Cristóbal López divide al Gobierno entre alentar la quiebra o el salvataje de Indalo

Puertas adentro, el Gobierno debate qué hacer con el Grupo Indalo de Cristóbal López , el empresario patagónico que construyó un imperio con los impuestos que jamás le pagó al Estado nacional. ¿Debe permitir o incluso alentar su quiebra? ¿O involucrarse en un salvataje con la esperanza de recuperar al menos parte de los $ 10.000 millones que le debe al fisco y preservar miles de empleos directos e indirectos?

El debate llega hasta la cúspide del poder. El presidente Mauricio Macri quiere que el Grupo Indalo sea un caso testigo y que se castigue a López y a su socio, Fabián de Sousa, como evasores y protagonistas de un fraude al Estado junto al entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Su primer impulso fue ir por la quiebra del holding, aunque comprende cuáles serían las consecuencias laborales y económicas de apretar las clavijas.

A su alrededor, funcionarios como el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el jefe de asesores, José Torello, y el actual titular de la AFIP, Alberto Abad, dividen opiniones y abordajes. Pero hay un punto en el cual coincide la mayoría: desconfían de Ignacio Rosner, el financista que reemplazó a López y a Fabián de Sousa al mando del Grupo Indalo.

¿Cuáles son las dos opciones dominantes? La primera, dejar -o incluso alentar- que quiebre la petrolera Oil Combustibles y arrastre al resto del Grupo Indalo, para que la Justicia venda los activos que sean atractivos -como la planta fluvial de Oil y sus muelles sobre la hidrovía del Río Paraná- y reparta entre los acreedores el dinero que se recupere, aunque exista un riesgo cierto de que el Estado jamás pueda recobrar el 100% de los más de $10.000 millones en impuestos, multas e intereses adeudados que acumuló el holding.

El presidente Macri se encuentra entre los que apoyan esta opción. "Quiere que quiebre todo", indicó un alto funcionario de la AFIP a LA NACION, que complementó así la visión que aportó un íntimo colaborador de Rosner. "Mauricio, el calabrés, quiere matarlo a Cristóbal".

La línea dura ganó más fuerza durante las últimas horas, cuando López salió desafiante de prisión. "Sigo siendo el dueño de Indalo", afirmó, mientras Lilita Carrió denunciaba por Twitter que había "un acuerdo de impunidad" y, para que no quedarán dudas, lanzar un dardo envenenado hacia su propio Gobierno: "Ahora empiezo a entender algunas cosas que pasan en la AFIP".

Las consecuencias de una implosión, sin embargo, serían durísimas, y Macri lo sabe. En particular en ciertas zonas de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Pero quienes han visto los números internos del Grupo Indalo definen la situación como "calamitosa" o, incluso, como "totalmente inviable".

La segunda opción es apenas menos drástica. Sería que los coadministradores que designó el juez a cargo del concurso de Oil, Javier Cosentino -Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi-, tomen las riendas completas de Oil Combustibles, desplacen a Rosner y su lugarteniente, Santiago Dellatorre, y sean ellos quienes reciban una ayuda estatal -desde la AFIP. Y para eso, la fórmula incluiría un fideicomiso.

Junto a Rosner afirmaron que ese es el mensaje que recibe desde la Casa Rosada. "Tenés que entregar el grupo y colocarlo en un fideicomiso", habría sido la síntesis, aunque se cuidan de identificar al supuesto correo del zar. Sólo negaron que haya sido Leandro Cuccioli, el funcionario de Finanzas designado como sucesor de Abad al frente de la AFIP.

Esta segunda opción permitiría preservar 18.000 empleos directos e indirectos, y podría incluir un apoyo concreto de YPF a la intervención. A cambio, eso sí, de un "derecho de preferencia" sobre ciertos activos del Grupo Indalo -en particular, los muelles sobre la hidrovía- y que de inmediato la AFIP convalidara levantar las medidas cautelares que dificultan la operatoria diaria del holding. Entre ellas, las inhibiciones que impuso el juez federal Julián Ercolini. Pero esta opción tampoco saldría gratis para el Estado: sólo mantener la estructura a flote hasta fin de mes podría insumir $ 200 millones, según estimaciones privadas.

Esta opción cuenta con una dificultad adicional: Abad se marcha a su casa a fines de mes, y lo reemplazará Cuccioli, quien podría impulsar una visión más favorable al Grupo Indalo que hasta ahora rechazó la AFIP. Pero eso dependerá de cómo sea dicho giro y hasta dónde quiera llevarlo. "Ninguno de nosotros quiere desfilar por Tribunales. Si hay que firma algo, que lo firme él", resumió un alto funcionario del organismo tributario, en alusión al nuevo jefe que llegará en abril.

¿Qué otra opción queda? Una tercera vía es la que promueven Rosner y Dellatorre, pero por ahora cuentan con el apoyo de apenas un puñado de funcionarios de la segundo línea. "El mensaje de nuestro equipo a la Casa Rosada era ‘ayúdennos, que tenemos inversores’, pero en vez de darnos una mano, los ahuyentaron", argumentaron junto a los responsables del holding.

Esta tercera vía permitiría preservar los puestos de trabajo, destrabar el ingreso de gigantes privados como Trafigura o Likoil, entre otros, y evitar que el Estado deba inyectar fondos frescos para que la estructura de negocios del Grupo Indalo comience a moverse en un círculo virtuoso. Pero conllevaría, también, aceptar a Rosner sobre quien sobrevuela en la Rosada la sospecha: ¿Rosner es Rosner o es apenas un alter ego del ahora excarcelado -y desafiante- Cristóbal López?