Cortes interprovinciales: el Gobierno intervino para levantar las protestas en las rutas con San Luis
Después de varios días de tensión en los cortes de ruta de acceso a San Luis desde Córdoba, Mendoza y La Pampa este mediodía se llegó a una tregua, después de una gestión directa del gobierno nacional, canalizada a través del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.
La protesta era realizada por productores de las provincias vecinas que no podían ingresar a San Luis por las restricciones impuestas por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Si bien los problemas venían desde hace varios meses, se agravó a partir del martes, cuando un grupo de autoconvocados bloquearon las rutas de acceso en señal de protesta.
Los productores, comerciantes, transportistas y vecinos autoconvocados acordaron una tregua por 15 días para tratar de llegar a una solución de fondo al problema, a través de la creación de una mesa de diálogo.
El petitorio de los autoconvocados era: libre egreso de San Luis, la cual actualmente está atada a una solicitud vía web; libre tránsito por un período de tres meses de pacientes Covid-19 recuperados; ingreso sin necesidad de PCR, en el caso de productores que permanecerán en campos sin mediar contacto con terceros, identificando su medio de movilidad y destino. Desde el lunes para entrar a San Luis hay que presentar un hisopado negativo y se podrá ingresar por 72 horas; después de ese lapso o se sale o se realiza otro y una cuarentena de siete días.
El conflicto derivó ayer en negociación, cuando el ministro del Interior, después de recibir planteos de sectores gremiales y empresarios por los efectos económicos del corte (intervino Ricardo Pignanelli, de SMATA, porque allí operan las autopartistas Polimetal y Crafmsa que proveen a las automotrices de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y también representantes de Camioneros) resolvió comunicarse con los principales referentes de la protesta para tratar de acercar posiciones.
En general se trata de productores de otras provincias que tienen campos en San Luis y pedían poder ingresar para cuidar cultivos y ganado. Por eso también el funcionario habló con el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina.
De Pedro se comunicó también con los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Córdoba, Juan Schiaretti. Finalmente, según explicaron en la Casa Rosada, dialogó con Rodríguez Saá, en quien encontró "buena disposición" para resolver el problema, aunque sin descuidar la capacidad sanitaria de San Luis por el temor a que se propagaran los contagios desde Córdoba y Mendoza.
Más tarde De Pedro le agradeció a Rodríguez Saá, vía Twitter: "Quiero destacar el compromiso del gobernador @alberto_rsaa en el cuidado de la salud de las y los puntanos, y en la búsqueda de soluciones para los productores rurales y para garantizar la circulación interprovincial".
Ayer Alberto Rodríguez Saá había afirmado que "provoca gran preocupación y problemas" la decisión de los cortes de ruta. En diálogo con América 24 justificó que los protocolos de ingreso a su provincia. "Estuvimos muchísimos días sin que hubiera transmisión comunitaria del virus, pero entró, como ocurrió en todas las provincias argentinas; cuál es nuestra debilidad, formamos parte del corredor bioceánico y tenemos fronteras muy calientes, porque tenemos vecinos de otras provincias que casi conviven con nosotros", planteó.
Nuevo corte entre Córdoba y La Pampa
Pero mientras se empezaba a resolver el conflicto en las rutas de San Luis, surgió otro conflicto limítrofe. Esta vez en la ruta nacional 35, en el límite entre La Pampa y Córdoba, donde 300 vehículos se autoconvocaron para reclamar también por mayor flexibilización en los ingresos.
La asamblea decidió que serán por tres horas y abrirán el paso por una para volver a cerrar; esa dinámica será hasta el lunes en espera de una decisión, sino apuntan a quedarse por tiempo indeterminado. La movilización es bajo la consigna "somos un solo país, somos un mismo pueblo" y aunque los primeros en reclamar fueron los productores agropecuarios –al igual que en el caso de San Luis- se fueron sumando distintos sectores, todos "cansados de esperar respuestas" o acuerdos entre ambas provincias.
