Cristina pidió que le anulen el embargo y el procesamiento por la obra pública

La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó ayer a la Cámara Federal que anule su procesamiento por el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez. La ex mandataria está procesada por asociación ilícita en la contratación de la obra pública y la causa está en manos del juez federal Julián Ercolini.

El encargado de hacer la presentación oficial del documento frente a los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia fue el abogado de Cristina, Carlos Beraldi. En el texto, difundido por Facebook por la ex presidenta, el letrado solicitó que se dejen sin efecto el procesamiento y el embargo millonario dictados contra su defendida. Además, denunció que Cristina Kirchner sufre una "persecución política".

"(Cristina) ha sido ya procesada en tres oportunidades, sin que existan los más mínimos elementos fácticos o jurídicos que justifiquen tales pronunciamientos", señaló Beraldi.

El abogado sostuvo, además, que esta causa por el supuesto desvío de obra pública está vinculada con una anterior, de 2008, abierta a partir de una denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió en la que no existían elementos incriminatorios contra la ex presidenta.

"Durante ocho años investigaron la misma supuesta asociación ilícita en el marco de un expediente «madre» en el cual jamás encontraron elemento incriminatorio alguno para ordenar autos de procesamiento o tan siquiera alguna medida cautelar dirigida a hacer cesar o detener tan «evidente» maniobra", se lee en el texto presentado ante la Justicia.

Más adelante en el documento, Beraldi afirma que cuando intervinieron los nuevos fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita se "torció el rumbo" en pos de incriminar a la ex mandataria por un pedido del macrismo.

"En apenas cuatro meses los fiscales y el juez «investigaron» todas las leyes de presupuesto sancionadas y promulgadas durante doce años" y todas las disposiciones de los distintos órganos de gobierno, ironizó Beraldi. El letrado se refirió así a que, a comienzos de 2016, tras el cambio de gobierno, Javier Alfredo Iguacel fue nombrado titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) e impulsó la elaboración de un informe que generó una denuncia y desembocó en el procesamiento de Cristina.

Por último, sobre el embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de la ex presidenta, su abogado sostuvo que "carece de proporción con su patrimonio" y que "tampoco guarda relación con el supuesto perjuicio irrogado al Estado, el cual ni siquiera fue calculado".

Luego de esta presentación, el juez deberá decidir si anula el procesamiento o da luz verde para que la causa siga su curso.