Críticas del Colegio de Abogados al fiscal de Justicia Legítima que imputó apresuradamente al ministro Luis Caputo
Se trata de de Juan Pedro Zoni cuyo nombramiento durante el gobierno de Cristina Kirchner fue cuestionado por el organismo
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado para cuestionar el accionar de un fiscal de la agrupación kirchnerista, Justicia Legítima, que imputó al ministro Luis Caputo por el bono a 100 años, luego de una denuncia presentada por legisladores del Frente para la Victoria.
A través de un comunicado, el organismo expresó: “Su preocupación con motivo de la inusual celeridad con que el Fiscal Federal Juan Pedro Zoni, receptó una denuncia planteada por legisladores de la oposición muy pocos días antes, con motivo del préstamo a 100 años recientemente obtenido en el mercado”.
“En este sentido, cabe recordar la práctica ilegal de la Dra. Alejandra Gils Carbó de cubrir cargos sensibles con fiscales designados para otras jurisdicciones que fuera denunciada por este Colegio ante la Cámara de Diputados y la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público. En esas presentaciones, se destacó la designación del Fiscal Zoni, que había concursado para una fiscalía en la Ciudad de Santiago del Estero, fue trasladado y designado el mismo día con carácter definitivo en la Fiscalía Nº 8, con asiento en Buenos Aires, para la que no se había postulado”, agregó el Colegio en el texto.
Luego aclaran: “La ausencia de fundamentación en el dictamen presentado por el fiscal, que no analiza siquiera mínimamente cual sería la conducta punible que imputa, evidencia su falta de imparcialidad y solo puede comprenderse en el marco de la política liderada por la Procuradora General de la Nación tendiente a representar una facción y no el interés general conforme lo manda nuestra Constitución Nacional”.
“Prueba cabal de lo antes expuesto lo constituye el incremento de imputaciones que vienen realizando fiscales liderados por la Procuradora Gils Carbó contra funcionarios del Gobierno Nacional, afectando no sólo el normal desenvolvimiento de la Administración Nacional, sino también los principios básicos del gobierno Republicano”, concluye el texto que lleva la firma del directorio.
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