La tensión comenzó a crecer cuando, hace dos semanas, un paciente de 71 años de Villa Huidobro (localidad cordobesa), que tenía cobertura del Pami en la clínica Santa Teresita de La Pampa, no pudo atravesar el límite interprovincial; tuvo que ser trasladado de urgencia hacia Río Cuarto, pero murió en el camino.
"Hasta hace un tiempo era una región integrada sanitariamente pero eso se ha roto con las últimas disposiciones de La Pampa en relación al Covid-19. Intervino la jefatura departamental para que ingrese el paciente pero no se pudo", explicó el intendente de Villa Huidobro, Silvio Quiroga. No era el primer episodio, pero sí el que terminó de la peor manera.
Este viernes hubo nuevamente conflictos para el paso hacia La Pampa; esta vez de viajantes que con todos los permisos no pudieron circular a realizar su trabajo tan sólo "por ser de Huinca Renancó". Después de eso, se generó el movimiento de autoconvocados que realizó una carta abierta a los gobernadores de La Pampa y Córdoba: "Estamos a pocos días de cumplir una cuarentena de siete meses y las complicaciones han sido para todos. Pero entendemos que podemos reducir el impacto de esta pandemia evitando incidentes, contratiempos y problemas para el desarrollo de las actividades sociales, culturales y económicas".
"Les queremos pedir a nuestros gobernadores que entiendan la necesidad de vecinos, pacientes, productores, empresarios, comerciantes, jubilados, profesionales, prestadores de servicios, empleados y trabajadores de poder circular para cumplir actividades esenciales o recibir atención médica", apuntan y enfatizan que las normas nacionales habilitan la circulación para trabajos esenciales y la Constitución Nacional "respalda también el derecho de transitar por suelo argentino cumpliendo las disposiciones vigentes".
Aclaran que están dispuestos a acceder a "estrategias de identificación que dispongan para ingresar a cada localidad" y que colaborarán "siempre en la prevención".
Corte Suprema
Hace casi un mes –el 10 de setiembre- la Corte Suprema de Justicia pidió informes a cinco provincias sobre los protocolos y restricciones de circulación derivados de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus para tener elementos de juicio en recursos presentados ante el alto tribunal.
El pedido alcanza a San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta; en la Corte hay varios recursos presentados por particulares y empresas que vieron sus actividades afectadas por las restricciones provinciales. Lo que esperan es que la Justicia les conceda medidas que preserven sus derechos. Hasta ahora nunca se pronunció.
A fines de julio, el tribunal recibió la causa por el conflicto por el paso entre Córdoba y San Luis, después de que un juez federal de Río Cuarto ordenara a San Luis levantar los cortes y uno puntano resolviera que mantenerlos es constitucional. A comienzos de agosto, la procuradora Laura Monti, dictaminó que el tema "no es federal", sino que debe ser resuelto por jueces provinciales aunque no explicó el de cuál provincia. Desde entonces la causa está a fallo.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la aplicación Cuidar no establece ningún marco y sólo permite hacer el autodiagnóstico e integrar un permiso que se tramita en otro lado y que los Certificados de Circulación se dan de alta y gestionan a partir de las normas sancionadas por Jefatura de Gabinete y/o por jurisdicciones (que valida Jefatura) y que esa documentación es interjurisdiccional y está pensada para las actividades esenciales y para cuestiones de fuerza mayor.
Constitucionalistas consultados por LA NACION coinciden en que en contextos de emergencia -como el actual- hay derechos que pueden ser restringidos, "pero no pueden ser aniquilados" y que la imposibilidad de circulación ameritaría la intervención del Gobierno federal.
También la Mesa nacional de Juntos por el Cambio reclamó al Gobierno de Alberto Fernández para que permita la libre circulación en el país. Pidió "poner equilibrio" entre las medidas sanitarias y la economía para evitar un derrumbe aún mayor de la actividad.
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