Cuatro jueces federales definen el futuro judicial de Kirchner

Deben resolver quién investigará si la declaración jurada fue arreglada con la AFIP
Hugo Alconada Mon
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14 de diciembre de 2009  

Cuatro jueces para un ex presidente, dos en Buenos Aires y dos en la Patagonia, discuten quién se quedará con una investigación delicada. Deben definir quién verificará si un grupo de inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se reunió con el contador de Néstor Kirchner para "arreglar" su polémica declaración jurada patrimonial.

El enredo tiene como protagonistas a dos jueces federales porteños, María Romilda Servini de Cubría y Norberto Oyarbide, y sus pares de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, y de Río Gallegos, la subrogante Ana Alvarez, según confirmó LA NACION.

Oyarbide instruye la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, que tanto incomoda al ex presidente y que mantiene trabajando a destajo a los operadores cercanos al Gobierno con influencia en el Poder Judicial con el objetivo de cerrar esa pesquisa antes de fines de este año.

Esos operadores lidian con un desafío: deben lograr que los peritos de la Corte convaliden la declaración jurada que sostiene que la pareja aumentó un 158% su patrimonio durante 2008 -de $ 17,8 millones a $ 46 millones en valores netos- y un 572% desde que arribaron a la Casa Rosada, en mayo de 2003.

En forma paralela a la actuación de Oyarbide, sin embargo, su colega en Comodoro Py, Servini de Cubría, instruye la pesquisa sobre el supuesto encuentro de los sabuesos de la AFIP con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, basada en revelaciones del libro El Dueño , de Luis Majul.

A las 10 de la mañana del martes 23 de abril último, según relató Majul, Manzanares se reunió en su estudio contable de Río Gallegos con los inspectores Carlos Reinoso, Horacio Curien, Carlos Leturia y Héctor Sartal. Juntos habrían arreglado las "inconsistencias conceptuales" de las declaraciones juradas de Kirchner, como así también cruzaron datos con las declaraciones de Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Fernando Butti y Raúl Cantín.

Sin embargo, el fiscal de la denuncia que tiene Servini entre manos, Jorge Di Lello, le planteó a la magistrada que debería declararse incompetente y enviársela a Oyarbide. Estimó que el trasfondo de ambas investigaciones era muy similar, si no el mismo, según reconstruyó LA NACION de fuentes judiciales.

Servini aún no decidió si aceptará ese planteo del fiscal o continuará con la pesquisa -que incluye otro eje basado en una presunta coima que denunció el ex vicegobernador de Santa Cruz con Kirchner, Eduardo Arnold-, pero el dilema entre ambos magistrados presenta una arista inesperada.

AFIP

Oyarbide ya analizó si él puede anexar la pesquisa sobre los sabuesos de la AFIP a su expediente sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, ya que otro abogado, Enrique Piraggini, se presentó ante su juzgado y pidió que amplíe su investigación. Pero el magistrado se declaró incompetente y lo remitió a su colega de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, porque entendió que debía investigarlo el juzgado con competencia en Río Gallegos.

El problema es, no obstante, que Parcio de Seleme no cuenta con jurisdicción sobre la capital santacruceña. Por eso, ella también se declaró incompetente, indicaron fuentes judiciales de Comodoro Rivadavia a LA NACION. "La jueza le dio vista al fiscal de su decisión y le devolverá toda la información a Oyarbide la semana próxima", estimó una fuente allegada a su juzgado.

En cuanto reciba el rechazo de Parcio, Oyarbide podrá insistir en enviárselo a ella (lo que definiría la Corte Suprema), quedarse con ambas pesquisas (si además Servini decide, también ella, enviarle su propia causa) o remitirle todo lo vinculado a los sabuesos de la AFIP a la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Ana Alvarez.

Al frente de ese juzgado, Alvarez sustituye a Gerardo Caamaño, quien solicitó licencia médica durante todo este año desde que protagonizó un duro cortocircuito con el Gobierno, que incluyó una denuncia del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, ante el Consejo de la Magistratura. Lo acusó de no intervenir en una protesta docente frente a la casa de los Kirchner en la capital santacruceña por su evidente "ingesta alcohólica", algo que él negó a rajatabla.

Hasta asumir como subrogante, Alvarez, se desempeñaba como secretaria del juzgado de Caamaño. Ya al frente, rechazó un pedido formal de información de LA NACION, que intentó verificar si Kirchner se encontraba empadronado para votar en Santa Cruz, lo que le habría impedido ser candidato en la provincia de Buenos Aires.

Complicado como parece, en rigor la suerte judicial de Kirchner se reduce a lo que decida Oyarbide durante las próximas semanas, tras aceptar como perito "de parte" al propio contador Manzanares en el expediente sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.

Ese contador le presentó a Oyarbide un escrito con la pretensión de justificar la ganancia obtenida por el matrimonio presidencial entre 2007 y 2008, según informó Clarín ayer.

Si Servini le envía la pesquisa sobre los inspectores de la AFIP y él, a su vez, la remite a Río Gallegos, los operadores cercanos a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) que trabajan para el Gobierno en Tribunales se ilusionan con que Oyarbide dicte el sobreseimiento de los Kirchner el 28 de este mes. Es decir, el Día de los Santos Inocentes.

Abocado a ese fin, Manzanares se reúne con los peritos contadores de la Corte que preparan el peritaje, dos veces por semana en Buenos Aires, según indicaron a LA NACION fuentes cercanas al cuerpo de peritos.

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