nos seguirá hasta 2015 y afectará a todos los candidatos presidenciales del PJ el año próximo", resumió un ministro.

La apuesta del Gobierno es ahora obtener un fallo no tan negativo en la Cámara Federal, que puede confirmar la medida en forma total, parcial o desestimarla.

"Esperamos que la confirme en forma parcial. Sabemos que no puede desestimarla, porque le incendian Tribunales", señaló a LA NACION un allegado a la Presidenta.

"De los dos delitos, cohecho y negociaciones incompatibles de la función, esperamos que la Cámara rechace el cohecho, el más grave, y minimice la medida", agregó.

No se descarta que Zannini les aconseje a Boudou y a sus defensores la recusación a Lijo invocando una presunta falta de imparcialidad. Boudou acusa al juez de tener vínculos con un abogado de Nicolás Ciccone. Pero Lijo también procesó a este imputado y le quitó ese argumento al vicepresidente.

Ahora, sólo le queda a Boudou la posibilidad de señalar una amistad de Lijo con el banquero Jorge Brito, pero para recusarlo debería esperar a que se abriera la investigación por la ruta del dinero de Ciccone.

En el Gobierno tienen certeza de que Lijo apuró el procesamiento debido a que Boudou presentó anteayer un escrito para ampliar su indagatoria y el juez sospechaba que contaría algo de todo esto.

Un fantasma comenzó a circular en el entorno presidencial. Pese a la buena relación de Cristina con Francisco, Lijo fue recibido por el Papa el 7 de mayo último en Roma, se fotografiaron juntos y luego se precipitó la causa.

Los allegados a la Presidenta presienten que el apoyo papal a Cristina no se traslada a Boudou. Pero cerca de Francisco aseguraron que no habló del caso con Lijo.

El otro gran temor en el Gobierno sigue siendo que si el vicepresidente percibe que le sueltan la mano se lance a contar detalles del caso que salpicarían a otros funcionarios del Gobierno y al fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

"Abandonarlo sería admitir la culpa y abriría una crisis institucional grave", dicen en Balcarce 50.

No deja de inquietar en la Casa Rosada que el proyecto de ley de estatización de Ciccone, que firmó la Presidenta, podría ser interpretado como encubrimiento.