Cuatro años y ningún avance en el caso por las tierras de El Calafate

EL CALAFATE.- Un alambrado de dos metros de alto encierra dos hectáreas de Patagonia vacía en la zona del viejo aeropuerto. La pista de entonces se transformó en una ancha avenida que invita a los pocos autos que pasan a apretar el acelerador. Pasaron dos años desde que Néstor Kirchner las vendió al grupo chileno Cencosud en más de dos millones de dólares. Pero lo único que ha crecido allí es la mata negra.

La información de la venta trascendió en el diario El Mercurio , y se indicaba que el grupo chileno levantaría allí un hipermercado. Nada indica que en este terreno vaya a haber obras en el futuro cercano. Desde allí se puede ver en línea recta el lujoso hotel Alto Calafate, también propiedad de Néstor Kirchner. A la vieja torre de control se proyecta trasladar la futura terminal de ómnibus, lo cual deja al ex terreno de Kirchner en una zona privilegiada en el acceso a la localidad turística.

La forma del traspaso de esas tierras del Estado nacional, al provincial y al municipal para luego ser vendidas a Kirchner a 7,50 el metro cuadrado y su posterior venta originó dos denuncias que se dirimen a fuego lento en el juzgado federal de Río Gallegos a cargo de la jueza subrogante Ana Alvarez. En cuatro años de investigación, no se han registrado avances ni en ésas ni en una tercera causa en la justicia provincial por las ventas de tierras en El Calafate a decenas de funcionarios kirchneristas y empresarios amigos del poder.

El caso de las tierras del aeropuerto se inició con la denuncia de Edgardo Carranza, que dice que en marzo de 2006 presentó en el Ministerio de Planificación Federal un proyecto de urbanización referido al predio del viejo aeródromo de El Calafate. Lo hizo en representación de la empresa Horacio Contreras y Asociados. A raíz de ese proyecto, accedió a información que lo llevó a pedir en la Justicia que se investigara a Kirchner porque habría cedido en forma ilegítima los terrenos fiscales del aeropuerto a la comuna local, con la finalidad de apoderarse luego de los mejores lotes en beneficio propio.

En marzo de este año, un fallo de la Cámara Federal porteña ha determinado la competencia de la causa para el juzgado de Río Gallegos por considerar que Alvarez instruye un expediente que puede resultar conexo y una pesquisa que tiende a determinar si en la adjudicación de terrenos se buscó beneficiar a Kirchner.

Sobre ambas causas hay ahora una batería de medidas pendientes próximas a instrumentarse, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Todo detenido

El furor de la venta de tierra a kirchneristas ahora parece detenido. Al igual que la primera de las causas abiertas, que tuvo mayor repercusión y que se inició en el juzgado de El Calafate.

Según el abogado radical Alvaro De Lamadrid, ni el juez Carlos Navarrete ni la fiscal Romina Mercado -hija de la ministra Alicia Kirchner- movieron la instrucción ni llevaron adelante ninguna medida de prueba. "Probamos con todo lo aportado el irregular otorgamiento de tierras a funcionarios del Gobierno y los amigos del poder, pero aún no se indagó a nadie", detalló De Lamadrid.

El denunciante presentó una denuncia en febrero de 2008 ante la justicia local por la presunta venta irregular de terrenos, que sumaban más de 30.000 metros cuadrados y pidió que se investigara al intendente Néstor Méndez (PJ) por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y defraudación agravada contra el Estado.

"No se citó a ninguno de los beneficiarios por la venta de tierras, la fiscal de la causa sigue siendo la sobrina de Néstor y Cristina Kirchner, que sigue sin excusarse pese a haber recibido tierras fiscales ella misma", añadió De Lamadrid.

El juez Narvarte declinó en dar mayor información sobre la causa ante la consulta de LA NACION.

APROBARON LA RENDICION DE FONDOS

RIO GALLEGOS.- Con tres años de demora, y por mayoría kirchnerista, los diputados santacruceños aprobaron la rendición de los años 2007 y 2008 sobre el manejo de los fondos en el exterior de la provincia. La oposición se negó a aprobar ambos informes por la falta de información sobre el tema entre los años 1994 y 2003.