Cuadernos: excluyen a los ejecutivos de Techint de la elevación a juicio

El fiscal Carlos Stornelli excluyó a Luis Betnaza, director corporativo institucional de Techint, y a Héctor Zabaleta, exgerente de la empresa, de la elevación a juicio del caso de los cuadernos de las coimas, a diferencia de lo que hizo con otros más de 40 procesados en el expediente.

A tono con lo que había ordenado la Cámara Federal, Stornelli consideró que debe profundizarse la investigación respecto de los hechos por los que Betnaza y Zabaleta están incluidos en la causa, vinculados con los pagos a funcionarios kirchneristas para destrabar la salida de Venezuela de unos 200 empleados argentinos de Sidor después de la nacionalización decretada por el chavismo, en 2008.

En la causa, Betnaza declaró que había existido una presión por parte de integrantes del gobierno de Cristina Kirchner y que se decidió ceder por "cuestiones humanitarias". La Cámara Federal, en diciembre pasado, había revocado el procesamiento por asociación ilícita del ejecutivo -dictó su falta de mérito-, aunque mantuvo la acusación por cohecho y pidió que se analizaran y profundizaran las pruebas aportadas por la defensa, en relación con la "situación de emergencia" en que se resolvieron esas contribuciones. El mismo tribunal dispuso en abril la falta de mérito de Paolo Rocca, CEO de Techint, a quien el juez Claudio Bonadio había procesado.

Mientras se avanza con la ampliación de esa prueba, Stornelli optó por dejar a Betnaza y a Zabaleta fuera de la elevación a juicio en la que incluyó a Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido, los exsecretarios José López y Roberto Baratta, y más de 20 empresarios de primera línea, acusados de haber pagado coimas durante la gestión kirchneristas.

Fuentes del Grupo Techint aclararon que en la causa de los cuadernos no hay acusaciones vinculadas a ningún contrato de esa empresa con el Estado nacional, ni con la obra pública ni con subsidios al transporte ni con negociaciones de contratos viales. "El hecho bajo investigación enmarcado en la causa no significó beneficio económico alguno para la empresa ni para los involucrados", añadieron las fuentes, que atribuyeron lo ocurrido a una respuesta ante exigencias de los funcionarios kirchneristas que tenían a cargo las relaciones con el gobierno venezolano.